México. Tras dos décadas de lucha por el reconocimiento de sus derechos, los caminos de la movilización indígena se transformaron: la mayoría de los pueblos hacen del repliegue una estrategia para fortalecer su autonomía. También las demandas sufren reacomodos y redimensionamiento. Hoy está claro que el proceso de juridicidad de los pueblos indígenas se topa con la indisposición de los Estados a optar por su profunda transformación y dar paso plenamente al componente pluricultural históricamente negado; en lugar de ello, algunos optan por apropiarse del discurso para diseñar más que un traje, un disfraz,  para decirlo a la manera de Lowenstein.

En esta aparente imposibilidad hay un elemento cierto, que es la profundización de las políticas neoliberales que hicieron de los antiguos Estados Nación una mera ficción. Ahí se asienta el necesario redimensionamiento de las luchas sociales: pelean de cara al  Estado pero con la mira puesta en las transnacionales, que no requirieron de proceso constituyente alguno -fuera de los aparatos  en que se han convertido organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, entre otros. Conceptos como el de Democracia, o lugares comunes como la llamada Reforma del Estado, aparecen en el escenario anunciando transiciones y transformaciones que repiten el síndrome de la exclusión para los pueblos indígenas  al trivializar los reconocimientos constitucionales y legales, reduciéndolos a compilaciones de normas cargadas de expresiones huecas.

Si nos acercamos a los diversos países de la región y los vemos por la ventana indígena, encontraremos escenarios comunes, independientemente de la ausencia o presencia de normas constitucionales, legales o de derecho internacional. Por ejemplo, paradójicamente la tierra ya no vale tanto por sus fines agropecuarios como por su utilización para megaproyectos. Se impone en los Estados la tendencia a ubicar la vía para superar la crisis económica en la explotación de recursos naturales de los territorios indígenas, por medio de concesiones forestales, mineras, turísticas, hidroeléctricas. Ello sin garantizar siquiera el ejercicio del derecho a la consulta a favor de los pueblos indígenas antes de tomar decisiones que les afecten, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Mucho menos aparece viable el ejercicio del derecho al consentimiento libre e informado reconocido por la  Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas  en  Naciones Unidas.

Si  bien aún  existen particularidades en los procesos nacionales, éstas se refieren a las  maneras en que administran las políticas  o  a la reacción de las sociedades nacionales o la clase política frente a ellas. En los hechos nos encontramos de cara a las definiciones y programas del BID y  del Banco Mundial, que no  dejan lugar a dudas sobre su visión acerca del rol actual de los antiguos Estados nacionales  -hoy transformados en lógica neoliberal.

Ese es el marco que sustituyó a lo que antaño denominamos “el Estado-Nación” o el proyecto emanado de la Revolución mexicana. El  Estado nacional,  en la nueva lógica,  garantiza la preeminencia del capital y legisla a modo para facilitar su inserción en terrenos que ponen en riesgo la supervivencia misma de los pueblos indígenas, pues en los hechos su derecho sobre el territorio se encuentra  ausente  y ello no se subsana al considerarles retóricamente “preferentes” frente a la competencia con las transnacionales.

En ese contexto, observamos el  reforzamiento de la privatización  mediante la emisión de sucesivas leyes  centradas en la biodiversidad. Se  perfila paulatinamente la desaparición del espacio propio del derecho público al colocar al Estado como simple promotor y certificador de las operaciones “privadas” de los inversionistas (lo cual no implica la desaparición del Estado, sino el abandono de sus responsabilidades de intervención para garantizar los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, particularmente de las grandes mayorías que han sido marginadas y excluidas).

Vale aclarar que no es una ofensiva local. El capitalismo se está recomponiendo  a través de esas nuevas maneras de intervenir y ocupar los territorios  ancestrales de los pueblos.

Sin embargo, felizmente la realidad tiene otros escenarios, “bolsones de resistencia” como les han llamado los zapatistas mexicanos (porque los hay de otros países). Desde ahí y desde las redes que pacientemente se van tejiendo, se organizan para detener el empuje neoliberal que esta vez ya no sólo busca excluirlos, sino virtualmente eliminarlos. Las comunidades y los pueblos son quienes más han encabezado movimientos de resistencia en  México y en el resto del continente.

Hoy más que nunca carecemos de bases para concebir a las luchas  indígenas de manera aislada respecto al rumbo que toma el perfil neoliberal, pues sus territorios son asediados ya no para lograr su despojo, sino para conseguir la explotación de los recursos mediante otras vías.

A lo largo y ancho del país encontramos pueblos organizados contra las concesiones mineras, que provocan despojos territoriales y promueven el divisionismo en torno al magno engaño del llamado “progreso”. Así, encontramos en Oaxaca al Congreso Autónomo Cuicateco, que intenta resignificar su identidad y rearticularse; a la Asamblea del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, que lucha contra las transnacionales y su mega proyecto eólico del Istmo de Tehuantepec (y que son apoyadas con un discurso oficial  en torno a la supuesta mitigación del cambio climático). Se dice a las comunidades que esta energía es una respuesta al agotamiento de mantos petrolíferos, y se enfatiza la importancia de las energías renovables en el contexto del agotamiento de las energías no renovables. Se entrega el territorio sin siquiera consultar a los pueblos –inclusive, actualmente el territorio ya repartió entre las grandes empresas transnacionales de la energía: Iberdrola, Unión Fenosa, Eléctrica de Francia. Coexisten varios  pueblos originarios en esos territorios (winizá, mixes, zoques, chontales). Los intermediarios oficiales llegan a las comunidades para convencerlos de la ocupación de sus tierras, señalando que sus tierras no valen nada  y que los proyectos son  del Estado  mexicano y se realizarán aún en contra de su voluntad, por lo que es preferible aceptar “contratos”, sobre sus tierras  ejidales  y comunales.

Por otra parte, el pueblo wirrárika -ubicado en Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas- se mantiene en  unidad, pues en esta nueva etapa del despojo  se enfrentan a la amenaza de mineras, como la First Majestic Silver, a su territorio espiritual. Para ellos, se amenaza con el exterminio de una cultura resguardada por mucho tiempo. Ahora  quieren destruir los cimientos, señalan: “Nuestra raíz como pueblo, la pérdida de una cultura milenaria, la sabiduría está en peligro. Wirikuta es uno de los centros sagrados donde vamos año con año porque así nos mandaron”.

Hacia el norte encontramos las batallas  del pueblo yaqui contra el Acueducto Independencia y las de los rarámuris de Choreáchi y de Coloradas de la Virgen contra el despojo territorial, sea sobre recursos hídricos o forestales.

Al sur está el ejido Tila, en Chiapas, que continúa defendiendo las resoluciones jurídicas favorables que logró tras varias décadas.

Toda esta serie de amenazas se ciernen  sin consentimiento previo de las comunidades afectadas, y el colmo es que el Estado exige a las víctimas del despojo que demuestren con peritajes en qué medida se afectará la tierra en los próximos 60 años,  por qué veneran,  por qué es importante el lugar sagrado. El Estado no entiende, denuncian los pueblos. Si entendiera un poco se atrevería a indagar si se puede impunemente destruir esos territorios. Si el Estado ataca a los pueblos, señalan, necesitamos la unidad de todos  para detener la devastación contra la madre tierra, pues a todos nos corresponde defender el planeta. Y pese a todo, los pueblos insisten en que apuestan  tanto a la movilización como a la lucha legal, pues sus territorios están  protegidos por un derecho histórico y se disponen a ofrecer peritajes tradicionales y pruebas antropológicas para probar  la importancia de los ritos y de los lugares rituales.

Por otra parte, en Chiapas se impulsa el llamado  reordenamiento territorial para el despojo. Antes se llamaba Plan Puebla-Panamá y ahora se llama Mesoamérica. Uno de los mecanismos fue el proyecto del ex gobernador Juan Sabines de  las ciudades rurales, que son  formas de concentrar a la gente, “urbanizarla” y meterla a la lógica del consumo. Mientras, las Juntas de Buen Gobierno zapatistas resisten frente a la guerra de baja intensidad y la contrainsurgencia: divisionismo promovido igual por los partidos políticos y por los paramilitares,  mediante programas y proyectos que no mitigan  la pobreza.

Y así podemos enumerar despojos como el que entraña la construcción  de la presa El Zapotillo, donde la comunidad de  Temacapulín ha dado la batalla legal y pese a sus triunfos, la obra continúa, o Santa María Ostula, en Michoacán, con su cauda de víctimas por defender sus tierras . Mientras, en la Montaña de Guerrero pese a su larga y estratégica lucha mediante la Policía Comunitaria, ahora enfrentan -junto a la deforestación- la amenaza minera en sus territorios. Los núcleos agrarios decidieron el rechazo a las concesiones.

Hoy existen contados casos que han logrado enfrentar y detener la embestida estatal. De manera destacada se encuentra el proyecto de los Caracoles zapatistas con sus autonomías de hecho,  así como la oposición a la construcción de la presa La Parota, en Guerrero; y el municipio autónomo en Cherán, Michoacán, que logró  instaurar un gobierno propio y arrancar al Estado su legitimación y reconocimiento, lo que les permitirá consolidar la ruta en defensa de sus bosques -y pese a ello con enorme realismo se preguntan  ¿hasta dónde podemos caminar con la ley y hasta donde se tuerce?

Por otra parte, las crecientes movilizaciones indígenas en regiones que conjugan extrema pobreza y marginación social y política está generando una tendencia de criminalización  muy grave y creciente, que consiste en valorar la problemática indígena bajo un esquema de seguridad nacional, en lugar de proponerse, incluso en lógica de gobernabilidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho con la ampliación del marco constitucional que propicie la participación directa de estos pueblos en la definición y ejecución de políticas nacionales. Estamos ciertos que un viraje así es impensable con el actual modelo económico.[1]

Relacionado con este asedio a los territorios indígenas encontramos  un notorio incremento de migración a zonas urbanas marginales, uniéndose con aquellos igualmente excluidos. Desde esos espacios buscan la reidentificación colectiva dentro de las estrategias de sobrevivencia. En los hechos se forman comunidades fuera de los territorios originales, incluso fuera de sus países, aunque la mayoría de ellas  mantiene la vista y el interés puesto en ellos. No hay renuncia, se trata de traslados involuntarios definidos por la necesidad de sobrevivencia.

Los pueblos indígenas están dando la batalla jurídica y encuentran que no existen condiciones de justiciabilidad para los derechos adquiridos. En el plano interno hay ausencia de mecanismos para obligar a los Estados a cumplir con sus compromisos internacionales, cuyos organismos tienen mecanismos de control muy débiles o inoperantes, como es el caso de la OIT.

Desde sus diversos espacios, estos pueblos han hecho una contribución importante para plantear el reto por la reforma del Estado. Ante todo se requiere romper la lógica vigente que consiste en reconocer derechos a los pueblos indígenas, siempre y cuando no los ejerzan.

Por todo ello es urgente darle horizonte a todas estas luchas y recuperar la propuesta de autonomía contenida en el gran pacto constitutivo que se expresa en los Acuerdos de San Andrés, como una alternativa para reconstruir territorios. Urge romper el ciclo de  resistencias  meramente  reactivas y trascender el cerco frente a los otros sectores sociales igualmente afectados como los jóvenes y los trabajadores. Ello entraña superar tanto procesos de autosegregación de los pueblos indígenas como posturas racistas y discriminatorias presentes en sectores sociales que se consideran de izquierda o progresistas.

Hoy más que nunca se hace necesario insistir en que no se puede hablar de democracia en este país sin la plena articulación de los pueblos indígenas con el conjunto de los movimientos sociales en el marco de un proyecto nacional contrahegemónico.

A 18 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, observamos que han sido la base de las diversas experiencias autonómicas en el país, a contrapelo de la política de Estado que faltó a su palabra y camina en contra para llevar adelante la profundización de su proyecto neoliberal en curso. Estamos conscientes de que no se puede esperar una rectificación de fondo, pues implicaría la renuncia a ese proyecto, lo que no aparece en el horizonte inmediato.