México. Ni combate a monopolios ni inclusión de los ciudadanos; la reforma de ley para el sector telecomunicaciones, propuesta por el poder ejecutivo, tiene una visión neoliberal que fortalecerá a las grandes empresas del sector.

 La reforma constitucional propuesta el 11 de marzo por Enrique Peña Nieto, con el respaldo del Pacto por México (formado por los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Verde Ecologista), buscará impulsar la competencia económica y el desarrollo tecnológico en el sector estratégico de las telecomunicaciones. Si bien es cierto que la propuesta cumple a cabalidad con el objetivo que se propone, no va a nada más. Es una reforma que busca regular a las más importantes empresas de telecomunicaciones y radiodifusión, pero no contempla ningún tipo de dimensión para ampliar los derechos políticos, civiles o sociales de la ciudadanía.

Hay que decirlo con toda honestidad: la propuesta responde netamente a los mandatos y parámetros que proponen organismos internacionales -como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional- para el sector. Parece que pese a los desastrosos resultados que ha tenido la aplicación de las políticas provenientes de estas instancias, que no hemos aprendido la lección.

Por principio, la exposición de motivos de la propuesta refiere que la reforma pretende cumplir lo planteado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual sugiere que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Luego de citar el artículo,  al más puro estilo neoliberal se sugiere que es mediante el establecimiento de condiciones de competencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión como se dará cumplimiento a tal exigencia. El discurso resulta sumamente tramposo, puesto que propone que es mediante la aplicación de medidas económicas como se resolverá un problema político que apunta hacia la democratización de la sociedad mexicana.

La propuesta va todavía mucho más allá y propone la reforma de los artículo sexto y séptimo constitucionales, que -pese a sus deficiencias- están consagrados al ejercicio de la libertad de expresión en sus dos dimensiones: el acceso a la información pública y el derecho a ejercer la libre expresión de las ideas, ambos preceptos básicos de cualquier sistema político que se precie de ser democrático. Sin embargo, la propuesta de Enrique Peña Nieto pretende transmutar estos preceptos político-sociales en preceptos económicos, al incluir en la redacción del artículo sexto que “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. Hasta aquí suena bien, sin embargo, más adelante se señala que para tales efectos, “el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”. De nueva cuenta, el argumento es que el mercado y la competencia económica desembocarán en la ampliación de los derechos políticos que demanda la libertad de expresión y, en consecuencia, la democracia en general.

Adicionalmente se propone la desaparición de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y en su lugar se sugiere la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como la ampliación de la autonomía de la Comisión Federal de Competencia.  Ambos organismos responden también a las demandas planteadas por el neoliberalismo, en las que se sugiere que es mediante la creación de organismos reguladores como se garantizaría la promoción de la competencia en sectores susceptibles de la explotación económica. En lo profundo, lo que estos organismos garantizan es la reducción del Estado a su función reguladora y de arbitraje. De nueva cuenta, nada tienen que ver con la ampliación de libertades civiles, políticas o sociales.

Se ha referido también que uno de los grandes aciertos de esta reforma es el de dejar de referirse al servicio de las telecomunicaciones como un asunto de “interés público”, para plantearlo ahora como un “servicio público”. Organismos como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) han dado una incansable batalla para impulsar el cambio de una a otra conceptualización, puesto que se advierte que al considerarlo como “servicio público”, el Estado, el concesionario y el usuario adquieren derechos y obligaciones, además de que en teoría se garantiza la rectoría del Estado en el sector.

Por lo anterior, la AMEDI ha dado ya la bienvenida a la iniciativa y es que, efectivamente, la iniciativa sugiere que tanto las telecomunicaciones como la radiodifusión serán considerados “servicios públicos de interés general”, pero a continuación advierte que es por esa razón que el Estado garantizará no el servicio como podríamos pensar, sino que estos servicios sean prestados en condiciones de competencia y calidad. De nueva cuenta, el Estado que aparece aquí es justamente el Estado neoliberal, un Estado regulador y árbitro que no se obliga ni se compromete a garantizar el servicio a la población en general.

Hay otro asunto que es coincidente también con los planteamientos de la AMEDI: se contempla la convergencia tecnológica al considerar la figura de concesión única. Con ello, AMEDI celebra que los operadores puedan ofrecer la multiplicidad de servicios que las tecnologías y las redes les permitan. Lo que en realidad implica esta figura es que aquellos cuya concesión estaba destinada a la radiodifusión ahora podrán prestar otros tipo de servicios, y aquellos cuya concesión estaba autorizada para telecomunicaciones puedan incursionar en otros ámbitos, pero vale la pena preguntarse quién en este país tiene la posibilidad económica para incursionar en esos otros ámbitos. En última instancia, los beneficiados serán los mismos de siempre. Aquellos que antes recurrían a tramposos artilugios legales en busca de esta multiplicidad, como la fusión entre Televisa y Iusacell, ahora lo podrán hacer legalmente y sin temor a ser sancionados.

Hay otro asunto importante que hay que mencionar. En el artículo quinto transitorio se advierte que “a la entrada en vigor del Decreto se permitirá la inversión extranjera directa hasta el cien por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, y hasta el cuarenta y nueve por ciento en radiodifusión”. Así, lejos de promover el desarrollo de empresas nacionales en el sector que pudieran hacer frente a monstruos como Televisa, TvAzteca o Telmex, la iniciativa apuesta por abrirse completamente y permitir la entrada de capitales extranjeros. El asunto culminará en que una vez atrapados los posibles consumidores, las empresas transnacionales comenzaran a llevarse las ganancias de tales negocios hacia sus países de origen, tal como ha ocurrido en otros sectores. De nueva cuenta vendrá el argumento de la generación de empleos, sólo hay que voltear a ver a Walmart para saber qué clase de empleos promueven las famosas empresas transnacionales.

La apertura del sector telecomunicaciones a la inversión extranjera trae consigo otra serie de complicaciones, particularmente en el caso de las empresas de telecomunicaciones estadounidenses. Éstas están obligadas a brindar la información que poseen de sus usuarios al gobierno de los Estados Unidos, si éste último así lo solicita,  sin imprtar que tales usuarios radiquen en un país distinto a los Estados Unidos. Así, los usuarios quedarán expuestos aún más a las labores de inteligencia y espionaje estadounidense, lo que ya sucede a través del uso de plataformas como la de Google, Facebook, Twitter, entre otras.

Hay poca cosa digna de celebrarse con respecto a esta iniciativa, que no hace más que legitimar la explotación de los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones, ahora no sólo por parte del monopolio televisivo Televisa-TvAzteca o el correspondiente a las telecomunicaciones, Telmex, sino también por parte de las transnacionales extranjeras, es decir, es una reforma que sólo beneficia a las empresas. Aquella idea de que ahora sí se combatirán los monopolios debiera ser asumida con reservas. Recordemos que ya antes, el artículo 28 prohibía la creación de monopolios y aún así, la misma COFECO -a la que se pretende ampliar su autonomía-, fomentó la creación de los monstruos que ya hemos mencionado y peor aún, recientemente aprobó la compra-venta de acciones entre Iusacell y Televisa, con lo que de facto se autoriza la vinculación entre Televisa y TvAzteca (dado que el dueño de ésta última y de Iusacell es el mismo). Si esto no es fomentar la creación de monopolios, entonces ¿qué es?

Vale la pena destacar un elemento más. La iniciativa menciona que el Estado desarrollará la infraestructura necesaria a lo largo y ancho del país en términos de fibra negra, para que luego los operadores puedan disponer de ella a cambio de las correspondientes contraprestaciones. La exposición de motivos menciona que en los últimos años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha ampliado esta infraestructura y que tal proyecto se seguiría impulsando, pero esta vez a través de Telecomunicaciones de México. Llama la atención que se omita mencionar que la CFE amplió tal cobertura debido a la apropiación de la infraestructura desarrollada por la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, pero más allá de ello, hay que advertir que la CFE ya brinda servicios a operadores y que las ganancias que obtiene por ello resultan prácticamente nulas, motivo que fue suficiente para declarar la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Además, en ningún momento se contempla la posibilidad de que el mismo Estado pueda fungir como operador, pese a que la inversión en infraestructura sí será financiada por él.

La recepción en la opinión pública que tuvo esta iniciativa debe despertarnos serias preocupaciones, puesto que una multiplicidad de actores ha salido ya a darle la bienvenida. Hay que considerar que este Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el gobierno) no es nuevo y, como el de hace años, dará continuidad a la avanzada del proyecto neoliberal en nuestro país. Así lo demuestra no sólo esta iniciativa, sino también la recientemente aprobada en el sector de la educación.

Hábilmente, los sectores de la izquierda han quedado desdibujados y, por ende, no actúan como una verdadera oposición. Por un lado, en el sistema de partidos, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), mediante la firma del Pacto por México, decidió legitimar a un presidente que es producto del fraude y la corrupción. Además de ello, ahora le aplaude reformas que sólo irán en detrimento de la ciudadanía.

Por el otro lado, en el caso específico de las telecomunicaciones hay que destacar el caso de la AMEDI y la serie de intelectuales que la integran, y hay que incluir también a personajes como Carmen Aristegui, que ya han dado también el espaldarazo a la reforma. El argumento es que abrir el sector a la competencia es mejor que nada; sin embargo, se pierde de vista que este tipo de modelos no pretenden garantizar el acceso a la tecnología o ampliar el ejercicio de la comunicación en la ciudadanía, sino simplemente desatar una guerra por los consumidores. Insisto: “consumidores” y no “usuarios” de medios. Al final de cuentas habrá que pagar para recibir el servicio, cualquiera que éste sea, y si usted no tiene dinero pues ese no es problema del Estado, porque acá la responsabilidad del Estado es solamente garantizar la competencia.

Finalmente, en términos de libertad de expresión, la exposición de motivos de la iniciativa advierte que ésta “es un medio para el intercambio de informaciones e ideas entre las personas y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Para las personas es tan importante el conocimiento de la opinión ajena o la información de que disponen otros, como el derecho a difundir las propias creencias o informaciones”. Restaría agregarle al texto lo siguiente: “si usted puede pagarlo entonces podrá ejercer su derecho a la libertad de expresión, de lo contrario, no será responsabilidad del Estado”.

Así, contradictoriamente, esta reforma parece que en última instancia pretende garantizarle la libertad de expresión solamente a las grandes empresas de la radiodifusión, puesto que pese a que se considera la posibilidad de que además de las concesiones comerciales, se contemplen también las públicas, sociales y privadas, debemos recordar que bajo el discurso neoliberal, si, por ejemplo, las radios comunitarias y otro tipo de medios alternativos no logran ser eficientes, estarán condenados a desaparecer porque así funcionan las leyes del mercado. La reforma no contempla nada más allá con respecto a la manera de impulsar otro tipo de voces diferentes a las provenientes de la iniciativa privada y que por tanto no tienen por objetivo el lucro, sino funciones que tienen mucho más valor para con sus comunidades y para con la ciudadanía en general.

Dada la poca y tergiversada información que se ha manejado con respecto a la reforma, así como a la poca crítica que ha sido realizada al respecto, al parecer será aprobada casi sin modificaciones. Es una lástima que pese a haber sido la juventud mexicana quien despertó el debate, hoy esta misma juventud esté prácticamente sin capacidad de respuesta dada la falta de entendimiento con respecto a las limitaciones y nefastas consecuencias que derivarán de la aprobación de esta reforma al sector telecomunicaciones.

En última instancia, como ya no debe extrañarnos, la gran ausente en la iniciativa es la ciudadanía, la cual solamente es utilizada para justificar la apertura de nuevos nichos de mercado para que los ricos puedan seguir enriqueciéndose aún más.