Guatemala, Guatemala. Cuando el histórico juicio por genocidio y crímenes contra la humanidad contra el General Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez se acercó a su etapa final, y restaba la declaración de solamente tres testigos, llegó la decisión de suspenderlo y con ello, la violación de los derechos humanos de miles de víctimas.

La Corte Constitucional (CC) solicitó el 9 de abril a la jueza Carol Patricia Flores, del Tribunal de Mayor Riesgo A –quien tuvo a su cargo el caso por genocidio en sus etapas iniciales- resolver una petición de los abogados de los acusados para emitir algunas pruebas que se presentaron tarde en el proceso. A pesar de que la CC resolvió que “los medios probatorios rechazados a los amparistas perfectamente pueden diligenciarse dentro del juicio correspondiente sin afectar el inicio del proceso, o, bien, retraerlo a etapas ya desarrolladas, situación que sería ilegal”, Patricia Flores resolvió anular el desarrollo del caso a partir del 23 de noviembre de 2011, día en que ella dejó de controlarlo.

Esta decisión dejará a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez nuevamente en libertad. La resolución asombró por su frialdad en el sentido humano y su torpeza en el sentido jurídico, y mientras Ríos Montt y sus abogados se rieron, los rostros de los ixiles presentes mostraron desolación e incertidumbre. “Se burla de la justicia y de miles de víctimas”, replicó Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), querellante adhesivo en el juicio, quien solicitó que se revisara la resolución.

De manera espontánea, los sobrevivientes de las masacres, que día tras día siguen el juicio, organizaciones de derechos humanos y otras personas indignadas se juntaron fuera de la Suprema Corte en una vigilia nocturna para exigir la continuidad del proceso, y dar ánimo y solidaridad a los sobrevivientes, que de nueva cuenta se vieron traicionados por la justicia. Mantas con consignas, centenares de velas y flores adornaban las paredes de la corte, mientras los centenares de personas gritaban consignas exigiendo justicia y solidarizándose con los ixiles.

Aún hay esperanza

Al día siguiente de la resolución, el viernes 19 de abril, la jueza Jazmín Barrios del Tribunal de Mayor Riesgo B, que lleva el juicio desde que inició el pasado 19 de marzo, siguió firme.  “No recibimos órdenes ilegales. Somos obedientes a la Constitución. Es la CC la única que puede decidir si anula un debate», expresó ante los acusados, que este día no fueron acompañados por sus defensores. En vez de anular el proceso, Jazmín Barrios ordenó esperar la resolución de la CC y nombrar defensores públicos para los acusados, ya que estos habían sido abandonados por sus defensores.

Por tanto, en próximos días debe llegar una resolución de la CC que decida si  se anula o no el caso. Mientras, la jueza Patricia Flores será investigada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CiCig) y por el Ministerio Público.  La jueza tiene un historial con manchas que para estos dos organismos indica que debe ser investigada. Entre otros casos, el pasado 14 de febrero resolvió que los militares que masacraron a siete indígenas en Totonicapán el 4 de octubre de 2012 no podían ser procesados.

Sin sorpresas

Aunque el giro en el caso resulta surrealista, a la mayoría de los guatemaltecos que siguen el proceso no les sorprende. Hubo señales, empezando por la ineficaz defensa de los abogados de los acusados, tan simple y carente de argumentos que apunta a que su apuesta siempre fue otra. No es la primera vez que la debilidad del sistema de justicia de Guatemala determina un caso, y en éste se defiende a una alianza entre las oligarquías militares y económicas, y los sectores más pudientes del país -que parece que tienen mucho que perder si la sentencia de los acusados es condenatoria.

El escándalo causado por los defensores en la Suprema Corte horas antes de que la jueza Patricia Flores diera la resolución ilegal – en el que éstos abandonaron  la Corte seguidos por el aplauso de los veteranos militares presentes entre el público, ante reiterados llamados de atención de Jazmín Barrios, quien ordenó, sin éxito, que la guardia de seguridad los detuviera- indica que ellos ya sabían el sentido de la resolución de Flores. Uno de los abogados  de Ríos Montt, momentos antes,  expresó algunas cosas que hicieron pensar que ya sabía también. Las repetidas referencias a la CC por parte de Jazmín Barrios sugieren que también ella adivino qué sucedió en “los corredores.”

A la par del inicio del histórico juicio, el pasado 19 de marzo, se desató una guerra propagandística contra el conocimiento de la verdad y la justicia, que de manera escalofriante evidencia que quienes hicieron la guerra contra la población indígena desarmada, causando tanto sufrimiento, están dispuestos a recurrir a cualquier medio para proteger la impunidad de la que gozan las oligarquías militares y económicas en Guatemala. El anuncio a los medios de comunicación de uno de los abogados de Ríos Montt,  Jaime Hernández, en el sentido de que “si el país y la justicia siguen como ahora, habrá otro Venezuela”, indica lo mismo.

Quiénes defienden la impunidad

A 16 años de la firma de los Acuerdos de Paz, y a 30 años de la implementación de la estrategia contrainsurgente de “tierra arrasada” -destinada a exterminar al pueblo ixil-, no se ha sentenciado a casi ningún militar. Quizás éstos nunca se imaginaron que se sometería al general Ríos Montt a proceso. Ahora, el miedo impera. La reciente convocatoria de la organización de veteranos del ejército, AVEMILGUA, a un plantón para pedir firmas rechazando el juicio, lo ejemplifica: “Recuerden que el día de mañana puede ser usted el acusado de genocidio”.

A inicios de abril,  en la Suprema Corte, un testigo protegido -quien fue kaibil durante los años sangrientos en los que Ríos Montt era jefe de Estado en Guatemala (1982-1983-), a través de un interrogatorio realizado por videoconferencia, ligó directamente con las masacres al presidente Otto Pérez Molina bajo el seudónimo “Tito Arias”. A partir de la declaración de este testigo, las campañas anti-juicio arrancaron con más fuerza.

A través del informe “La Farsa del Genocidio”, distribuido en redes sociales, canales de radio y de televisión, y en agregados a la prensa escrita, los militares intentaron manipular a la opinión pública. Inserciones pagadas a la prensa, firmadas falsamente en nombre de uno de los querellantes adhesivos en el caso, la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), tienen el mismo objetivo. El revisionismo histórico marea por su crueldad y cinismo.  La idea central es que quienes exigen justicia son terroristas y enemigos de la paz, y que son organizaciones no gubernamentales con financiamiento las que manipulan a las víctimas. Fuertes campañas contra la cooperación internacional, en especial contra las embajadas de los países escandinavos, es parte del “combo”. En realidad, las tácticas propagandísticas de los estos “señores de la guerra”, no cambian mucho desde los años ochenta.

Los portavoces de las campañas son militares, columnistas de la derecha y ex ministros de Estado. Incuso el presidente Pérez Molina se pronunció en varias ocasiones, sumándose al posicionamiento de que las más de 440 comunidades arrasadas fueron excesos o errores, y no genocidio. Que el presidente pretenda convertirse en juez mientras el país está en medio de –quizás- el más importante juicio en su historia en realidad es un escándalo para un Estado democrático que parece pasar casi desapercibido en los medios de comunicación.

¿Qué paz defienden los militares?

Defender la paz pareciera ser, para los militares,  sinónimo de defender el status quo, ya que la oleada de represión selectiva contra líderes sindicales, indígenas, estudiantes y campesinos -desde el ascenso al poder del gobierno militarista de Otto Pérez Molina- se asemeja menos a la paz, y más a la guerra sucia de los años setenta, cuando la violencia y la persecución política todavía no eran la violencia masiva que se viviría en los ochentas.

Encarcelamientos, atentados y secuestros se dan con frecuencia en Guatemala, especialmente en torno a los conflictos causados por los mega-proyectos mineros, hidroeléctricos y de monocultivos que promueve la oligarquía económica en alianza con empresas transnacionales, sin respetar el derecho a la consulta que tienen los pueblos. A mediados de abril, Daniel Pedro Mateo, un líder comunitario de Santa Eulalia, en Huehuetenango, apareció muerto y con señales de tortura después de varios días de estar desaparecido. Su muerte se integra a la ya larga lista de casos y nombres de quienes han sido víctimas de la impune represión del Estado en el marco de su lucha en defensa del derecho a la vida de sus comunidades.

Vigilia afuera de la Suprema Corte

Publicado el 22 de abril de 2013