COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS

DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO.

COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA

San Luis Acatlan, Gro. Territorio Comunitario. 17 de febrero de 2013.

Al pueblo en general.

A los medios de comunicación.

A las organizaciones fraternas.

Desde octubre de 1995, cuando nuestros pueblos decidieron instituir lo que hoy es nuestra Policía Comunitaria para darse seguridad, y luego en febrero de 1998, cuando se instituye la coordinadora regional de autoridades indígenas, para atender la impartición de justicia en nuestras comunidades, las distintas autoridades del gobierno no han dejado de descalificar, intimidar, agredir, amenazar a los miembros de nuestro sistema comunitaria.

Recordamos el periodo de gobierno de René Juárez, por sus constantes agresiones, como lo fue el “ultimátum” para que nuestra Policía Comunitaria se desarmara. Igualmente en este periodo de gobierno se dieron el mayor número de detenciones y ordenes de aprehensión a compañeros nuestros solamente por atreverse a cumplir con los cargos y mandatos dados por los pueblos. Recordamos también las constantes agresiones por parte del Ejército Federal quien en muchas ocasiones desarmo a nuestros Policía Comunitarias.

En cada uno de esos casos, nuestros pueblos y nuestra institución comunitaria supo dar una respuesta adecuada, manteniendo la postura de no confrontación y de dialogar sin condicionamientos, de construir una relación con el gobierno de respeto y no de subordinación.

Sin embargo, esa historia de agresiones consideramos que había quedado superada con la promulgación, en abril de 2011, de la ley 701 que textualmente reconoce en su artículo 37 “la existencia del sistema de justicia indígena y de la CRAC para todos los efectos a que haya lugar.” Desde su promulgación, nuestra institución comunitaria hizo suya esa ley y junto con nuestro reglamento Interno, son las normas que nos rigen al interior de las comunidades incorporadas al sistema comunitario, como al exterior en nuestra relación con otras instituciones.

Por ello hoy nos agravia profundamente la decisión del Gobierno del estado al emitir un Decreto que prácticamente desconoce lo ya establecido en la Ley 701. Que desconoce en todas sus partes a nuestro sistema comunitario. Pues como lo establece en su articulo 9: “Queda prohibido a la Policía Comunitaria y a las propias comunidades:

Realizar detenciones fuera de los casos de flagrancia o cumplimiento de mandatos por escrito de autoridades ministeriales o jurisdiccionales;

Emitir órdenes de detención o aprehensión;

Retener a las personas detenidas en flagrancia por más tiempo del estrictamente necesario para ponerlas a disposición de las autoridades ministeriales o jurisdiccionales competentes;

Realizar cateos u otras diligencias fuera de los casos de auxilio que legalmente están obligados a proporcionar a las autoridades competentes;

Impedir el libre tránsito de personas en caminos y vías públicas;

Procesar o enjuiciar a las personas que hubiesen detenido por la probable comisión de algún delito;

Imponer sanciones por la probable comisión de delitos o faltas; y

Aplicar medidas, métodos o procesos de reinserción social o reeducación, en faltas que vayan más allá de los bandos de policía y buen gobierno.

La contravención a las disposiciones contenidas en este precepto, será sancionada en términos de las disposiciones penales correspondientes.”

Únicamente con lo expuesto en dicho artículo, el gobierno del estado muestra su interés en desarticular nuestro sistema comunitario, pues prohíbe prácticamente todo lo que hacemos y que se ha construido con grandes sacrificios por nuestros pueblos. Además muestra la latente amenaza de seguir siendo sancionados por el estado en caso de contravenir lo dispuesto.

Llamamos a los poderes del estado a rectificar su actitud y a evitar este tipo de emplazamientos a nuestros pueblos, ya que en todo el tiempo nuestra disposición a sido la de construir en beneficio del estado de Guerrero y del país mejores condiciones de existencia, que deberían ser tomadas en cuenta con respeto y seriedad.

Llamamos a los diputados honestos del congreso local a rechazar este decreto y a proponer mecanismos de diálogo y de consulta con nuestros pueblos para elaborar mejores leyes que recojan las verdaderas esperanzas e iniciativas de la población. Les recordamos a los diputados que solo son depositarios de la soberanía que originalmente reside en el pueblo, que no traicionen la alta representación que los pueblos les han dado, pues en todo caso, los pueblos reclamaremos el ejercicio directo de nuestra soberanía desde nuestras asambleas comunitarias y regionales.

Rechazamos absolutamente, en todas y cada una de sus partes, el decreto del gobernador para reglamentar a nuestra Policía Comunitaria. Reclamamos el respeto a nuestro Reglamento Interno y exigimos la plena validez y  vigencia de la ley 701.

Asimismo y tomando en cuenta el interés que el gobierno del estado y federal han manifestado por el desarrollo de nuestras comunidades y pueblos, nos manifestamos dispuestos a dialogar de manera responsable para elaborar verdaderos planes de desarrollo de nuestras regiones con la participación de nuestra población y sus instancias de decisión y consulta. El desarrollo que nosotros queremos implica el respeto a nuestra cosmovisión y en esta va implícito el respeto a nuestra cultura y recursos naturales, por lo que el desarrollo que queremos implica la cancelación de los proyectos mineros en nuestro territorio comunitario y en el resto del estado y del país. Exigimos la cancelación de las concesiones para la explotación minera y el saqueo de nuestros recursos minerales y naturales.

Por otra parte, manifestamos nuestro respeto y admiración a los pueblos que en otras regiones del estado y del país se han levantado en contra de la inseguridad, la injusticia y la impunidad. Los llamamos a organizarse desde sus bases, desde sus asambleas, con la plena participación de todos los ciudadanos y sus autoridades comunitarias, con respeto a los derechos humanos. Los invitamos a conocer la experiencia de nuestro sistema comunitario, nuestras formas organizativas y nuestro reglamento interno, todo lo cual es producto de la lucha de casi 18 años, y que puede ayudar en fortalecer y agilizar la mejor organización de sus luchas. Los invitamos a buscar la información en nuestras Casas de Justicia Comunitaria con nuestras autoridades regionales y a las comunidades más cercanas al territorio comunitario, si así lo deciden, a incorporarse a nuestro sistema comunitario de seguridad, justicia y reeducación.

Agradecemos la solidaridad de los pueblos y organizaciones que han manifestado su solidaridad con nuestra institución comunitaria, y los llamamos a mantenernos unidos y a  construir mecanismos de articulación permanente para enfrentar de manera conjunta los problemas que se nos presenten.

¡SOLO EL PUEBLO APOYA Y DEFIENDE AL PUEBLO!

“EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA”

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS

COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA