Tras ganar un juicio histórico, nueve víctimas de la violencia paramilitar en Colombia han obtenido al fin justicia, 17 años después de que presentaron demandas contra la empresa bananera Chiquita Brands International por financiar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia(AUC). De acuerdo con los expertos, este veredicto representa un importante precedente legal en materia de reparación y justicia para miles de familias que han presentado demandas similares contra la compañía. Los familiares de las víctimas recibirán una indemnización de 38,3 millones de dólares.
El 10 de junio, un jurado de Florida dictaminó que Chiquita financió a las AUC en las regiones colombianas de Urabá y Magdalena entre 1997 y 2004. Durante este tiempo, era ampliamente conocido que el grupo había llevado a cabo masacres y actos de violencia contra las comunidades civiles en las zonas bananeras donde la empresa operaba y a sus alrededores, dijo en una conferencia de prensa Marissa Vahlsing, directora de litigios transnacionales de EarthRights International.
El fallo es histórico. Esta es la primera vez que un jurado estadounidense declara a una gran empresa de ese país responsable de complicidad en graves violaciones de los derechos humanos en otra nación.
El jurado también rechazó que los pagos que realizó la empresa a las AUC, que sumaron al menos 1,7 millones de dólares, se hicieran bajo coacción, como había afirmado la compañía. “No se trataba, como afirmaba Chiquita, de una relación de extorsión”, dijo Vahlsing. “Era una asociación, una asociación empresarial en la que se alinearon con un grupo terrorista que estaba cometiendo abiertamente atrocidades contra civiles”.
A lo largo de las seis semanas que duró el juicio, el jurado escuchó los testimonios de más de 60 testigos, entre ellos, más de 20 empleados o ejecutivos actuales o anteriores de Chiquita. Según el testimonio de una víctima, que permaneció en el anonimato por cuestiones de seguridad, las AUC mataron a su madre, así como a su padrastro, quienes trabajaban en una finca bananera.
“El padrastro fue arrastrado detrás del taxi y ejecutado sin piedad”, decía el testimonio. “La madre, presa del pánico, intentó huir desesperadamente; corrió sin rumbo, pero chocó contra un poste, mientras los paramilitares le disparaban hasta matarla”.
La decisión del jurado de Florida significa que las víctimas y las familias que sufrieron como consecuencia directa de las acciones de Chiquita serán finalmente indemnizadas, dijo el equipo legal en la conferencia de prensa. También sienta un precedente legal para cientos de demandas similares contra la empresa que irán a juicio en los próximos meses, comentó Marco Simons, abogado general de EarthRights. En términos jurídicos, esto se conoce como bellwether, realizar un primer juicio con un grupo de víctimas cuyo resultado servirá de referente en juicios futuros con otras víctimas. El siguiente juicio, que afecta a otras 10 víctimas, comenzó el 15 de julio.
Chiquita no respondió a las peticiones de comentarios de Mongabay antes de la fecha de publicación.
Un precedente judicial
A finales de la década de los ochenta, Chiquita comenzó a expandir sus operaciones en Colombia. La empresa bananera pudo comprar tierras baratas en las regiones de Urabá y Magdalena, debido a la violencia constante del grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las FARC fueron responsables de miles de masacres y actos de violencia contra las comunidades civiles de la época y su presencia tuvo un gran impacto en las empresas multinacionales, los grandes terratenientes y la gente corriente, que tuvo que huir por cuestiones de seguridad.
Según la información presentada en el juicio, a finales de los años ochenta y principios de los noventa, las FARC amenazaron a los empleados de Chiquita y las operaciones comerciales de esta. En lugar de informar a los militares o a la policía, o suspender las actividades, el jurado concluyó que Chiquita recurrió a las AUC para luchar contra las FARC y proteger a su personal y sus operaciones. Al igual que las FARC, era ampliamente conocido que las AUC estaban llevando a cabo masacres y actos de violencia contra las comunidades civiles de la zona.
“No hay duda de que Colombia era un entorno operativo muy peligroso para Chiquita”, dijo Simons en una conferencia de prensa. “Pero en lugar de tomar medidas para reducir ese conflicto, reducir su exposición al conflicto o librarse de él si no podían, esencialmente echaron gasolina al fuego al financiar a los peores actores de este conflicto: el grupo armado más brutal de Colombia”.
En 2001, el Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó que las AUC eran ilegales y las declaró organización terrorista extranjera. A partir de ese momento, no se le permitió a ninguna empresa estadounidense prestar apoyo a las AUC. Dos años más tarde, Chiquita se personó y admitió que había estado realizando pagos a las AUC. El Departamento de Justicia de Estados Unidos multó a Chiquita con 25 millones de dólares por los pagos ilegales a las AUC, pero a las víctimas de la violencia nunca se las indemnizó hasta ahora. Chiquita se retiró de Colombia en 2004.
Según Simons, se han presentado miles de demandas contra Chiquita. Algunos de los casos fueron presentados por diferentes abogados en todo Estados Unidos, lo que representa aproximadamente 4500 familias afectadas, y se fusionaron bajo un único caso en Florida en 2007.
“Es poco probable que las 4500 muertes vayan a juicio”, dijo en una conferencia de prensa. “Pero la razón por la que esto se llama bellwether es porque está pensado para intentar marcar la dirección para la resolución de otras demandas”. Esto puede ocurrir a través de otros juicios, explicó, “o podría ayudar a señalar el camino hacia un acuerdo global”.
* Imagen principal: Foto de Line Knipst mediante pexels.com
* Historia original en inglés: https://news.mongabay.com/2024/07/colombian-victims-win-historic-lawsuit-over-banana-giant-chiquita/
Publicado originalmente en Mongabay Latam
