México. La muerte no es democrática en México. Las mujeres son asesinadas con mayor odio, misoginia y desprecio, afirma Karla Micheel Salas, abogada con una reconocida trayectoria en el tema de los feminicidios. A 20 años de que se dio la voz de alerta en Ciudad Juárez, Chihuahua, por la gran cantidad de mujeres asesinadas con huellas de tortura y abuso sexual, el fenómeno se extendió al resto del país.
El trabajo de familiares de víctimas de feminicidio, activistas y defensoras de derechos humanos, que desde hace 20 años luchan por erradicar el asesinato de mujeres por el hecho de serlas, ha tenido importantes logros, valora la abogada Karla Micheel Salas, especialista en el tema. En muy poco tiempo a partir de 2010- se logró que casi todos los códigos penales del país tipificaran el feminicidio, cosa que no ocurre por ejemplo con la tortura y la desaparición forzada, señala. Además, hay un amplio reconocimiento del fenómeno a nivel social e internacional, incluso a nivel de gobiernos, agrega la abogada.
Desafortunadamente, afirma, el gobierno de enrique Peña Nieto sigue la tradición de los anteriores: hay una falta de interés por resolver la violencia contra las mujeres, incluyendo su manifestación más cruda, que es el feminicidio.
Entre 1993 y 2003, la mirada de las organizaciones de derechos humanos se centró en los feminicidios ocurridos en la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua. A partir de 2003, dejamos de ver solamente Juárez y dirigimos nuestra mirada a los cuerpos encontrados también en el Estado de México, Distrito Federal y Oaxaca, por ejemplo, donde hay un número significativo de mujeres asesinadas por ser mujeres, explica Salas, abogada de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
El año 2010 marcó un parteaguas, pues las organizaciones de familiares ganaron el proceso contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Micheel Salas, parte del equipo legal que litigó a favor de los familiares de las víctimas Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, explica que, derivado de la sentencia que afecta a todos los estados de la federación-, el gobierno se vio obligado a implementar acciones legislativas tendientes a erradicar el feminicidio.
Además, con la presión de las organizaciones sociales se logró que la mayoría de los Códigos Penales de los estados (30 de 32) tipifiquen el crimen de feminicidio. Esto fue muy importante, explica la abogada, pues es necesario que se nombre para que exista, y por eso era necesaria la tipificación. A la par, se implementaron protocolos de investigación con perspectiva de género. No se ha tratado de medidas unilaterales del gobierno, precisa Micheel Salas actual presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD)- sino medidas a las que se vio obligado por la presión de las organizaciones de la sociedad civil.
Un punto aparte al que poner atención es la Alerta de Violencia de Género, un mecanismo interinstitucional contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, para los casos de entidades con violencia feminicida. En él participan mayoritariamente representantes de los institutos de la mujer estatales y del federal, así como la Secretaría de Gobernación federal. Lamentablemente, señala Salas, esta composición institucional hace que sea una herramienta muy politizada que no se ha aplicado en ninguno de los cuatro casos en que las organizaciones de la sociedad civil lo solicitaron (Estado de México, Guanajuato, Nuevo León e Hidalgo).
En todos los casos solicitados, se declaró no procedente la investigación para determinar la pertinencia de aplicar la alerta, relata Salas, quien agrega que los únicos argumentos en las discusiones para rechazar la medida son que los gobiernos realizan acciones en general- y que tienen voluntad de acabar con el fenómeno, y que las solicitudes son para desprestigiar a los gobiernos. Las quejas de las organizaciones llevaron a que el secretario de Gobernación dijera que es necesario que los estados hagan algo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia feminicida, pero a pesar de que hay mecanismos específicos, las autoridades prefieren hacer llamados políticos, que son como llamados a misa, agrega la litigante.
A veinte años de denunciar los feminicidios, señala Micheel Salas, se ve por toda la república el mismo patrón que se observó en Ciudad Juárez a principios de los noventas: desaparición, seguida de tortura sexual, privación de la vida y arrojar los cuerpos en espacios públicos. Lo hemos visto en el Estado de México, Distrito Federal, Guanajuato, Oaxaca y Chiapas, por ejemplo, y el común denominador es la inactividad de las autoridades, a pesar de años de informes, acciones y llamados, denuncia. No es una lección aprendida. Se repite el cuestionamiento de la vida de la víctima como centro de las investigaciones.
Alrededor del feminicidio se perpetran otros crímenes de género, principalmente contra las madres, activistas y defensoras de derechos humanos que luchan contra os feminicidios, agrega Salas.
Quienes sí aprendieron la lección son las organizaciones de familiares y defensoras de derechos humanos, quienes documentan, hacen litigios estratégicos, inciden en políticas públicas y presionan para garantizar que haya protocolos de investigación especializados, lo que es trabajo del gobierno, recalca la abogada.
El trabajo que realizan las organizaciones es porque deseamos que las mujeres puedan vivir libres de violencia, y evitar que sigan siendo asesinadas, explica Micheel Salas, quien considera que a diferencia de delitos como el robo, el feminicidio se puede eliminar pues se basa en la discriminación a la mujer, que es un elemento que se aprende y no es parte de la naturaleza humana.
A pesar de este trabajo, todavía hay mucho por hacer, finaliza Salas.
Publicado el 06 de Enero de 2014
