Asentar los yvyra’i[1] en la tierra es echar raíces. Los teko jara, espíritus guardianes de los Kaiowa y Guaraní y sus formas de ser, ya pueblan las tierras ancestrales recuperadas por los indígenas desde el 13 de julio de 2024, en diferentes regiones de Mato Grosso do Sul (MS): en el municipio de Douradina, tres recuperaciones que conforman la Tierra Indígena Panambi-Lagoa Rica; en Caarapó, cerca de la recuperación de Kunumi Poty Verá –donde ocurrió la Masacre de Caarapó en 2016– también hubo avances, así como en la región de Takuara, donde Marcos Veron fue asesinado en 2003.

Este escenario revela un nuevo momento de recuperación que sacude al latifundio empresarial en diferentes regiones de Brasil: en el oeste de Paraná, a través del pueblo Ava Guaraní; en Rio Grande do Sul, el pueblo Kaingang; en Ceará, el Anacé; y, finalmente, en Mato Grosso do Sul.

Panambi-Lagoa Rica espera el avance del proceso de demarcación iniciado por la FUNAI en 2005 y publicado en 2011. Actualmente, el Territorio Indígena (TI) figura como delimitado en un área de ​​12.196 hectáreas y el deslinde se encuentra paralizado desde entonces con procesos judiciales en el Tribunal Regional Federal-3 (TRF3) que cuestionan su validez.

Los guaraníes y kaiowa enfrentaron un largo proceso de expropiación de sus territorios ancestrales desde finales del siglo XIX, intensificado con la creación de Reservas Indígenas por parte del extinto Servicio de Protección al Indio (SPI) y, particularmente en esta región en la década de 1940 cuando se creó la Colonia Agrícola Nacional de Dourados. Algunas fincas superpuestas a la tierra indígena se remontan a esta historia de colonización: son herederas de la violencia colonial que actualmente ocupan el área y producen heridas en el territorio a través del monocultivo de soja y maíz.

El comienzo de las recuperaciones

Volvamos al 13 de julio. La primera recuperación se llama Yvy Ajhere, que significa “tierra redonda”. El territorio cuenta con pequeñas franjas de bosque, antiguos sitios de caza y circulación de amplia biodiversidad, recolección de medicinas tradicionales e incidencia de numerosos árboles nativos, entre ellos el árbol destinado a la extracción de resina de tembetá, utilizada en el ritual kunumi pepy, cuando los niños se someten a perforaciones en los labios durante la transición de las etapas de la vida. Las mujeres mayores que participan en la recuperación, incluida una mujer de 92 años, comparten la vibrante vida ceremonial y las antiguas formas de vivienda en la zona, incluida la presencia de casas de oración que servían como espacios habitables.

El avance de las recuperaciones es reprimido con ofensivas de terratenientes utilizando decenas de camionetas, fuegos artificiales, sobrevuelos de drones y disparos de armas letales, hecho que se repite en las demás zonas recuperadas y sigue el patrón de violencia desatado en otros estados donde se movilizaron pueblos indígenas. Los ruralistas montaron una estructura frente a la recuperación de Yvy Ajhere, donde permanecen desde el 13 de julio. Allí se pueden observar dos carpas con estructuras metálicas, así como un generador de energía y una potente iluminación orientada a la recuperación. El territorio sigue ocupado por los agricultores y pistoleros, con un amplio apoyo político de los diputados federales y de los precandidatos de Bolsonaro,

En las otras reocupaciones de la región, Pikyxi’yn y Kurupay’ty, hombres armados posicionan camionetas y motocicletas en sus proximidades con vigilancia las 24 horas. En las tres zonas, los drones se utilizan para monitorear a los indígenas. A pesar de la presencia de la Fuerza Nacional, camionetas ingresan durante la noche al área de recuperación, intimidando y violando el acuerdo de no exceder el área delimitada para la seguridad de los guaraníes y kaiowa que allí resisten.

El 26 de julio comenzaron a realizarse sobrevuelos en helicóptero. Los guaraníes y kaiowa, a pesar del asedio de la macabra síntesis Estado-empresas y terratenientes, no darán marcha atrás ni negociarán el derecho a sus tierras ancestrales.

[1] Señal sagrada que marca un límite.

El Estado terrateniente

La tímida actuación del Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI) expone el uso de la cuestión indígena por parte del Gobierno Federal como moneda de cambio con los grandes terratenientes. En la práctica, la ineficacia del MPI demuestra su uso contrainsurgente y conciliador por parte del Estado, que pronto fue advertido por los pueblos indígenas: ya no es posible esperar la realización de derechos que se han prolongado durante décadas. La acción del MPI repite el guión de la militarización del territorio: se activa la Fuerza Nacional durante 90 días, se instaura la estructura de un estado de excepción que es, de hecho, permanente en Mato Grosso do Sul.

Ante la inminencia de una nueva masacre el Ministerio Público Federal (MPF) busca la misma vía de conciliación que caracteriza los tratos del Estado terrateniente, proponiendo a los agricultores el otorgamiento de 150 hectáreas supuestamente transferidas por uno de los propietarios rurales cuya finca se superpone a la Tierra Indígena. Para hacer esto, los pueblos indígenas tendrían que retirarse de las tierras recuperadas y esperar años de procedimientos burocráticos. La propuesta del MPF todavía está condicionada a la movilización de recursos federales para pagar la transferencia de tierras –lo que podría llevar años, ya que es una solución que niega los derechos de los pueblos a su territorio original-, que provoca un aparente apaciguamiento de las demandas de los pueblos indígenas.

La respuesta de las oraciones es contundente: «no negociaremos». Señalan al unísono la larga espera de más de 20 años por la demarcación, la muerte de familiares que nunca vieron recuperadas las tierras y la historia de violencia a la que están sometidos. ¿Para qué sirve el discurso de pacificación?

Algo que une a las perspectivas conciliadoras –Gobierno federal, MPF y ruralistas– es precisamente el discurso de «paz». No es casualidad que el 22 de julio se celebrara una audiencia en el MPF al mismo tiempo que la manifestación movilizada por terratenientes y políticos con el lema «paz en el campo». Los pacificadores se destacan como integrantes de la bancada de la bala: el diputado federal Marcos Pollón (PL) –coordinador del movimiento pro armas y miembro del Frente Parlamentario Invasão Zero–, el diputado federal Rodolfo Nogueira (PL) y el precandidato a concejal Sargento Prates (PL) – investigado por el MPF por las manifestaciones/campamento frente al cuartel de Dourados en 2022–, quien viene amenazando con asesinar indígenas.

La política de negociación destaca el silenciamiento de las cuestiones indígenas y la búsqueda de reafirmar sus derechos ancestrales sobre la tierra.

80 años de violencia, 20 años de promesas incumplidas

La zona de conflicto habría sido cedida por la dictadura de Getúlio Vargas a agricultores en la década de 1940 y, por tanto, concedida la propiedad durante el proceso de expulsión de indígenas, declaración de tierras baldías y reserva de poblaciones en Dourados, siendo trasladada a 50 km de la sus tierras originales, pero en ningún momento este pueblo dejó de resistir.

Actualmente, además de las reservas, los indígenas de Lagoa Rica están confinados en una superficie de apenas 300 hectáreas, donde viven más de mil personas. Una de las motivaciones de las recuperaciones es precisamente la falta de tierra: «los jóvenes están formando sus familias y no tienen dónde vivir, no tenemos tierra para plantar». Las recuperaciones son, ante todo, modos de defender y también de retomar modos de vida ancestrales.

Según denunciaron los indígenas durante la recuperación, en su mayoría mujeres y jóvenes, no confían en las propuestas de acuerdo que se han presentado y exigen la entrega total de las tierras ya delimitadas (12.196 hectáreas) ni creen en la buena fe de las instituciones y campesinos, quienes continúan con amenazas de avanzar sobre las casas de lona, ​​las personas allí presentes y los elementos de la cosmología guaraní y kaiowa que utilizan como protección.

En el conflicto ocurrido en 2005, durante el primer intento de recuperación hubo la promesa de entregar casas de mampostería, infraestructura básica de agua, acceso a la red eléctrica y escuelas. Ninguno de ellos se ha cumplido hasta la fecha bajo la excusa de no ser un área aprobada. También se prometió la devolución de las herramientas de trabajo robadas por los trabajadores rurales y sus guardias de seguridad durante redadas e intentos de desalojo ilegal, que no han sido reparadas en casi 20 años.

La farsa de la conciliación

Algunos hechos llaman la atención sobre la actuación del Gobierno Lula en MS: en el primer mes de su mandato, en 2023, se reunió con el actual gobernador para asegurarle que visitaría las obras de Nova Ferroeste, un ferrocarril que impactará decenas de territorios kaiowa y guaraní en Mato Grosso do Sul (MS) y Ava Guarani en el estado de Paraná (PR), promoviendo la expansión de la producción de soja y el avance de arrendamientos en tierras indígenas para exportación de productos básicos a través del Puerto de Paranaguá. El 12 de abril, Lula vino nuevamente a MS para enviar simbólicamente un cargamento de carne vacuna a China en un evento en el matadero JBS en Campo Grande. En su momento, propuso la compra de tierras para los Kaiowa y Guaraní como una «solución» a los conflictos entre agricultores e indígenas en MS. Tanto la soja como la carne serán prioritarias para la exportación a China, encaminadas a través del corredor de infraestructura que pretende cubrir Nova Ferroeste.

El contexto revela, por un lado, el simulacro del Estado de derecho supuestamente democrático y, por el otro, su mayor fundamento: la masacre como base que permite la acumulación capitalista. Así lo demuestran el Frente Parlamentario Invasão Zero (FPIZ) yresponsable del asesinato de Nêga Pataxó en Bahía. El discurso de la búsqueda de “seguridad jurídica, al fin y al cabo, no es más que una forma más de defensa de la propiedad privada.

Cuando analizamos los actores involucrados en los ataques contra los kaiowa y guaraní, llama la atención la red establecida entre terratenientes rurales y políticos locales, pero más allá de eso, con el crimen organizado, que también ilustra la frontera cada vez más nebulosa entre lo legal y lo ilegal.

¡Dile a la gente que siga adelante!

 El retroceso de los movimientos sociales en el país y la institucionalización de la resistencia no se corresponden con los regímenes de insurgencia permanente de los pueblos indígenas, que no han cesado en su levantamiento por la tierra, el territorio y la autonomía desde el inicio de la colonización. Las recuperaciones que se han producido en 2024, demuestran esta cuestión ineludible: no hay camino intermedio, así como no hay negociación posible sobre la tierra. La lucha está habitada por muchas fuerzas, incluidas las espirituales, que echan raíces a través de los yvyra’i. Las recuperaciones, cunas del nuevo mundo y escuelas de lucha, allanan el camino para que la sucia capa de pesticidas que habita en los monocultivos sea removida un poco más, poco a poco con las manos de los guerreros kaiowa y guaraní.

Las sórdidas y macabras redes del latifundio corporativo, también conocido como agronegocio, no engañan al pueblo, ni tampoco la política del gabinete de arriba, ni siquiera con un discurso de inclusión y migajas ministeriales. Por la puerta de atrás, la soja sigue fluyendo hacia el mercado asiático.

La actual amenaza de desalojo contra las recuperaciones tekoha en la Tierra Indígena Panambi-Lagoa Rica podría repetir el escenario de la masacre de 2022 en Guapo’y. Sin embargo, el muro infranqueable erigido por las oraciones-cantos-danzas kaiowá y guaraní y su obstinada lucha por regresar al lugar al que pertenecen constituyen obstáculos insuperables al proceso desarrollista.