Foto: Desaparecidos Guanajuato
Según organizaciones internacionales expertas, el acompañamiento es “una respuesta multidisciplinaria que consiste en caminar al lado de alguien, para establecer relaciones de empatía y redes de apoyo mutuo con otros actores locales o acompañantes capacitados para brindar apoyo cuando se necesite”.
Para estas organizaciones, un acompañante es una persona interesada en apoyar a familiares de personas desaparecidas, sin que importe su nivel de escolaridad. Entre otras características, tiene disposición para comprender las necesidades integrales de las familias y apoyarles con los recursos y servicios existentes, analizando información y planteando estrategias. Tiene discreción, paciencia, empatía y genera confianza.
Contrario a este perfil, en noviembre de 2019 irrumpió en Guanajuato un proyecto supuestamente para acompañar víctimas que se acercó a familias de personas desaparecidas. En más de un año el líder de este grupo se dedicó a hacer justo lo contrario de lo que se ha definido como acompañamiento, construyendo una red que funciona con un esquema parecido al de la trata de personas desde la que obtiene beneficios sexuales y económicos. Víctimas de esa red, consideran que sus ganancias económicas tan sólo en 2020 podrían ascender a medio millón de pesos.
La feminista argentina Diana Maffia define como cultura de la cancelación al “fenómeno en las redes, por el que se retira el apoyo, se suprime el vínculo, o se llama a boicotear y hasta atacar a personas cuyos comentarios o acciones nos molestan o consideramos inaceptables, o que transgreden la expectativa puesta en ellas en sus opiniones o adhesiones”. Esto viene a cuento porque susodicho activista durante un año canceló (boicoteó, atacó, suprimió vínculos y llamó a boicotear) a otras personas activistas, periodistas, Colectivos y Organizaciones que no se ceñían a sus intereses.
Es sabido que activistas nacionales le retiraron su apoyo y abandonaron los espacios consultivos de su organización. Incluso, se ha documentado que incumplió la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Es decir, el activista fue cancelado por sus propias acciones.
En marzo pasado, el proyecto de alertas en Twitter @desapgto alertó que personas que no son víctimas cobraban por servicios funerarios que son gratuitos y etiquetó a las cuentas de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) donde el titular es Jaime Rochin y de la Secretaría de Gobierno, que preside los Sistemas de Búsqueda y de Víctimas a través de Libia García. Es decir, la red sigue intocada, revictimizando.
Esta es una alerta a las familias de personas desaparecidas en Guanajuato: los servicios que ofrece el Estado son gratuitos y quien les cobre por esos servicios, no les acompaña, les estafa. Las instituciones están obligadas a vigilar que ni actores estatales ni particulares revictimicen a las familias.
La búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato tiene una agenda prioritaria: prevenir más desapariciones, exigir justicia e institucionalizar el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada. También analizar cómo el modelo económico genera estas expresiones extremas de violencia. No la perdamos de vista.
