El más reciente golpe del gobierno español contra el proceso unilateral de paz en el País Vasco cayó sobre una de las fibras más delicadas de la sociedad: el apoyo a los presos políticos.
El pasado lunes 30 de septiembre, una operación policial contra el independentismo vasco sacudió de nuevo a este pueblo. Esta vez, la ruleta rusa tocó a Herrira (Al pueblo), organismo social nacido apenas en febrero de 2012, pero heredero de una larga tradición de lucha popular y de solidaridad con los presos políticos, los cuales suman poco más de 700 personas encarceladas para una población de tres millones de vascos.
Los presos políticos vascos pertenecientes algunos a organizaciones sociales, y otros a la organización armada independentista Euskadi Ta Askatasuna, ETA- cumplen su condena bajo condiciones especiales. Una de ellas es la denominada dispersión, que consiste en alejar a los presos vascos de Euskal Herria. Por ello, el acercamiento de presos a su tierra se convirtió en una de las demandas principales de los movimientos populares. De allí el nombre de la organización. Es en este escenario en el que se explica la existencia de Herrira como esfuerzo organizativo, dedicado a la solidaridad y a la sensibilización sobre la situación que viven día a día tanto los presos políticos vascos como sus familias a causa de la conculcación de derechos humanos por parte de los Estados español y francés.
La actuación represiva del Estado Español contra los organismos solidarios con el colectivo de presos políticos vascos no es nueva. Entre los años 2001 y 2002, las organizaciones anti represivas Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna fueron declaradas ilegales por el entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien en esos años llevó a cabo una ofensiva contra lo que denominó entramado de ETA -que plantea básicamente que todas las organizaciones independentistas son parte de la organización armada, creando macrosumarios en los que se juzgó a distintas organizaciones populares como terroristas.
Como pesadilla que regresa, vemos que esas tesis vuelven a estar presentes en el discurso del gobierno español como justificante eterno de todas las medidas represivas contra el independentismo vasco. A Herrira se le acusa de ser sucesora de las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, con todo lo que supone una acusación de ese tipo, es decir, se le convierte automáticamente en integrante de organización terrorista y, por lo tanto, ilegalizable.
El pecado de Herrira es que de nueva cuenta aglutinó a la sociedad vasca en torno a la demanda del respeto a los derechos de sus presos políticos -como la excarcelación de presos gravemente enfermos y de los que hayan cumplido sus condenas, y el traslado a prisiones en su territorio. La organización siguió adelante con una lucha que el Estado español no ha podido acallar, a pesar de las ilegalizaciones y la criminalización. Herrira visibilizó la importancia que tienen al interior de la sociedad vasca las demandas por los derechos de las presas políticas, como se demostró durante la manifestación ocurrida en enero de este año en la ciudad de Bilbao, la más grande marcha que se haya registrado en la historia del País Vasco. Cerca de 120 mil personas de diversos signos políticos se unieron a la convocatoria que tuvo como lema Derechos, resolución, paz.
Jon Garai, integrante de Herrira y uno de los detenidos en la operación policiaca, señaló en entrevista anterior con Desinformémonos que el valor de la marcha no fue solamente en términos numéricos, sino también en la pluralidad que se expresó. Estuvieron representados muchísimos partidos, organizaciones sociales y sindicales del País Vasco, pero no sólo eso: tuvimos muchas adhesiones del Estado español y a nivel internacional, indicó Garai. La manifestación dejó de manifiesto que parte de la resolución del conflicto pasa por la eliminación de las medidas de excepción en el sistema penitenciario contra los presos políticos vascos.
Por órdenes del juez de la Audiencia Nacional Española, Eloy Velasco, unidades de la Guardia Civil irrumpieron en las sedes provinciales de Herrira en Gipuzkoa, Bizkaia, Araba y Navarra, para llevarse detenidas a 18 personas y registrar los locales de la organización. Además se registróde una fuerte carga a manos de la Ertzaintza (policía autonómica vasca) frente a la sede de Hernani -en la provincia de Gipuzkoa- contra vecinos que acudieron a solidarizarse con los detenidos.
La operación también incluyó el cierre de 32 perfiles en Twitter, 125 en Facebook y 38 páginas webs, y el bloqueo de las cuentas bancarias de la organización.
Desde la izquierda independentista vasca y el movimiento social de Euskal Herria, no cabe otra lectura a estos hechos más que como otro obstáculo impuesto por el Estado español contra el proceso de normalización política -impulsado en gran parte desde 2011 por el cese definitivo de las actividades armadas de la organización ETA y el Acuerdo de Gernika, firmado por diferentes agentes sociales vascos. Durante estos dos años no se ha visto por parte de los Estados francés y español ninguna señal de buena voluntad para la resolución democrática del conflicto, sino todo lo contrario, como queda demostrado con lo ocurrido contra Herrira.
Las reacciones por parte de la sociedad vasca han sido de denuncia y reclamo, contra una acción que desde el pueblo se percibe como una vuelta al pasado y de poca sensibilidad política por parte del Estado español frente a un proceso de paz, que pese a este tipo de ataques se niega a quedar concluido antes de tiempo.
Aún queda un largo camino para llegar a un escenario en el que el pueblo vasco pueda decidir su propio futuro bajo lineamientos realmente democráticos.
Publicado el 07 de octubre de 2013
