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Uruguay y un largo historial de corrupción con las offshore Vendedores de cuchillos

Samuel Blixen

“El que abre una offshore algo quiere ocultar”, sentenció el senador suplente del Mpp Andrés Berterreche, en los primeros coletazos vernáculos de los papeles de Panamá. El ex presidente del Instituto de Colonización apuntaba contra su colega del Partido Colorado Pedro Bordaberry, en un indisimulado ajuste de cuentas al proponer la instalación de una comisión investigadora –“igual que la de Ancap”– para desentrañar las manipulaciones del dirigente de Vamos Uruguay con una offshore radicada en Panamá que casi le permitió quedarse con un campito de 4 mil hectáreas.

La sentencia de Berterreche se ajusta con precisión a la función de las actividades offshore en la estructura de negocios financieros y de manipulación de capitales. El calificativo offshore refiere a operativas extraterritoriales, sean realizadas por bancos, holdings, grupos o sociedades anónimas. Estos instrumentos pueden ocultar el nombre de un señor que no quiere que se sepa que ganó el Cinco de Oro o el de aquel otro que pretende lavar millones de dólares del narcotráfico. En el medio de un amplísimo espectro, las actividades offshore monopolizan las extendidas prácticas de evasión fiscal, ya sea de un conglomerado industrial como de un jugador de fútbol con magia en sus pies.

Los empresarios que manejan las empresas offshore apelan invariablemente a las excepciones “inocentes” para encubrir el universo de manipulaciones ilegales y antiéticas. En tal sentido, Uruguay tiene una impactante historia referida a las offshore, que encubrieron estafas, defraudaciones, corrupciones, blanqueo de capitales y vaciamiento de empresas y de bancos; el “delito extraterritorial” sigue hasta el día de hoy. El punto de partida es el carácter “legal” de la actuación de intermediarios que fabrican sociedades anónimas y gestionan la creación de empresas offshore. Esa legalidad tiene su punto de partida –cuándo no– en el tramo final de la dictadura militar cuando formalmente el país fue convertido en un paraíso fiscal. Antecediendo a la ley de intermediación financiera, el “presidente” Aparicio Méndez anunciaba en un decreto de octubre de 1979 “la consagración de Uruguay como plaza financiera internacional”, reglamentando el tránsito y comercialización de metales preciosos, oro, plata y platino, completamente exentos de todo impuesto y tributo, e incluso de cualquier registro.

Por supuesto, el decreto convertía el delito en acto legal: oro contrabandeado de Brasil, de Venezuela e incluso de Sudáfrica, se legalizaba no bien entraba al país. Durante cuatro años, entre 1982 y 1986, Uruguay fue el primer exportador de oro a Estados Unidos, a un promedio de 100 toneladas por año; las cuentas de comercio exterior no cerraban. Uruguay vendía a Estados Unidos 100 millones de dólares, pero Estados Unidos importaba por 500 millones. La incongruencia no molestó a ningún gobernante, ni uruguayo, ni brasileño, ni estadounidense, por más que la balanza comercial se desbalanceara con actividades de contrabando de metales preciosos.

El del oro es un ejemplo de cómo la norma legal puede amparar el delito. Y en ese camino siguió Uruguay cuando el secreto bancario y el secreto comercial ampararon la multiplicación exponencial de las sociedades anónimas financieras de inversión (Safi), unas 5 mil sociedades creadas y operativas en los últimos 30 años. Las Safi se fabricaban como quien hace tortafritas: algunos bufetes de abogados, aquellos que mantenían relaciones con empresas y empresarios en el exterior, registraban sociedades anónimas con directores que eran sus propios empleados. Las firmas quedaban congeladas hasta que apareciera algún cliente; entonces se traspasaban las acciones y se nombraba un nuevo directorio.

En la mayoría de los casos el bufete se encargaba de la administración de la Safi vendida, que podía triangular operaciones subvaluando o sobrevaluando la mercadería, elaborar toda la documentación, depositar o retirar dinero en bancos del exterior, transferir capitales y adjudicar dividendos, siempre y cuando los negocios no se realizaran en Uruguay. Al final de los ochenta una sociedad anónima común podía comprarse en 2 mil pesos; y con 8 mil pesos un empresario brasileño o un funcionario argentino podía hacerse de una Safi viniendo en un avión por la mañana y regresando por la tarde.

EL RITMO DE LOS NOVENTA. Eso es exactamente lo que ocurrió con el llamado “Yomagate”, un escándalo de lavado de dinero producto de coimas y de tráfico de drogas que involucró a la secretaria de audiencias de la Casa Rosada, Amira Yoma, cuñada del presidente Carlos Menem, y al secretario de Recursos Hídricos Mario Caserta. Por lo menos cuatro sociedades anónimas uruguayas permitieron lavar parte del dinero que una banda de narcotraficantes trasladaba en valijas a Ezeiza, donde Ibrahim Ibrahim, esposo de Amira Yoma y director de la aduana del aeropuerto, hacía la vista gorda, En varias ocasiones Amira trasladó las valijas a Punta del Este y depositó el dinero en bancos de plaza. Las Safi también permitieron el trasvasamiento de las coimas que los testaferros de Menem cobraron por entregar a Ecuador material bélico, en momentos en que una crisis con Perú, que amenazaba terminar en guerra, instaló un embargo sobre venta de armas. La estatal Fabricaciones Militares también vendió armas a Irán, con la misma ruta de las Safi uruguayas.

A comienzos de 1989 fueron allanadas las oficinas de dos cambios, Italia y Dyana, vinculados a la pata uruguaya de un sofisticado mecanismo de lavado de narcodólares con el pretexto de venta de oro uruguayo. Cuando el Banco Central decretó la clausura del cambio Dyana se supo que en el directorio de Ariadna SA, su razón social, figuraban el ministro del Interior del gobierno Lacalle, Angel María Gianola, y el ex director nacional de Turismo, y ex embajador en Gabón, mayor del Ejército (r) Alberto Casabó.

Otro funcionario del gobierno de Lacalle tuvo un protagonismo particular en la manipulación de Safi. Mientras fue ministro de Economía, Ignacio de Posadas no desatendió nunca las actividades de su bufete Posadas, Posadas y Vecino: antes y después casi monopolizó las actividades offshore con empresarios brasileños. Un texto en portugués, impreso en papel satinado, informaba que su despacho de abogados se especializaba en ayudar a sus clientes a reducir impuestos y a realizar las triangulaciones comerciales y financieras que facilitaba el sistema legal uruguayo. Uno de sus clientes era el empresario Alcides Diniz, miembro de una poderosa familia paulista. Empeñado en salvar al presidente Collor de Melo del impeachment que finalmente lo sacó del Palacio de Planalto, Diniz se encargó de justificar unos 5 millones de dólares para fundamentar el origen “legal” de las coimas recibidas. Diniz ordenó a su secretaria que llamara al “doctor Ignacio”, y de la conversación telefónica con Montevideo surgió un esquema para inventar un préstamo supuestamente otorgado a Collor para el financiamiento de su campaña electoral. Un mercachifle de corretajes de bolsa, que nunca en su vida llegó a tener 5 millones de dólares, se hizo cargo del préstamo; una Safi del estudio de De Posadas se encargó del papeleo, donde las fechas eran mucho más viejas que el papel y la tinta. La secretaria desnudó la farsa al declarar ante los investigadores parlamentarios.

El estudio Posadas, Posadas y Vecino tenía, a comienzos de los noventa, una oficina en Panamá. Curiosamente, una empresa offshore instalada en Panamá, San Luis Financial Investment Co Lted Inc, más conocida como San Luis Financial, integrada por representantes del JP Morgan, el Credit Suisse, el Dredsner Bank y los dos dueños del argentino Banco General de Negocios, Carlos y José Rohm, compró el Banco Comercial, que habían vaciado los antiguos dueños, Braga, Otegui y Vargas Garmendia. De la mano del ministro De Posadas el Comercial se preparaba, desde la culminación del gobierno de Sanguinetti, para una primera reprivatización, una vez que el Estado lo saneara. San Luis Financial adquirió el banco, en una operativa extraña: en lugar de pagar, cobró.

Diez años después, a comienzos de 2002, los Rohm comenzaron a vaciar el banco mediante autopréstamos y “deudas” generadas por el San Luis Financial. El presidente Jorge Batlle y el ministro de Economía, Alberto Bensión, instruyeron al presidente del Banco Central para que evitara la corrida bancaria. El colorado Rodríguez Batlle inició gestiones con los socios del San Luis para que capitalizaran el Comercial. Fracasó, por lo que aceptó una contrapropuesta: los dueños del Comercial le extenderían al gobierno uruguayo un préstamo de 100 millones de dólares. El Comercial se cayó, y un año después los dueños del Comercial reclamaron el pago del préstamo. El abogado De Posadas, como no podía ser menos, fue parte de las negociaciones por las cuales el grupo Advent compró a precio de liquidación el Comercial, que se convirtió, como ave fénix, en el Nuevo Banco Comercial.

Aquel invierno de 2002 fue tétrico para el gobierno de Batlle. También cayó el Banco Montevideo, propiedad de la familia Peirano, y su descalabro estuvo asociado a la existencia de una empresa offshore, con asiento en Islas Caimán, llamada Trade and Commerce Bank (Tcb), donde los Peirano simularon derivar depósitos inicialmente colocados en el Banco Montevideo. Los Peirano tenían unas 27 sociedades anónimas que recibieron unos 70 millones de dólares en préstamos del Banco Montevideo. El Banco Velox, propiedad de los Peirano en Argentina, recibió 333 millones de dólares, y el Tcb de Caimán recibió 133 millones de dólares. La offshore de los Peirano tenía locales en Zonamérica (ex Zona Franca de Montevideo) a través de la firma Latinur SA, que derivó préstamos a miembros de la familia Peirano; el Banco Central nunca controló a Latinur SA.

En 2012 el gobierno de José Mujica impulsó cambios en la legislación y la normativa sobre el secreto bancario y las sociedades anónimas. Para entonces, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) había incluido a Uruguay en una “lista gris” de países donde el secreto en sus diferentes modalidades facilitaba el lavado de dinero y la evasión fiscal. Entre las medidas se incluyó la obligatoriedad de nominar las acciones de sociedades anónimas y se eliminó la creación de Safi. Pero quedaron autorizadas y en condiciones de operar todas las ya registradas.

Las medidas –y la confrontación de argumentos– provocaron un pequeño terremoto en la interna del gobierno, porque el vicepresidente Danilo Astori no compartía los criterios más extremos expuestos por el presidente Mujica y en particular la sugerencia de eliminar el secreto bancario. Así fue que, por ejemplo, no se alteró el esquema de los bancos y empresas offshore registrados en el Bcu para operar en el país. En agosto de 2013 la jueza Adriana de los Santos ordenó el allanamiento de las oficinas del offshore Royal Bank of Canada (Rbc) en Zonamérica y la representación de la financiera Alhec Group en el World Trade Center. El operativo fue solicitado por el juez argentino Norberto Oyarbide y coincidió con otros 150 allanamientos simultáneos en Argentina y Chile. La razón: una megacausa sobre lavado de activos con el pretexto de la compra y venta de jugadores de fútbol. La investigación incluía los pases de unos 15 futbolistas argentinos y la responsabilidad de dirigentes de San Lorenzo, Vélez e Independiente, y de contratistas. La financiera Alhec, con oficinas en Chile y en Uruguay, estaba identificada como el centro del lavado de dinero en operaciones por decenas de millones de dólares. Los allanamientos y las incautaciones provocaron reacciones y críticas en medios financieros de los que se hizo eco el vicepresidente Astori, para quien el Rcb había sido tratado como si fuera una bodega con contrabando. Según las autoridades del Rcb, los allanamientos erosionaron la “confidencialidad de los clientes”.

INSTRUMENTO PREFERIDO. El lavado detrás de los pases de futbolistas quedó en un cómodo cono de sombra hasta que el escándalo de la Fifa elevó a la condición de procesado y después de “arrepentido” al hasta hace poco zar del fçutbol sudamericano Eugenio Figueredo, con la asistencia legal recibida por el estudio del presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani.

Las andanzas de uno y otro aparecen en los papeles de Panamá, según las informaciones divulgadas por el Consorcio de Periodistas de Investigación, que el domingo 3 provocó taquicardias a nivel global y hasta alguna renuncia de jefe de Estado (para no mencionar la del propio Damiani Junior, quien debió declinar su cargo nada menos que en el Comité de çEtica de la Fifa). Según esos adelantos, a cuenta de toda la documentación sobre Uruguay que como parte del consorcio recibió el semanario Búsqueda, también figuran otros bufetes responsables de haber creado empresas offshore administradas por el estudio panameño Mossack Fonseca (y decenas de personalidades de los ámbitos financieros, políticos y deportivos; a propósito, véase recuadro).

Otro enlace Panamá papers-futbol-estudio jurídico uruguayo tiene como protagonistas a Lionel Messi y al ex senador blanco Sergio Abreu. Tan sólo un día después de que la Agencia Tributaria española descubriera que Messi y su padre Jorge Horacio Messi habían diseñado una red de sociedades anónimas para ocultar los verdaderos ingresos del futbolista por derechos de imagen, y evadir 4,1 millones de euros, siguieron facturando a espaldas del Estado español mediante la empresa panameña cuya creación facilitó el senador blanco a raíz de su relación personal con Messi padre. Abreu dijo que su protagonismo consistió en conectar a Jorge Messi con las oficinas en Uruguay del estudio Mossack Fonseca. Abreu dijo que su estudio “no tiene nada que ver”. Sin embargo, Búsqueda reveló en su edición de ayer documentos que no dejan bien parado al senador. En una “carta de indemnización” que el estudio de Abreu envió a Mossack Fonseca el 23 de junio de 2013 durante los trámites para constituir la compañía de los Messi, Sergio Juan Abreu Muxí (hijo del senador) afirmó bajo juramento –consigna la publicación– que su estudio mantiene “una relación de negocios con la persona a nombre de la cual solicitamos los servicios de Buffete MF & Co” y que practicaron todas las medidas para conocer al cliente. Pero además existen varios e-mail del estudio de Abreu enviados a Mossack para hacer trámites en nombre de la familia Messi (“Agradecería me enviaran los documentos que deben ser firmados por nuestro cliente, así como todo lo necesario para realizar el trámite, de tal manera que su nombre no quede inscripto en el Registro Público de Panamá”, escribió una abogada del estudio de Abreu en un correo). El ex canciller blanco utilizó esta imagen para caracterizar el rubro de su estudio: “Es como que vos vendas un cuchillo y vos no sabés si el comprador va a matar a la madre, el padre y al hijo o va a cortar un churrasco”.

Un desmentido igual de enérgico difundió el senador Pedro Bordaberry, quien en un comunicado afirmó que “nunca fui propietario de sociedad alguna constituida en Panamá” y que “nunca” utilizó una sociedad de ese tipo. Aclaró, no obstante, que había recibido un poder de representación de una sociedad panameña, pero que “nunca fui director de dicha sociedad ni la representé en acto alguno ni utilicé poder alguno de la misma”.

La tajante aclaración no aclara, empero, su protagonismo en un entredicho con el Instituto Nacional de Colonización del que dio pormenorizada cuenta la periodista Isabel Fernández en Caras y Caretas. Según ese informe, Bordaberry, abogado y representante de la firma Levsey SA, ofrecía pagar a la Intendencia de Maldonado una deuda por contribución inmobiliaria por unas tierras de la antigua empresa Rausa; los inversores que representaba el senador tenían intención de comprar esas tierras.

En 2004 el Brou cedió el crédito de Rausa a la empresa Levsey SA. Aunque las tierras estaban valuadas en 3.500.000 dólares, la sociedad anónima pagó sólo 2.250.300 dólares. Bordaberry era por entonces ministro de Turismo del gobierno de Batlle. Meses después una empresa, Portmar Investment Group SA, con sede en Panamá, adquirió los créditos hipotecarios de las tierras de Rausa que le cedió Levsey SA. Según la periodista, Bordaberry y su socio Diego Viana Martorell eran apoderados de Portmar, cosa que ahora niega el senador colorado. Portmar llegó a un acuerdo con la empresa Rausa para arrendar las tierras a 15 años. El contrato fue firmado por el bufete Jiménez de Aréchaga, Viana y Brause, en representación de la empresa panameña, aunque allí no figura el nombre de Bordaberry. Las tierras finalmente pasaron a manos de Colonización, después de un largo pleito por simulación. El Inc cobró, además, una multa de 250 mil dólares.

El responsable de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Carlos Díaz, dijo a Brecha que se aguarda que la próxima semana surjan novedades respecto de la investigación de las actividades de Eugenio Figueredo y del estudio de Damiani. Díaz afirmó que nada de lo conocido hasta ahora sobre Uruguay en los papeles de Panamá constituye una novedad para esa oficina de la Presidencia. Sin embargo, es posible que constituya una novedad la participación del estudio jurídico Posadas, Posadas y Vecino, acusado de intervenir en los casos de corrupción en Brasil conocidos como el escándalo Lava Jato. La cadena O Globo vinculó a De Posadas con las coimas recibidas por el presidente de la Cámara de Representantes Eduardo Cunha, titular de cuentas bancarias en Suiza, donde se depositaron dineros provenientes de Petrobras. Las cuentas están a nombre de la empresa offshore Netherton Investment, que extendió poderes de representación a Jorge Haiek Reggiardo y Luis María Piñeyrúa, ambos integrantes de Posadas, Posadas y Vecino, según O Globo. Piñeyrúa y Haiek fueron identificados como quienes abrieron las cuentas y realizaron las transacciones. Aunque se trate de coimas repartidas en Brasil, el carácter uruguayo de los intermediarios quizás merezca una investigación local.

(recuadro)

Establishment

El semanario Búsqueda (participante del consorcio de medios que accedió a los documentos filtrados) difundió ayer un nutrido listado de uruguayos mencionados en los papeles de Panamá. La publicación telefoneó a la mayoría de los involucrados, quienes se abocaron a deslindar cualquier participación en “ilegalidades” o a responder que ya no son titulares. También estuvo el hecho curioso de que el herrerista Conrado Hughes directamente no recordaba haber sido titular de una offshore.

Entre los mencionados por ser clientes de Mossack Fonseca, accionistas de sociedades o intermediarios aparecen:

EMPRESARIOS. Juan Pedro Damiani; la pareja del canciller Nin, Patricia Damiani; el fundador de la bodega Joanicó Juan Carlos Deicas y su hijo; Nicolás Jodal (software); el inversor inmobiliario y esposo de la senadora Verónica Alonso, Marcer Gerwer; integrantes del “grupo Cardoso” (propietarios de Disco-Devoto-Géant, Canal 12 y la propia Búsqueda; Julio Szafran (ex administrador del holding de Paco Casal en Panamá); Máximo Fernández (ex Fripur); Romualdo Rodríguez (rematador); Martín Secco (Marfrig); Cecilia Pombo (accionista de medios); Javier Luis Lestido; Orlando Dovat (Zonamérica); Daniel Weiss (construcción); Francisco Ravecca (Endeavor Uruguay); Pablo Montaldo (Liga de Defensa Comercial), Moisés Maman (textil), Esteban Pino (ex gerente de Ta-Ta) y Eduardo Kohn (B’nai B’rith)

CONSULTORES. Germán Vecino (Posadas, Posadas y Vecino), Nicolás Juan (Guyer y Regules), Pedro Konrad, José Luis Shaw (ex catedrático de derecho financiero), Alfredo Kaplán, Fernando Jiménez de Aréchaga, Víctor Paullier y Michele Santo.

AGENTES DE BOLSA. Federico Araújo, Ignacio Vilaseca, Pablo Fuchsberger, Jorge di Matteo, Eduardo Maiorano y Federico Rebagliatti.

POLÍTICOS. Sergio Abreu (PN), Ricardo Zerbino (PC), Francisco Gallinal (PN), Edgardo Novick (PC), Miguel Brechner (FA), Elbio Scarone (ex director del Bhu en el primer gobierno de Vázquez), Conrado Hughes (PN) y Pedro Bordaberry (PC).

FÚTBOL. Eugenio Figueredo, Francisco Casal (aparece vinculado a cinco sociedades anónimas en Panamá tramitadas ante Mossack Uruguay), Paolo Montero, Ricardo Canals, Gustavo Méndez y Diego Forlán.

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Con este texto del Semanario Brecha, de Uruguay, Desinformémonos inicia un convenio de colaboración que incluye también al periódico Diagonal, de España, y al colectivo La Vaca, de Argentina.

Página de Brecha: http://brecha.com.uy

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