Brasil. En la madrugada del 3 de agosto se pronunció la condena a 25 policías de la Rota por la ejecución, el 2 de octubre de 1992, de 52 hombres presos en el tercer andador de la cárcel de Carandiru. A pesar de ser una noticia importante, que confirma los dictados de un jurado popular 20 años después de la masacre y la responsabilidad por parte de los policías que participaron, no podemos, ingenuamente, creer que se hizo justicia.
Es necesario recordar que ese mismo Estado, ahora llamado a hacer justicia, es pieza fundamental en la estructura social que permitió que ocurrieran la Masacre de Carandiru y tantas otras que marcaron (y todavía lo hacen) nuestra historia.
Los 25 policías de la Rota fueron juzgados en el subterráneo del Foro de Barra Funda, 20 años después de la mayor masacre en la historia del sistema penitenciario brasileño. Mientras tanto, en los dos pisos superiores centenares de jóvenes, pobres y negros fueron sumariamente condenados al cumplimiento de largas penas en prisiones donde quedaron presos en celdas atiborradas, sin estructura alguna para acoger seres humanos, en verdaderas máquinas de masacrar personas.
Tanto esos jóvenes como los policías de la Rota son parte, en grados diferentes, de la misma selectividad que caracteriza al sistema penal. Los policías son juzgados sin que lo sean sus mandos, el gobernador de la época, Luis Antonio Fleury Filho, y el Secretario de Seguridad, Pedro Campos; por su parte, centenares de miles de jóvenes que llenan las cárceles brasileñas son objeto de un sistema que ignora ampliamente la criminalidad cometida por las clases sociales más ricas, al tiempo que persigue y criminaliza implacablemente a las clases más pobres.
Las semejanzas paran ahí: los policías de la Rota tuvieron -y tendrán- tiempo para responder al proceso en libertad hasta su juicio, mientras la juventud negra y pobre, esposada por el sistema penal, comienza a cumplir pena de prisión de manera inmediata, independientemente de la presunción de inocencia, garantía constitucional que debe, en teoría, ser observada en ambos casos.
Vale recordar que entre los policías condenados se encuentra Salvador Modesto Madia, hasta hace poco tiempo comandante de la Rota, nombrado por el gobernador Geraldo Alckmin. La Rota, a pesar de que no alcanzar a tener ni el 0.5 por ciento de los efectivos de la Policía Militar, es responsable de cerca del 20 por ciento de los homicidios cometidos por esa corporación. Mantener a ese destacamento y nombrar para su jefatura a uno de los principales responsables de la masacre de Carandiru son demostraciones claras de que la política de genocidio contra la población pobre y negra sigue en pleno vigor.
A pesar de la importancia de la responsabilidad pública de esos policías y de los jefes de la masacre (que, vergonzosamente, participan del procesos como meros testigos), no nos damos por aludidos con la posibilidad de hacer justicia dentro del sistema penal, que nítidamente busca el mantenimiento de las profundas desigualdades producidas por el sistema capitalista.
Seguimos en la lucha cotidiana por el fin de las masacres, con la claridad de que las luchas para incidir en las estructuras que permiten masacres como la de Carandiru -por ejemplo, la desmilitarización de las policías, el fin del exterminio policial y el revertir la política de encarcelamiento en masa-, no caben en los tribunales.
Como ya manifestamos en otra ocasión: la derrota del orden que se sustenta en el exterminio del pueblo pobre y negro, a los dos lados del muro y en el día a día (y del cual la Masacre de Carandiru es producto y expresión), solamente se dará con la organización y la lucha popular contra ese Estado penal y contra las clases ricas que de él se valen para mantener el dominio.
Publicado el 12 de agosto de 2013
