México. El proceso de consulta a la tribu yaqui, que definirá si rechazan el Acueducto Independencia, ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya inició. Con los antecedentes gubernamentales de desconocimiento de derechos de los pueblos y consultas amañadas, organizaciones sociales se aprestan a documentar posibles irregularidades.

En un reciente pronunciamiento de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la ciudad de México y área metropolitana, se señala que darán seguimiento a la lucha de la tribu yaqui en su “demanda legítima a su derecho al agua y a decidir el tipo de desarrollo, desde la visión indígena, que plantean para sus comunidades”.

La defensa del río Yaqui comenzó al menos en 2010, cuando se supo de la existencia del proyecto, que pretende trasvasar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales a la ciudad de Hermosillo. El territorio yaqui ya padece sed, a pesar del reconocimiento de la propiedad del 50 por ciento de las aguas del río, ganado durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, pues dos represas desvían el agua de su curso y los yoeme deben pelear para que sus tierras reciban el líquido.

Desde finales de mayo de 2013, la tribu y el movimiento por el agua de Ciudad Obregón mantienen un plantón de protesta en la carretera internacional que pasa al lado de Vicam. El motivo es el trasvase de agua, a pesar de las resoluciones judiciales que ordenan su suspensión.

Sonora ¿sí?

En el pasado no tan lejano, la gente letrada del gobierno señaló que la historia de los yaquis sólo puede escribirse a partir de “sus” guerras contra la federación, pero desde el año de 1533, cuando el yori (el hombre blanco) se hizo presente en el río Yaqui, la historia fue construida por ellos a través de la violencia, despojo y genocidio. Combatir, resistir y oponerse a ese destino es la historia no oficial, la que ha dignificado su lucha como pueblo incapaz de someterse a la voluntad del colonizador, aunque eso significa marginación, persecución, exilio y muerte.

El territorio yaqui sigue en pugna. El capital, al tener ciertos límites para apoderarse totalmente de él e incluirlo en la dinámica de saqueo, optó por erosionarlo -y junto con él, a la tribu- mediante el proyecto hídrico llamado Sonora Sistema Integral (SONORA SI), que es el mismo que inundará y desplazará al pueblo guarijío, al sur de la entidad.

La función de SONORA SI es enriquecer a empresarios y políticos con negocios especulativos donde el agua ya no es estratégica por sí misma, sino un medio de control, cuya administración decidirá quién puede tenerla en función de cuanto pague por ella. El proyecto cuenta con el aval del gobierno federal: presidencia, Secretaría de Gobernación, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Sentar precedentes

La  defensa del río Yaqui adquiere relevancia en el destino que tendrán los mecanismos estatales en la realización de consultas previas a los posibles afectados por megaproyectos. La consulta a la tribu para decidir si acepta o rechaza el Acueducto Independencia -obra del SONORA SI, que pretende trasvasar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales a la ciudad de Hermosillo-, fue ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la ratificación del amparo 461/2011. Corresponde al gobierno federal presentar una propuesta a los pueblos yaquis a través de una comisión formada para tal efecto.

La propuesta inicial de consulta se modificó sustancialmente, pues ignoró los mecanismos internos de la comunidad indígena e incluso los tratados internacionales, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes -el cual, desde su ratificación por el gobierno de México, no se aplica a cabalidad, en cuanto a sus principios básicos de participación, consulta, autonomía y libre determinación.

El caso más lamentable de actuación del gobierno mexicano en este tema en la negativa a reconocer derechos internacionales fue el desconocimiento de los acuerdos de San Andrés, posteriores al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que adquirió importancia por ser punto de partida para replantear las relaciones sociales respecto a pueblos indígenas y no indígenas con el Estado Nación. Pese a ello y al gobierno que incumplió acuerdos nacionales e internacionales, los acuerdos de San Andrés y el Convenio 169 son todavía armas para los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos territoriales, y de sus bienes naturales y culturales.

El proceso de consulta sobre el Acueducto Independencia sigue adelante, aun cuando no se ha garantizado el derecho de las comunidades yoeme´m al agua del río Yaqui, pues a la fecha, la PROFEPA no detiene la operación del acueducto y permite al gobierno de Sonora y a CONAGUA desviar el agua bajo total impunidad.

Hay grandes dudas sobre la consulta, principalmente en su etapa de información, pues la intromisión del gobierno estatal impera para dividir y cooptar autoridades, a través de la venta de promesas pagadas con dinero y vehículos. Esto perjudica a la población yaqui, pues las afectaciones por falta de agua son evidentes social y culturalmente.

Por la importancia de la consulta en el marco del convenio 169 de la OIT, y la situación anterior en el territorio yaqui, así como el cerco informativo, se comenzó a construir un mecanismo con el objetivo de “documentar posibles irregularidades que puedan generarse a lo largo de dicho proceso y evitar la imposición del acueducto en contra de la voluntad de las comunidades”, a través de una Misión Civil de Observación convocada por organizaciones y colectivos a través de SERAPAZ (Servicios y asesoría para la Paz A.C.).

La intención es sumar esfuerzos, pues en la experiencia de representantes indígenas en la Ciudad de México: “los intentos de consulta son amañados y con cuestionarios que para nosotros no dicen nada, sólo intentan avalar un proceso con ese título para el beneficio del gran capital, despojándonos de nuestros lugares de vivienda y trabajo así como de nuestra seguridad y libertad”.

En un reciente pronunciamiento de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la ciudad de México y área metropolitana, se señala que darán seguimiento a la lucha de la tribu yaqui en su “demanda legítima a su derecho al agua y a decidir el tipo de desarrollo, desde la visión indígena, que plantean para sus comunidades”.

Publicado el 14 de octubre de 2013