México. El ojo esta en las minas. Por esta razón se militariza Guerrero, se reparten despensas, detienen a policía comunitaria bajo acusaciones de vínculo con la guerrilla, generan policías rurales y encarcelan y compran líderes comunitarios, coinciden entrevistados en Guerrero.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), la organización con más años en la montaña de Guerrero ejerciendo seguridad, justicia y reeducación, fue nuevamente acosada por elementos del ejército mexicano. En Olinalá fueron aprehendidos, el 21 de agosto, Nestora Salgado García -una de máximas autoridades de los pueblos de la zona- y varios elementos de la PC de la Casa de Justicia de El Paraíso.

En La Montaña y Costa Chica, se reporta, convoyes del ejército entraron por varias zonas. En Ayutla de los Libres, allanaron la Casa de Justicia de El Paraíso, y en la comunidad de Quihuatepec, cientos de soldados soltaron a varios reeducados y tomaron presos a policías comunitarios. En Olinalá, soldados buscan por las veredas a elementos de la policía comunitaria.

Coinciden en el análisis del contexto de Guerrero el Colectivo Contra la Tortura  y La Impunidad (CCTI), el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” y el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero,  que declaran en un documento de acción urgente que “estas acciones se dan en el marco de una creciente militarización en la región de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, la cual ha sido justificada por las autoridades como parte de los campamentos que se están realizando en el marco de la Cruzada contra el Hambre en la región”.

El ejecutivo federal y el ejército tienen una visión contrainsurgente, declara a Desinformémonos  Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan: “Quieren dar una solución militar a problemáticas sociales que el mismo Estado generó y que es incapaz de resolver”. Es paradójico que en Guerrero “se lleve a penales federales a compañeros de la Policía Comunitaria, cuando el crimen organizado se pasea por las calles de Chilpancingo y Acapulco y aparecen muertos a todas horas”.

El abogado de Tlachinollan relata que el gobierno federal realiza una lectura equivocada, pues “piensan que estos policías comunitarios pueden estar involucrados con grupos guerrilleros o subversivos”, lo cual no es así, menciona. Los grupos de policía comunitaria son resultado “de la omisión del Estado de llevar a cabo las tareas de seguridad y justicia, ante el  secuestro y la extorsión, situación que se extiende en las comunidades indígenas. Los pueblos estado cuidando la seguridad de sus comunidades”, describe el defensor de derechos humanos.

Comunitarios, a la cárcel

Nestora Salgado, la principal dirigente de la Policía Ciudadana de Olinalá, en octubre de 2012 se puso al frente del movimiento de seguridad que expulsó de su comunidad a sicarios. Ahora se le acusa de secuestro equiparado en agravio del síndico de Olinalá, y fue enviada a un penal de máxima seguridad en Nayarit porque a juicio de las autoridades es una persona de alta peligrosidad.

La dirigente Salgado fue detenida por marinos y elementos del ejército mexicano, sin que presentaran orden de aprehensión. De inmediato, elementos de la CRAC-PC de la Casa de Justicia de El Paraíso (en Ayutla de los libres) instalaron retenes para bloquear, a la altura de Tixtla, la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, que comunica la Montaña alta con Chilpancingo.

El ejército mexicano, en una acción de persecución contra la organización indígena, violentó las oficinas de la Casa de Justicia de El Paraíso. El CCTI informa que, de acuerdo con la información proporcionada por Arturo Campos, coordinador regional de la Casa de Justicia, “a las 22:00 horas arribaron 30 vehículos con elementos del ejército mexicano, quienes allanaron  las instalaciones y golpearon a alrededor de 40 policías comunitarios”.

En entrevista con Desinformémonos, Claudio Carrasco, ex coordinador y ahora parte de la Casa Justicia de El Paraíso, señala que “quizá es que el gobierno le hizo caso a los periódicos de Guerrero, en los que días antes un coordinador  desconoció la Casa de Justicia de El Paraíso, y emprendió una persecución hacia esta integrantes de esta organización en la zona”.

El ejército mexicano, “desconociendo en los hechos la justicia comunitaria de la organización y su autonomía, se llevó a los 39 detenidos que se encontraban en proceso de reeducación y estaba resguardados en las instalaciones de la Casa de Justicia”, señala el comunitario. Carrasco, quien impartió justicia en la zona de La Montaña, informa que “queremos que regresen a reeducados. Nosotros aplicamos otra justicia y queremos que nos dejen en paz para hacerlo. No estamos en contra de nadie”.

Para los comunitarios, relata Carrasco, ex coordinador de la Casa de Justicia de Espino Blanco, no son válidas las acciones de las autoridades oficiales. “A nosotros no nos representan el gobierno del estado, ni tampoco  una sola casa de justicia”, precisa. Recuerda que en 1995, la organización fue creada por los pueblos originarios y “no por el gobierno. Fuimos creados legal y legítimamente debido a la injusticia que existía en La Montaña y Costa Chica”. El comunitario afirma que “el gobierno no tiene porque meterse en asuntos de la organización, nosotros sólo queremos paz y tranquilidad para nuestros pueblos y comunidades”.

Todos los detenidos, precisa el escrito de las organizaciones de derechos humanos, “pertenecen a una organización de pueblos y comunidades que se asumen indígenas y que invocan la ley estatal 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero (en la cual claramente quedan estipulados los derechos indígenas en materia de justicia: para hacer actividades de prevención, justicia y actividades de readaptación de los transgresores); así como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, y el artículo 2 de la Constitución Mexicana”.

De nuevo, las minas

El fondo de toda la situación, expone el ex coordinador naa savi, están los proyectos mineros que quieren entrar a la zona. “Si dejamos que entre el ejército al territorio comunitario, no se van a ir después. El gobierno tiene en la mira el saqueo de las minas; quieren que nos enfrentemos entre nosotros, entrar y militarizar más el territorio. Eso es el fondo de asunto”. Carrasco considera que es  falso que el gobierno esté combatiendo la delincuencia, pues “lo que está haciendo es combatir a los indígenas, esa es la finalidad de ellos”.

Mientras tanto, y en entrevistas por separado en el diario El Sur de Acapulco, Eliseo Villar -uno de los cuatro coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, quien desconoció a la de El Paraíso- y Bruno Plácido -dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg)-, coincidieron en no respaldar las acciones de las Casas de Justicia de El Paraíso y Espino Blanco (quienes respaldaron de manera pública a los agredidos). Ambos establecieron acuerdos con el gobierno del estado, entre ellos la entrega de 2 millones de pesos.

Por su parte, las Casas de Justicia de Espino Blanco, Zitlaltepec y San Luis Acatlán exigieron la libertad de los detenidos y convocaron, por medio de un boletín interno, a una reunión urgente y a una reunión regional para el 31 de agosto. “Hacemos el llamado a todos los pueblos y comunidades integrantes del sistema comunitario de la CRAC-PC, a todos los grupos de policía comunitaria, a todos los comisarios municipales y autoridades agrarias, a que se den cita en la próxima asamblea regional que será de vital importancia para el proceso organizativo que habrá de seguir nuestro sistema comunitario”, señala la convocatoria. Remarcan que es un escenario que jamás imaginaron: “Se han manifestado algunas divergencias con algunos de los dirigentes de la CRAC en las regiones, más no con los pueblos ni sus autoridades, por lo que es acuerdo de las autoridades comunitarias y regionales de las tres Casas de Justicia firmantes del presente comunicado, la exigencia al gobierno estatal y federal del respeto irrestricto a nuestro sistema comunitario, a las autoridades comunitarias, así como a los grupos de policía comunitaria; ya que las deficiencias internas se tratarán de manera inmediata en una próxima asamblea regional que tenemos programada”.

La minería está en el ojo de los intereses de la empresas y del gobierno en  La Montaña, coincide Vidulfo Rosales, pero también se trata de controlar a las organizaciones sociales: “a la inconformidad social ante la pobreza y marginación en la que se encuentran los pueblos, se suman los procesos organizativos contra las mineras y contra la reserva de la Biosfera. Avizoran un frente de organizaciones sociales de Guerrero que protestan y no puedan controlar, y por eso la estrategia es militarizar la zona”. El defensor de derechos humanos se pregunta “¿Cuál es el papel del Estado mexicano? ¿Generar  paz o  contener la inconformidad social y los procesos sociales organizativos?”

Publicado el 26 de agosto de 2013