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Brasil. Escala la violencia contra los tupinambá de Olivença, indígenas que ocupan un territorio al sur del estado de Bahía, en el Nordeste de Brasil, reconocido oficialmente en 2009 después de un largo proceso legal que se arrastró por más de una década. Los ataques son la última etapa de un tenso conflicto por el cumplimiento de los derechos colectivos de los indígenas y parte de un contexto mayor definido por la ausencia de una efectiva reforma agraria en Brasil en el cual, tanto indígenas como campesinos no indígenas, ven desaparecer la posibilidad de vivir de manera digna al mantenerse intactos los latifundios y el poder de los grandes productores rurales.

El resultado del desinterés por los gobiernos democráticos para reorganizar la propiedad de la tierra, es el actual poder de facto de las élites rurales de Brasil, que mantienen una importante injerencia en los partidos políticos de todas las posiciones y una gran capacidad de presión a los gobiernos municipales, estatales y nacionales. Élites que mantienen, sin tregua, una permanente embestida contra los indígenas y sus derechos, más aún porque después de la constituyente de 1988, en el contexto de la democratización del país por el fin de la dictadura, el movimiento indígena nacional consiguió un triunfo legal y político que transformó a estas poblaciones, junto a otros pueblos llamados tradicionales, en los únicos sujetos colectivos a ser reconocidos, aunque acotado, en su derecho a un territorio y a la devolución de las tierras despojadas.

La exclusividad de este derecho constitucional transformó a los indígenas, desde entonces y hasta la fecha, en el blanco de todo tipo de ataques promovidos por los productores rurales, hacendados y el agro negocio, para evitar, a toda costa, perder el derecho de continuar integrando a sus propiedades las tierras ocupadas por indígenas y perder las que en diferentes momentos históricos les fueron despojadas a estas mismas poblacionales. El argumento de la élite rural es que la preproducción de estas grandes haciendas sería, y lo es, uno de los pilares de la economía nacional, siendo, en estos términos, más importantes para el desarrollo de país y la producción de empleos las tierras en sus manos, que el derecho de los indígenas a un territorio.

En esta conflictiva trayectoria, los tupinambá de Olivença iniciaron formalmente en 1997 el proceso para que se les reconocieran el territorio tradicionalmente ocupados por ellos, para así conseguir la delimitación y la devolución de la tierra que les había sido expropiada. Una lucha que si se busca en los archivos no comienza en esta fecha sino hace literalmente siglos, registrada en los repetidos documentos en los que las disputas entre indígenas y no indígenas fue siempre el del uso de la tierra.

Actualmente el conflicto en la región continua dividido en dos partes: de un lado, los tupinambá, provenientes de diversos pueblos indígenas que ocuparon antes y después de la colonia los alrededores de la entonces villa de Nossa Senhora da Escada, hoy la pequeña ciudad de Olivença. Un lugar que se trasformó a lo largo del tiempo en uno de los centros indígenas regionales después de que se les impidiera habitar fuera del llamado “aldeamento”. Sin embargo, pese a la prohibición, la ocupación tradicional de esta región por los tupinambá de Olivença no se reduce a esta localidad y se extiende a una gran cantidad de parajes en las selvas y sierras vecinas. Ellos se encuentran actualmente movilizados por la devolución del territorio de cual fueron expulsados en diversos momentos, proceso que transformó a la tierra de usufructo no privativo en propiedades privadas en manos de los no indígenas.

Del otro lado del conflicto, están los hacendados que se instalaron en la región, principalmente en búsqueda de las grandes ganancias del cacao, llamado “fruto de oro” por el precio que mantuvo durante el siglo XX. Una producción que atrajo a otra clase social no indígenas: inmigrantes de diverso estados del Nordeste brasileño que, huyendo de la pobreza y de la seca, se emplearon como peones en las haciendas y se adentraron paulatinamente en las tierras indígenas, instalándose en ellas. Actualmente estos dos grupos se articulan, por motivos diferentes, para evitar la demarcación de la tierra indígena, cuestionado, para ello, la veracidad de los tupinambá de Olivença como poblaciones tradicionales y originarias, alegando su mezcla con la población no indígena local para así argumentar que no tienen derecho a un territorio.

El apoyo gubernamental a la élite rural, violencia directa y estructural

Sin embargo, este conflicto que creció por el desdén de las autoridades para acelerar la demarcación de la tierra tupinambá; por la falta de interés de los órganos competentes de ofrecer alternativas dignas a los pequeños productores familiares y campesino sin tierra que serán reubicados; por la presión de los hacendados a los diversos poderes para mantener sus propiedades intactas; como también por las movilizaciones indígenas que, para ser escuchados, han retomado paulatinamente las propiedades despojadas por los hacendados; ha vivido un drástico cambio en los últimos meses, dando inicio una ola de violencia que se ha transformado en un movimiento anti indígena, el cual cuenta con el apoyo político y económico de las élites locales, configurando ya una campaña de odio contra cualquiera que sea, aparente ser o apoye a los tupinambá de Olivença.

Este proceso de violencia no se encuentra asilado a un contexto regional y parece contar con el amparo gubernamental de diversos niveles, no solo por la omisión en la impartición de justicia en crímenes cometidos contras los indígenas y en los delitos de discriminación y racismo, sino también porque, al contrario de un actitud política que busca contener la escala de violenta anti indígena, las autoridades se ha dedicado a agrandar el encono, incluso en los partidos de izquierda, como lo hace el gobernador de estado de Bahia, Jaques Wagner – del Partido de los Trabajadores (PT) – quien en público se manifestó contra la demarcación de la tierra de los Tupinambá de Olivença, posicionándose, además, a favor de una contra reforma que evite la demarcación de las Tierras Indígenas en todos el país, oponiéndose así a la histórica lucha por la autodeterminación que aún libran los indígenas de todo Brasil.

Del mismo modo, las posiciones políticas contra los derechos indígenas, y en particular contra la demarcación y devolución de sus tierras, es también parte de una postura del gobierno nacional fomentada, ni más ni menos que por Dima Rousseff y la ministra jefe de la casa civil, Gleisi Hoffmann – ambas del mismo partido que el gobernador de Bahía –, esta última política localizada al lado de las élites rurales opositoras a los derechos de los indígenas y la cual, desde los primeros días en el cargo, se dedicó a suspender diversos procesos abiertos de demarcación de Tierras Indígenas en los estados. Una postura que es acompañada, además, de otras propuestas que pretenden dificultaran la demarcación de nuevas Tierras Indígenas, como lo propone la presidenta de la república al admitir la participación nuevas figuras de gobierno al ya complicado proceso legal de entrega y demarcación de los territorios ocupados por las poblaciones tradicionalmente, incluyendo a figuras como el Ministerio de Justicia o el Congreso Nacional, ambas instancias de las cuales se sabe las élites rurales cuenta con un fuerte grupo parlamentar y jueces a favor de sus intereses.

Lo que hace un movimiento anti indígena

El encono en la región contra los indígenas tupinambá por parte de los grupos opositores a la demarcación de su territorio no es solo un conflicto entre el derecho liberal y los derechos colectivos, se trata del surgimiento de un movimiento anti indígena que tienen consecuencias directas y palpables sobre la vida diaria de los tupinambá. Un escenario en el que están emergiendo también nuevos propósitos que han dejado de ser exclusivamente un problema por la tierra y se han transformaron en iniciativas de odio contra la población indígena.

La modificación en los objetivos de un sector amplio de no indígenas puede verse en los diversos acontecimientos que comenzaron el pasado 14 de agosto, cuando, en la cercanías a la comunidad Serra do Padeiro, municipio de Buerarema, hombres armados dispararon contra el transporte de la Escuela Estatal Indígena alcanzando la cabina del conductor, sin que nadie saliera herido. Sin embargo, la agresión no se trataba de echo aislada y llevada a cabo por un pequeño grupo radicalizado, por el contrario, sucedió a solo dos días de una amplia manifestación contra la demarcación de tierras indígenas en el mismo municipio en la que bloquearon carreteras y quemaron carros oficiales, y a diez días de que, en una movilización similar, quemaran ocho casas de indígenas de la misma ciudad.

Esta campaña de odio tampoco ha sido silenciosa, acompañada con diversos letreros espectaculares repartidos en las carreteras de los alrededores en los que se amenaza explícitamente a los tupinambá y se les acusa ser falsos indios, un mensaje acompañado de hombres armados en posición de tiro. Una posiciones que ha tomado la población no indígena de la región y que pese al nivel explícito de violencia, en lo que se puede ya tipificar en ley de Brasil como crimen de discriminación y prejuicio, continua contando con el apoyo de autoridades y del partido en el gobierno como lo dejan ver las declaraciones del diputados Geraldo Simões quien alega: “se suspenda la demarcación (…) que se reintegre la posesión de las propiedades individuales y se inicie una negociación del gobierno, con los segmentos realmente indígenas”.

El respaldo de las autoridades ha permitido que se mantengan los actos de violencia anti indígena los cuales dejaron de ser reservados a los Tupinambá, extendiéndose a cualquiera que sea o aparente ser  indígena. Este fue el motivo de la agresión del pasado 5 de septiembre contra los profesores de la Licenciatura Intercultural Indígena del Instituto Federal de Bahía (IFBA), João Veridiano Franco Neto, Julia Rosa Castro de Britto y Edson Machado de Brito, este último coordinador del curso e indígena kayapó, los cuales aun sin ser actores involucrados en el confito, vivieron en carne propia el odio anti indígena que se ha instalado en la región de los tupinambá de Olivença, en particular de los alrededores del municipio de Buerarema.

Los profesores relatan que viajaban a la sede de su trabajo en Porto Seguro, a 300km de ahí y a su paso por una localidad cercana a Buerarema habrían encontraron la carretera bloqueada por otra movilización contra la demarcación de la tierra de los Tupinambá. El carro paró a 700 metros de la barricada y por transitar en un vehículo oficial fueron rápidamente abordados por cuatro hombres y una mujer que, como relata el profesos Kayapó, al percibir que había un indígena entre los pasajeros habrían dicho “hay un indígena en el carro”, ordenándoles a los profesores y el chófer bajar de vehículo, comenzado agresiones verbalmente principalmente al coordinador del curso por ser indígena.

Seguido de las agresiones, los manifestantes se habrían llevado el carro para quemarlo, forzándolos a entregar los celulares para evitar su comunicación. Frente a la situación, los profesores tomaron la decisión de que Edson Brito debería dejar el lugar por ser los ataques dirigidos contra él por ser indígena. Los subieron a un taxi en la dirección contraria a la manifestación para llevarlo a la ciudad más cercana y pedir ayuda.

Un poco después João Neto y Julia Britto se dirigieron a la policía para levantar la denuncia consiguiendo salir ilesos del abordaje. Sin embargo, para Edson las cosas fueron diferentes y en el camino, el taxi de fue alcanzado por un grupo de personas que, relata, lo habrían golpeado mientras mantenía con él el siguiente dialogo:

“Eres indio, ¿no?

-Soy kayapó, no soy de aquí de Bahía.

Pero, eres indígena ¿no?

-Sí, soy Kayapó, soy de la amazonia.

¿Qué estás haciendo aquí?

Soy profesor del Instituto Federal de Bahía en la Licenciatura Intercultural Indígena.

Eres amigo de ellos.

¿Estás preparado para morir?

(Se hizo un silencio y se escuchó el gatillo de un arma que no disparó)

Vete, no mires para trás.”

Como él mismo dice: “creí que iba a morir”, pero Edson solo fue golpeado y después soltado con un ojo hinchado, consiguiendo llegar a la ciudad de Itabuna, municipio vecino a Buerarema, donde continuó escondió los siguientes días ya que el traslado a su lugar de trabajo, a donde se dirigía, pasa obligadamente por la localidad donde fue agredido y amenazado.

Esta efervescencia de actos de odio entre los participantes de un movimiento abiertamente anti indígena llevó, incluso, a que a hace uno días algunos de sus miembros, al saber la noticia de que un hombre armado habría sido detenido en los alrededores de la comunidad indígena de Serra do Padeiro y traslado a las instalaciones de la municipio en la pequeña ciudad de Buerarema, se dirigieran al lugar donde estaba detenido, cercando la estación de policía y amenazas de sacarlo de lugar. Al saber que no se trataba de un indígena se retiraron sin más exigencias.

El conflicto que se configura en el territorio tupinambá está lejos de ser algo pasajero y parece tender a incrementarse por la posturas de las autoridades en las que el gobernador de Bahía, aun después de los hechos ya narrados, declaró que no intervendría hasta que el Ministerio de Justicia de la federación se manifieste sobre la creación de la tierra de los tupinambá de Olivença, un plazo que por leí esta expirado y en manos de la autoridad competente hace más de un año y medio. Posiciones que en los hechos solo respaldan al movimiento anti indígena dejando crecer el odio, sin que ningún político le parezca relevante la violencia que está anunciada, incluso en letreros y espectaculares de toda la región.

Con la colaboración e información de João Veridiano Franco Neto, Julia Rosa Castro de Britto, Edson Kayapó Machado de Brito y Daniela Alaracon y de los participantes de la Campaña Tupinambá (http://campanhatupinamba.wordpress.com/)

Publicado el 16 de septiembre de 2013