Resulta significativo que en Chihuahua se esté abriendo paso la defensa de territorios indígenas por la vía agraria y que se cuente con resoluciones favorables donde se está incorporando el derecho indígena; incluso la Corte recientemente falló en su favor en un caso. Esta tendencia también se observó en el caso La Parota, donde los comuneros han logrado la nulidad de las asambleas que supuestamente habían autorizado la construcción de la presa. Ello indica que, pese a todo, en esta jurisdicción existe mayor sensibilidad hacia los pueblos indígenas.
Los pasados 12 y 13 de octubre se celebró en Chihuahua el tercer foro sobre esta problemática, con la participación de las comunidades indígenas rarámuri y ódami de Huetosachi, Bakajípare y Mogótavo, del municipio de Urique, Repechique, del municipio de Bocoyna; Wawachérare y Bakéachi, del municipio de Carichí; Mala Noche, Choréachi y Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, y Río Verde, del municipio de Guachochi. Se reunieron para compartir y evaluar las experiencias y el acompañamiento jurídico de organizaciones como Alianza Sierra Madre, Bowerasa AC, Consultoría Técnica Comunitaria AC, Tierra Nativa AC. También asistió el Consejo Regional en Defensa del Territorio Sagrado de Wirikuta para relatar su experiencia y obtener solidaridad.
Ubicaron sus causas con respaldo de los artículos primero y segundo constitucionales, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos y ratificados por el Estado mexicano. Con base en ello insistieron en demandar el reconocimiento legal de sus territorios, que se agilicen los procesos en los tribunales y que las sentencias se ejecuten efectivamente, que les consulten sobre los proyectos estatales o de trasnacionales y el cese del hostigamiento y amenazas a los integrantes de los pueblos y organizaciones que promueven la defensa de sus territorios indígenas. Por otra parte compartieron sus estrategias de organización relatando cómo realizan censos y registro de actas de nacimiento «para demostrar que vivimos allí en nuestros ranchos». También denunciaron cómo en uno de los juicios un juez ordenó que acudiera toda la comunidad de Mala Noche a la ciudad de Chihuahua para responder un cuestionario que ofreció como prueba la defensa de quienes les disputan la tierra, situación que les resultó imposible, pues el larguísimo trayecto les cuesta 300 pesos por persona sólo de pasaje. Con gran insensibilidad el juez les consideró confesos de dicha prueba en favor de los chabochis (mestizos).
No se les ocurrió que fuera el juzgado quien enviara a la comunidad personal que desahogara dicha diligencia. Así que, pese a la sensibilidad que señalábamos arriba, aún falta mucho para lograr condiciones justas de acceso a la justicia. Las y los participantes reivindicaron sus logros, la mayoría síriames (gobernadores tradicionales, incluso dos gobernadoras, hecho insólito que muestra el avance en la participación de la mujer indígena). Así quedaron señalados éxitos en casos como Huitosachi, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo a la comunidad y ordenó a los tres niveles de gobierno que formen el Consejo Consultivo Regional del Fideicomiso Barrancas del Cobre, en el que deben participar las comunidades indígenas de la zona de influencia del proyecto. Asimismo, lograron la suspensión de los permisos de aprovechamiento forestal en Coloradas de la Virgen, Choréachi y en Mala Noche.
Estas experiencias forman parte de las que se están desarrollando en todo el país. Con la ley en la mano, los pueblos indígenas demandan que se apliquen sus derechos, pero acompañados de la indispensable organización. En el caso del norte, su ubicación geográfica les ha impedido mayor fluidez en la relación con otros procesos; por ello fue importante la presencia de los wirrárikas, pues desde los tiempos en que El Ronco Robles () los acercó al zapatismo y al Congreso Nacional Indígena, se ha suspendido ese contacto tan necesario. Los rarámuris y los odamis son de pocas palabras, además de que entre ellos hay un marcado monolingüismo, que les demanda traducción en estas reuniones; ellos abordan directamente su problema y muy lejos están de asumir un discurso de victimización, pese a que sus condiciones de vida son duras. Dan prioridad al territorio porque de ello depende su existencia como pueblos. En esa entidad recientemente aprobaron una reforma constitucional sobre pueblos indígenas que, pese a tener elementos positivos, no logra romper con la camisa de fuerza impuesta con la contrarreforma al artículo 27 constitucional. Incluye la frase hueca que tienen otras leyes estatales respecto de que el acceso a uso y disfrute de recursos naturales se hará respetando el 27. ¿Ya sería hora de que lo impugnaran, como los pueblos, en lugar de «nadar de muertito»?
