Foto: Cientos de personas esperan en las afueras de la estación de tren de Lviv a que un autobús les recoja para salir hacia algún país de la Unión Europea. (Edu León)

Según ACNUR en estos momentos hay más de 100 millones de personas en el mundo que se han tenido que desplazar forzosamente de sus territorios debido a la violencia y la vulneración de derechos humanos. Esta cifra se ha duplicado en los últimos diez años. Más de la mitad de los desplazamientos ocurre dentro de un mismo país, siendo los estados con más desplazamiento interno Siria, Colombia y Afganistán. El 41% del total de desplazados son niños y niñas. Y de estos 100, 6,5 millones huyeron de Ucrania y alrededor de 3 lo hicieron desde Afganistán. Aproximadamente 200.000 personas de estas dos nacionalidades han llegado al estado español. Con algunos datos macro claros, nos vamos a dos casos concretos.

Huir de las bombas rusas

Daria Klymovich es abogada y nació en Ucrania hace 32 años. Vivía en Kiev con su marido y sus dos hijas de uno y cinco años cuando Rusia invadió violentamente su país. Casualmente, el día 24 de febrero tenían un vuelo comprado para ir a España a visitar a su hermana, quien huyó de Ucrania a causa de una violencia de menor intensidad, pero causada por el mismo conflicto que ha estallado actualmente y vive en Rubí, Catalunya, hace más de siete años. En la mañana de ese jueves 24, su marido la despertó alarmado, “la guerra ha empezado, han bombardeado los aeropuertos militares y civiles”, le dijo. Su vuelo nunca salió. La sorpresa y el shock duraron varias horas, “por más que nos habían advertido desde los medios de comunicación y habían aconsejado tener una maleta lista, yo nunca pensé que realmente pudiera pasar”, asegura Klymovich.

Resistieron por unos días en la ciudad, “pensábamos que en dos o tres días se acabaría, además el tránsito hasta la frontera con Europa era de cuatro días, demasiados para viajar con las niñas”, explica entre nervios. Pero la escasez de alimentos y gasolina los alarmó y decidieron viajar en coche hasta un pueblo cercano a Polonia donde pasaron unos días hasta decidirse finalmente a salir del país. La ley marcial separó a la familia: “no dejaron pasar a mi marido en la frontera. Mi hija de cinco años lloraba. Fue muy duro porque no sabía cuando nos volveríamos a ver”, explica la joven refugiada. Afortunadamente su familia tenía algunos ahorros. Su madre viajó con las dos niñas en avión hasta Barcelona y su padre y Daria Klymovich atravesaron Europa en coche hasta encontrarlas junto a su hermana en Rubí. Otras familias tuvieron que pasar más días e incluso semanas en Polonia antes de lograr llegar hasta España, donde antes de la guerra ya residían un mínimo de 110.000 ucranianos que ahora intentan dar cobijo a familiares y amigos que escapan de las bombas rusas.

Daria y sus padres ya tienen residencia y permiso de trabajo. Una situación excepcional que se ha dado gracias a una directiva europea de 2001 que es usada por primera vez con la guerra de Ucrania y que concede automáticamente derecho a residir y trabajar en todo el territorio europeo a, teóricamente, todas las personas que huyan de este país

Cuatro meses sin ver a su marido después, Daria y sus padres ya tienen residencia y permiso de trabajo. Una situación excepcional que se ha dado gracias a una directiva europea de 2001 que es usada por primera vez con la guerra de Ucrania y que concede automáticamente derecho a residir y trabajar en todo el territorio europeo a, teóricamente, todas las personas que huyan de este país, incluidos los migrantes que vivían en Ucrania. “Es una directiva que se puede activar en cualquier caso y en cualquier momento, es una cuestión de voluntad de los estados hacerlo”, asegura Arantza Chacón directora de Zehar, organización de referencia en Euskadi en la atención a personas refugiadas. “Lo que creemos desde las entidades es que no se había hecho hasta ahora porque nunca había tocado tan cerca y lo que no nos apela de cerca no se resuelve tan rápido”, añade. Daria Klymovich presentó su documentación en la oficina de extranjería de Barcelona el 15 de marzo y el 30 de mayo ya tenía la tarjeta de identidad que podrá usar por un mínimo de dos años.

Huir de la violencia patriarcal Taliban

El 10 de agosto de 2021 el marido de Hila AhmadZai fue asesinado por los talibanes en Kunduz, la provincia más al norte de Afganistán, a pocos quilómetros de la frontera con Tadjikistan. Sus cuatro hijos quedaban huérfanos de padre y su familia política la quiso obligar a casarse con el hermano de su marido. Por negarse a hacerlo, “mis suegros me torturaron físicamente, mi cuñado se quedó con las propiedades y la empresa de mi marido, fue todo muy difícil”. No tuvo otro remedio que huir. El 18 de octubre salió de su tierra con los cuatro pequeños a Kabul, donde una amiga le había hablado de un safe place, un lugar seguro para mujeres solas. “Cuando yo estuve allí los talibanes no lo habían detectado, ahora no sé si seguirá funcionando, pero sigue habiendo muchas mujeres torturadas por sus maridos, por sus familias, por los talibanes…”, explica preocupada.

De allá logró salir a Pakistán gracias a un visado médico el día 9 de diciembre. Y en ese momento de la odisea entró en juego People Help, un pequeño colectivo de mujeres catalanas solidarias del que forma parte la abogada Silvia Sala, miembro del equipo sociojurídico de la Fundación FICAT, especializada en asesoramiento jurídico a personas vulnerables. “Nosotras las ayudamos a llegar a España gracias al artículo 38 de la Ley de Asilo, que según nos dijo la cónsul española de Afganistán que ahora está situada en Paquistán, es la primera vez que se utiliza”, explica Sala. Este artículo posibilita que personas que no se encuentren en su país y demuestren que existe un peligro para su integridad física si regresan a este, puedan solicitar en la embajada española un traslado a España para proceder a solicitar asilo. La abogada explica que han podido traer a personas afganas “sobre todo desde Pakistán, pero también desde Irán, Iraq y también sabemos que algunos han solicitado traslado desde Moscú”.

Después de cuatro meses de intentos, AhmadZai logró su entrevista con la embajada española en Pakistan el 19 de mayo. “Aceptaron mi caso, me dieron una visa humanitaria y un vuelo a Barcelona para el 11 de junio”, explica, aun asombrada. Con los cuatro niños y una escala de 21 horas en Dubai, llegó al aeropuerto donde la esperaba la abogada Sala y un equipo de la Cruz Roja. En una habitación sin ventilador de un centro de acogida de Barcelona que comparte con su hijo menor Mubashir, la afgana espera. Y le restan aun varios meses de espera solo para conseguir una cita previa para pedir asilo.

“Los ucranianos van por una vía rápida diferente por su régimen especial y a los afganos generalmente la Cruz Roja les consigue la cita previa que está saliendo en unos tres meses”. Pero una persona de Honduras o Palestina que no sea beneficiaria de la Cruz Roja y que quiera solicitar asilo, debe luchar por meses y probablemente acabar pagando mucho dinero

El drama de las citas previas

“El gran drama de los solicitantes de asilo desde hace tiempo es que no hay citas previas en la oficina de asilo. Hasta se han creado mafias que las venden”, denuncia Silvia Sala. La directora de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR), Estel·la Pareja, sabe más: “están pagando entre 60 y 300 euros por una cita previa, es muy grave”. “Los ucranianos van por una vía rápida diferente por su régimen especial y a los afganos generalmente la Cruz Roja les consigue la cita previa que está saliendo en unos tres meses”, cuenta la abogada de FICAT. Pero una persona de Honduras o Palestina que no sea beneficiaria de la Cruz Roja y que quiera solicitar asilo, debe luchar por meses y probablemente acabar pagando mucho dinero para el bolsillo de un migrante del sur global que acaba de llegar a Europa, para lograr la dichosa cita previa.

El resultado es que, a pesar de que AhmadZai y Klymovich provienen de países no europeos protagonistas de una emergencia migratoria mediatizada —aquí ni estamos mencionando emergencias silenciadas como la del Yemen o la del Sudan del Sur—, la acogida del estado español no es la misma. “Con los mecanismos de ventanilla única activados con Ucrania se ha demostrado que cuando se quiere se puede, no es un tema técnico ni económico, ya no pueden poner excusas”, denuncia Estel·la Pareja. Según esta mujer tajante y transparente, la otra cara de la moneda de este dispositivo de emergencia especial ha sido “que el sistema ordinario de acogida, que ya era lento y rígido, ha sufrido una falta de recursos debido a que la administración se ha volcado a la situación de las personas de Ucrania: en Barcelona y Tarragona la gente está tardando seis o siete meses para pedir una cita previa”.

Y después de la odisea para lograr una cita previa, llega la siguiente fase que a veces incluye obstáculos y revictimización, como es el caso de Saad Omar, refugiado de Palestina. El 5 de septiembre de 2019, Omar consiguió hacer su entrevista en Sevilla, donde había llegado. Seis meses después pudo empezar a trabajar y lo hizo en Barcelona, donde consiguió empleo. A continuación, pasó por muchos problemas con el sistema estatal de acogida que lo hicieron volver a Sevilla y tener que entrar a un centro de refugiados. “Las condiciones eran muy duras, no se podía salir, tenía que justificarlo todo, para mí fue como una cárcel porque no pude vivir como yo quería”, explica el refugiado, quién ya pasó varios años en la cárcel por defender los derechos del pueblo palestino. Tres años después de solicitar asilo, Saad Omar aún no tiene una resolución para su caso. Hoy vive temporalmente en Cal Cases, un proyecto de convivencia comunitaria cooperativa situado en el Bages, Catalunya, que se estrena en dar cobijo a personas refugiadas.

El drama de las denegaciones

Así pues, la activación de la directiva europea 55/2001 hace que Daria Klymovich como los 120.000 ucranianos llegados desde febrero a España, logren evitar la larga espera de hasta tres años y la densa burocracia por las que otras personas que huyen de sus países deben pasar para conseguir protección internacional. Espera que, al 95% de los solicitantes los lleva a una denegación y por lo tanto a salir del país o permanecer en el estado español de manera irregular pasando por la larga travesía —un mínimo de tres años de irregularidad— que la ley de extranjería obliga a atravesar para convertirse en residente español por vía del arraigo.

Es el caso de Dominga Abadía, colombiana exiliada en 2019 quien, a pesar de presentar documentos oficiales de la Unidad de Víctimas de su país donde demuestra que fue desplazada forzosamente de Buenaventura por actores armados, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio denegó su solicitud. A ella y a 18.613 colombianos más en 2021, año en el que se registraron 11.567 nuevas solicitudes de asilo de esta misma nacionalidad. “Pero yo a mi país no puedo regresar porque cada día está más complicado”, se lamenta Abadía. “Colombia es el segundo país con más solicitudes y sin embargo el 94% son rechazadas, algo muy significativo sabiendo que allá se están asesinando a defensores de derechos humanos casi a diario”, denuncia Arantza Chacón.

“Colombia es el segundo país con más solicitudes y sin embargo el 94% son rechazadas, algo muy significativo sabiendo que allá se están asesinando a defensores de derechos humanos casi a diario”

El primero es Venezuela. Pero sus solicitantes de asilo también gozan de un régimen especial que les concede automáticamente un permiso de residencia y trabajo de un año por razones humanitarias. Trato que también fue “un acuerdo político que daba respuesta a la situación de emergencia que vivía Venezuela que se consideró que requería razones humanitarias, pero reitero, se decidió desde lo político, no desde lo jurídico”, asevera Arantza Chacón. La abogada de la Fundación FICAT ve la raíz del colapso del sistema de asilo en la naturaleza de la Ley de Extranjería española: “el sistema de extranjería te dice que tú llegas aquí y tienes que pasar tres años sin documentación y encontrar un contrato de trabajo para poder pedir un permiso de residencia. Entonces hay gente que coge la vía del asilo, que en seis meses te permite trabajar.” Una explicación lógica que no quita que todas las personas que solicitan asilo huyan de algún tipo de violencia, sea la que a ejercen las maras, las disidencias de las FARC, los talibanes, el sistema capitalista colonial o el patriarcado.

Y todo esto sin hablar de las violencias que las personas refugiadas se encuentran al llegar al estado español fruto del racismo estructural del que padecen la mayoría de sociedades y que a menudo no les permite alquilar una cosa, encontrar trabajo o pasear por la calle sin ser víctima de una identificación policial por perfil racial. “Los medios de comunicación tienen un rol fundamental”, asegura Estel·la Pareja, “tienen que dejar de criminalizar y mostrar la migración y las personas refugiadas como un problema y empezar a explicar el origen, las causas, el porqué de tantas personas desplazadas forzosamente que al final es por nuestro modelo de vida, por nuestra calidad de vida y el sistema depredador en el que vivimos”.

Directiva europea para todas

Todas las entidades consultadas en este reportaje, que muchas veces demuestran estar haciendo el trabajo que deberían hacer las administraciones públicas, denuncian haber exigido al Estado español que la directiva europea 55/2001 se aplicara en emergencias migratorias anteriores. “Porque estamos hablando de derechos de las personas y no de cuestiones políticas”, explica la directora de Zehar. Pero nunca se dio el caso. “Hay una lectura crítica que debemos de hacer con todas las herramientas que utiliza la Unión Europea porque vemos cómo se externalizan fronteras, como se utilizan personas refugiadas como moneda de cambio y en función de lo que me apela más o menos, genero una clase u otra de personas refugiadas”, sentencia Chacón.

“Nosotras celebramos que este mecanismo se haya activado veinte años después de su entrada en vigor, porque esto abre un precedente. Ahora pedimos que esta posibilidad se abra a todas las personas que huyen de la violencia sin distinción de origen, raza o género”, añade la directora de CCAR. “Imagínate las personas que hubieran salvado su vida si se hubiera aplicado esta directiva antes”, sueña Pareja, “las que murieron en el verano de 2015 en su travesía desde Siria, las que sufrieron las condiciones infames de los campos de Lesbos”, continua. Estel·la Pareja acaba por definir cómo debería ser un sistema de acogida digno: “acogida debe ser dar la bienvenida, sentirse abrazadas por la sociedad huyendo de sistemas asistencialistas y paternalistas. Acogida debe ser un proceso de restitución de derechos para que las víctimas pasen a ser sobrevivientes y luego personas resilientes”.

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