Estado Español. Ante el decreto de la nueva ley de sanidad, tanto inmigrantes como ciudadanos españoles afectados, y diversos colectivos que agrupan a médicos, enfermeras y personal sanitario se organizan en una plataforma llamada “Yo sí sanidad universal”, cuyo principal objetivo es echar abajo las reformas y crear una red de comunicación entre profesionales de la salud y usuarios, que permita a las personas que han sido excluidas del sistema de salud nacional recibir atención médica.
Antes de la entrada en vigor de la actual reforma sanitaria, el sistema de salud español, cuyo coste es uno de los más bajos de la Unión Europea, garantizaba la prestación de asistencia médica por el solo hecho de ser ciudadano viviendo en el país. En 1998, una reforma a las leyes estableció la separación de la financiación de la salud de las cuotas que empresarios y trabajadores pagan a la seguridad social, quedando estas cuotas únicamente para financiar las prestaciones por desempleo y las pensiones. La sanidad pasó a ser un rubro de los presupuestos generales del Estado, con lo cual su financiación se realiza a través de los impuestos, tanto directos vía gravamen sobre la renta, como indirectos, vía IVA o impuestos especiales sobre el alcohol, el tabaco y, en muchas comunidades autónomas, el llamado “céntimo sanitario”, que grava las gasolinas. Teníamos entonces, una sanidad para todos los ciudadanos, pagada entre todos los ciudadanos.
Pero la sanidad es un negocio muy lucrativo, como bien muestran los grandes beneficios de las empresas farmacéuticas, y existen muchos intereses, de forma que, desde hace bastantes años, las políticas neoliberales practicadas tanto por gobiernos claramente de derecha como por gobiernos de corte socialdemócrata, han estado intentando convencernos de que la sanidad es muy cara y de que, además, la gestión pública de la misma la hacía más cara aún y poco eficaz. Por ello, muchas comunidades autónomas cedieron a la iniciativa privada buena parte de la gestión hospitalaria, y aunque ello no ha traído mejoras y ni ahorros en la gestión, sí ha logrado que una parte importante de fondos públicos vaya a parar a los bolsillos privados de los accionistas de esas empresas.
La actual reforma del sistema sanitario español divide a los ciudadanos en asegurados y no asegurados, insiste en la idea de despilfarro de la gestión pública y desvía la responsabilidad de los presuntos costes elevados hacia los usuarios, a los que acusa de manera más o menos explícita de acudir excesivamente al médico y de tomar más medicinas de las necesarias, lo que hace necesario también, implantar lo que ha dado en llamar “sistema de co-pago farmacéutico”, y que en realidad es un “repago”, pues se aumenta la parte que el enfermo ha de pagar por las medicinas, junto con la expulsión del sistema sanitario de una parte de esa ciudadanía que lo financia con sus impuestos, pero a la que se le exige una serie de papeles en regla que no son nada fáciles de conseguir, como la tarjeta de residencia en el caso de los emigrantes.
Este cambio en la concepción del sujeto objeto de derecho de la sanidad no es una reforma a la que el gobierno se ve obligado por la crisis, sino un cambio en el modelo de prestación sanitaria que abre la puerta a su privatización total. Esta distinción entre ciudadano y asegurado afecta en primer lugar a la población inmigrante sin papeles; con claros tintes racistas, se les está acusando de colapsar “nuestro” sistema de sanidad pública ya que se aprovechan de una gratuidad a la que no tienen derecho porque no tienen papeles; obvia el gobierno que la salud es un derecho de los seres humanos y que además, con papeles o sin papeles, cada vez que un inmigrante paga el IVA o cualquier otro impuesto, está pagando esa sanidad que ahora se le niega.
Pero no es sólo a estos ciudadanos a los que afecta el decreto; afecta también a los oriundos de países de la Unión Europea, del llamado Espacio Económico Europeo o de Suiza que, estando en España, no tengan la categoría de residentes en este país; afecta a la ciudadanía española y extranjera, que teniendo sus papeles en regla, sean mayores de 26 años, no hayan percibido nunca una prestación por desempleo, y tengan rentas superiores a una cantidad anual que puede variar; afecta, a los estudiantes universitarios que reciben becas que no están sujetas a cotización, pero sí al impuesto sobre la renta; afecta a las personas que no han conseguido aún su primer empleo, a las personas divorciadas que no están a cargo del ex cónyuge, a las personas separadas de parejas de hecho no formalizadas y las personas con una discapacidad inferior al 65 por ciento que no hayan conseguido nunca trabajar.
El gobierno afirma que, en cualquier caso, ninguna de estas personas quedará totalmente desprotegida, ya que el mismo decreto-ley que les priva de asistencia primaria y preventiva, permite que sean atendidos en los servicios de urgencia en caso de enfermedad grave, accidente o embarazo, lo que contradice que los recortes sean para ahorrar, puesto que la atención de urgencia siempre es mucho más cara.
Este cambio abre la puerta, y ya están empezando a hablar de ello desde el gobierno, a que algunas pruebas médicas como las mamografías o la rehabilitación tras una enfermedad grave, queden fuera de las prestaciones de la sanidad pública, además de suponer un grave riesgo para la salud de la población en general, ya que al no poder acceder a la atención primaria sanitaria, las enfermedades de tipo infectocontagiosas, sea una simple gripe o algo más importante, tardarán mucho más en ser detectadas con el peligro de contagio que eso conlleva.
Yo Sí Sanidad Universal
Ante la grave pérdida de derechos, que no afecta sólo a la población inmigrante sin papeles, desde abril pasado diferentes personas y colectivos que agrupan a médicos, enfermeras, personal sanitario y administrativo que trabaja en sanidad, así como usuarios y usuarias con y sin tarjeta sanitaria, se han juntado en torno a una plataforma llamada “Yo sí sanidad universal”.
El objetivo prioritario de esta plataforma es tirar el decreto, hacer que no se cumpla, porque significa un cambio en el modelo sanitario del país; un segundo objetivo es juntar a profesionales y usuarios para crear una red de apoyo que permita recibir atención médica a todas las personas que han sido excluidas. Para ello proponen utilizar la objeción y la desobediencia; la objeción de conciencia de médicos, enfermeras y personal sanitario y la desobediencia al decreto ley, no sólo del personal sanitario, sino de los usuarios. Como ayuda y apoyo, han creado una página web muy operativa con documentos e informaciones que marcan los pasos necesarios para este fin.
Una de las propuestas más importantes que hacen, y que ya se está empezando a llevar a cabo, es la creación de grupos de acompañamiento que apoyarían y facilitarían la conexión entre los médicos objetores y la población ahora sin derecho, para que estos últimos pudieran recibir la atención médica necesaria.
No es una tarea fácil porque, además, habrá que “inventar” y desarrollar las herramientas que hagan posible saltarse los controles informáticos y burocráticos que conlleva un sistema informatizado del cual han sido borrados cientos de miles de expedientes sanitarios que ahora será necesario llevar a mano. Además, en algunas comunidades autónomas como la de Madrid, las instrucciones de las autoridades son que se atienda a todo el que reclame esa asistencia sanitaria pero que se les cobre el importe a quienes no tengan derecho a percibirla “gratis”, haciendo que una prestación pública pase a ser privada y se pretenda cobrar a las capas de población más desfavorecidas de la sociedad.
Publicado el 17 de septiembre 2012
