México. Además del sufrimiento que implica la entrega a cuentagotas de los presuntos restos de sus hijas desaparecidas, las familias de mujeres juarenses y los defensores de derechos humanos que las acompañan deben enfrentar ahora el hostigamiento abierto de agentes del Estado en forma de allanamientos, amenazas y seguimiento.

A fines de enero y después de realizar un recorrido de casi 400 kilómetros por carretera, el Comité de Madres y Familiares de Jóvenes Desaparecidas de Ciudad Juárez no fue recibido por el gobernador del estado, César Duarte. La movilización que atravesó el frío desierto de Chihuahua tenía como objetivo que las familias tuvieran una audiencia pública con el ejecutivo estatal para presentarle un pliego petitorio de seis puntos, relacionado con la problemática de la desaparición de mujeres en la ciudad fronteriza. Sin embargo, el ejecutivo del estado prefirió asistir a Chiapas para el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Como si esto no fuera suficiente, Duarte también los dejó plantados en la audiencia pública que él mismo había ofrecido para el 31 de enero en Juárez. Finalmente, la reunión se realizó en la Plaza Misión de Guadalupe, ubicada en el centro de la ciudad fronteriza el sábado 2 de febrero. La audiencia resultó ríspida por el hartazgo del Comité ante las promesas incumplidas por el propio Duarte, así como de otros funcionarios que hicieron acto de presencia, entre ellos Héctor Murguía, presidente municipal de la ciudad, quien ni siquiera en esta reunión pudo guardar las apariencias y terminó insultando a las y los presentes. Hay que recordar que una de las demandas principales del Comité es que sean entregados los cuerpos de más de 200 jóvenes que, de acuerdo a sus estimaciones, se encuentran en poder de las autoridades y que están siendo entregadas a cuentagotas, lo que se traduce en una tortura psicológica para quienes buscan a sus hijas.

De la reunión celebrada surgieron dos acuerdos iniciales: reestructurar la fiscalía general a fin de que de pronta atención a los casos de desaparición e integrar a los familiares en mesas de trabajo para que participen en las tareas de localización. Asimismo, el Comité logró el compromiso del gobernador para que en un plazo de 10 días explicara cuáles han sido las acciones y el seguimiento de parte de su gobierno, a casi dos años de proporcionada la evidencia de la ubicación con vida de una de las hijas del Comité, Brenda Berenice Castillo, quien fue vista en los Ángeles, California, a través de un programa de televisión trasmitido el 18 de mayo de 2011.

Sin embargo todo parece indicar que una vez más, cuando se cumplen 20 años de la emergencia pública de la problemática de la desaparición y asesinato de mujeres en la ciudad fronteriza, las autoridades del estado y del municipio orquestan otra simulación. El 10 de febrero se dio a conocer el pronunciamiento público del Comité de Madres y Familiares de jóvenes desaparecidas de Ciudad Juárez, en el que denuncian el hostigamiento del que han sido objeto algunas de sus integrantes, así como de amenazas sobre personas cercanas a la agrupación de familiares. Quienes integran el Comité han sufrido allanamientos en sus domicilios particulares, llamadas anónimas en tono amenazante y seguimiento por parte de la policía municipal.

El caso de Karla Castañeda, madre de Cinthia Jocabeth Castañeda, desaparecida en octubre de 2008, es especialmente grave, ya que su casa fue allanada en tres ocasiones después de haber sido una de las iniciadoras de la Caminata por la Vida y la Justicia y de haber confrontado al gobernador durante la audiencia pública. El primero de los allanamientos ocurrió el lunes 4 de febrero por parte de Policías Municipales, quienes además la videograbaron junto con uno de sus hijos. La segunda de estas incursiones fue en la madrugada del día siguiente, martes 6, cuando alrededor de las tres de la mañana, policías municipales intentaron cortar la malla que sirve como límite de la propiedad; un vecino los descubrió y eso produjo la retirada de los agentes. La tercer ocasión fue el sábado 9 a las 11 de la mañana: en una acción coordinada entre la Fiscalía y la Policía Única Estatal, los agentes ingresaron al domicilio cuando Karla Castañeda no se encontraba ahí, sacaron a su suegra, Juana García, y señalaron abiertamente que buscaban a Karla por haberse metido “demasiado hondo” en el rastreo de su hija.

Además de ello, Karla recibió llamadas telefónicas. La primera ocurrió el miércoles 6; en ella le decían que hablaban de parte del gobernador Duarte para ofrecerle una reunión en privado en Chihuahua capital. El mismo día, horas más tarde, otra integrante del Comité recibió una llamada telefónica en la que una persona con acento extranjero le decía que escuchara muy bien y la amenazaban con “quitarle la vida” a un integrante de su familia.

El Comité señala que Marcos Espinoza Rendón, miembro del #Yosoy132 de Ciudad Juárez, recibió amenazas de muerte vía telefónica (por una mujer que no reveló su identidad) y a través sistema de mensajería instantánea de la red social Facebook. En ambos casos, sus interlocutores le señalaron que habían escuchado una grabación en la que un comandante ordenaba que le “dieran killer”. Además de ello, Marcos sufrió seguimiento constante por parte de policías ministeriales en los días posteriores a las amenazas, en ocasiones por recorridos completos hasta su destino.

En el pronunciamiento del Comité se establecen antecedentes de hostigamiento hacia Marcos por su participación en la exigencia de esclarecimiento en las investigaciones y pruebas de ADN de los restos entregados de  Idaly Juache Laguna y de Guadalupe Pérez Montes, otras dos jóvenes desaparecidas de la ciudad. En enero de 2012, la madre de Marcos recibió cuatro llamadas en un día con una clave telefónica de la Ciudad de México. En ellas referían que lo buscaban “por tener negocios que arreglar con él”. Durante el mes de marzo del mismo año, fue fotografiado desde un vehículo en movimiento y fue abordado en el centro de la ciudad por un hombre que, sin identificarse y retirándose de inmediato, le dijo que su jefe, “quien es muy poderoso”, le había pedido observarlo y le recomendaba tener cuidado.

Ante esto, el Comité de Madres y Familiares de Jóvenes Desaparecidas de Ciudad Juárez exige el cese inmediato al hostigamiento y las amenazas de muerte hacia miembros del Comité y a integrantes de las diversas organizaciones sociales que participaron en la Caminata por la Vida y la Justicia. También piden que las autoridades expliquen  de manera amplia y detallada los motivos por los cuales catearon de manera ilegal el domicilio de Karla Jocabeth Castañeda Alvarado, así como una explicación por el hostigamiento constante por parte de elementos de la policía municipal de Ciudad Juárez y la estatal de Chihuahua; que se deslinden responsabilidades en estos actos e investiguen y sancionen a los responsables que con su actuación violentan los derechos humanos de las víctimas, así como los de miembros de organizaciones solidarias. El Comité puso como fecha límite para recibir esta explicación el martes 12 de febrero, cuando esperan información sobre el caso de Brenda Berenice Castillo.

Finalmente, el Comité demanda al estado que garantice la seguridad de sus miembros y de las organizaciones solidarias con su lucha, elemento que consideran una condición mínima para poder llevar a cabo los diálogos públicos las autoridades, y responsabilizan a éste de cualquier incidente que atente contra la seguridad del Comité, las organizaciones solidarias y sus familiares.