En el marco de la instalación de la Asamblea Nacional (AN) en Venezuela el próximo cinco de enero, ¿qué se espera?, ¿se efectuará dentro de los parámetros formales?, estas interrogantes se dan antes del venidero debate político.
A continuación, cinco puntos claves sobre el acto de apertura del Parlamento y de los posibles primeros escenarios tras esa instalación.
LA INSTALACIÓN
La Constitución establece este 05 de enero de 2016 como fecha para realizar la instalación del Parlamento, es por eso, que no es necesaria una convocatoria previa.
Según lo que establece el Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional, la instalación del nuevo Parlamento está a cargo del diputado de mayor edad. Posteriormente se designa un secretario o director de debate accidental.
El parlamentario con mayor edad es Héctor Agüero, de 75 años, quien fue reelecto por el estado Carabobo por el Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv).
Mientras que la MUD realizó este domingo una votación a puerta cerrada en la que quedó electo como presidente de la AN, el diputado de Acción Democrática, Ramos Allup.
EL AMBIENTE
La expectativa en la calle se mantiene para este 5-E, se espera que adeptos a ambas coaliciones políticas participen de manera masiva en dicha actividad legislativa.
La autoproclamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a «acompañar» a sus diputados electos desde el Metro de La Hoyada, en el centro de Caracas, capital de Venezuela.
Mientras que, organizaciones, colectivos sociales y movimientos políticos que conforman el proceso político del Gobierno nacional efectuarán una movilización bajo el lema “Los de Chávez a la Calle”. El punto de concentración será en Plaza Venezuela, Caracas.
LA POLÉMICA CONFORMACIÓN
El pasado 30 de diciembre, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, aceptó los recursos interpuestos para impugnar los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre en circuitos de los estados Amazonas, Yaracuy y Aragua, además del representante indígena de la región sur de dicho país.
Tres de los diputados impugnados pertenecen a la MUD y uno al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se espera que la AN se instale con 109 diputados de la oposición y 54 del oficialismo.
Tras estas medidas del TSJ, a través de un comunicado la MUD, anunció que harán caso omiso a las impugnaciones del ente judicial.
El secretario general de la MUD, Jesús Torrealba, afirmó que irán en contra de esa sentencia, agregando que tienen “un mecanismo”, sin precisar mayores detalles.
Las medidas aplicadas por el TSJ afectaría la mayoría calificada de 2/3 partes de la MUD.
Según lo estipulado por la Constitución, la mayoría calificada se aplica respondiendo a dos criterios, el de las 3/5 partes (100 diputados) y el de las 2/3 partes (111 diputados), cada una con competencias específicas en lo que se refiere a la creación o supresión de Comisiones Permanentes, aprobación o modificación de Leyes orgánicas, elección o remoción de titulares de otros poderes, entre otras.
¿LOS PRIMEROS DEBATES?
La derecha venezolana pretende promover cuatro leyes el próximo 5 de enero.
Una ley para “otorgar títulos de propiedad” a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, una “ley de producción nacional”, una ley que norme los tickets de alimentación y medicinas para los jubilados” y por último una «Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional», esta última la más polémica, Así lo informó el pasado 28 de diciembre el diputado de Primero Justicia Julio Borges. Dicha ley pretende la liberación de políticos presos por corrupción o actos desestabilizadores.
Para Borges, la «Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional», “logrará la apertura de un diálogo nacional (…) buscamos beneficiar a nuestros presos políticos, exiliados, personas que han sido inhabilitadas políticamente y procesadas y que no cuentan con ningún tipo de justicia. Esta ley beneficiará a decenas de personas que se encuentran en estas situaciones».
Ante estas declaraciones, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, replicó diciendo “No puede haber impunidad frente a asesinos. No se puede tratar de aplicar lo que ellos hacían cuando eran poder, asesinaban al pueblo y el culpable era el pueblo asesinado (…) y no me pidan perdonar asesinos”, sostuvo.
Por su parte, el abogado y constitucionalista Hermann Escarrá, sostuvo en un foro realizado el pasado 17 de diciembre que «el artículo 7 de la Constitución es claro, es decir, no existe ningún organismo público que emita algún tipo de acto que no sea objeto de control constitucional, de tal manera que en el momento en que presenten la Ley de Amnistía, uno de los recursos es la incostitucionalidad ante el TSJ, que además tiene la potestad de suspender ese debate, pero a eso hay que agregar que el Presidente tiene el derecho de vetar», precisó.
UN PUNTO APARTE: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Otro de los puntos polémicos es el tema de los medios de comunicación, mas allá de la aprobación de la entrada al hemiciclo para los periodistas anunciada por la oposición, el tema central está en el debate de la función de los medios públicos en la cobertura parlamentaria (caso de la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV) ) y en la cobertura nacional.
EL DATO → El dirigente opositor, Henry Ramos Allup amenazó el pasado 6 de diciembre con realizar cambios drásticos en ANTV.
Integrantes de la bancada opositora han manifestado públicamente su necesidad de revisar las leyes que norman a los medios de comunicación, mientras que voces del Sistema Nacional de Medios Públicos han salido en defensa de lo que han considerado “ataques” a su labor por parte de la oposición.
