Estas actividades ilícitas están relacionadas con las amenazas a líderes e integrantes de los pueblos indígenas que ya han reportado 373 situaciones de riesgo desde el 2019 hasta mayo de 2024.

La tala ilegal y el narcotráfico representan el 22 por ciento de las actividades ilícitas que ponen en riesgo a los pueblos indígenas en la Amazonía.

Los cinco pueblos indígenas con más registros de intimidación por parte de taladores ilegales y de narcotraficantes son los Kichwa, Shipibo-konibo, Kakataibo, Asháninka, Wampis y Yanesha.

A nivel nacional se han registrado 373 situaciones de riesgo para 656 personas consideradas defensores de derechos humanos y sus familiares, precisa un informe de OjoPúblico.

De estos registros, el 23,54% se relaciona con la tala ilegal, el 17,06% con el tráfico de tierras, el 16,85% con el tráfico de drogas, el 11,66% con la minería ilegal, 0,86% al tráfico de flora y fauna, y otros.

El distrito de Huimbayoc, ubicado en la región San Martín, es una zona donde se registró la mayor cantidad de amenazas a defensores que, incluso, han sido asesinados, como Quinto Inuma Alvarado.

Las amenazas hacia Quinto Inuma forman parte de los 58 registros de situaciones de riesgo ocurridas solo en el distrito de Huimbayoc, entre 2019 y mayo de 2024, contra personas y grupos de defensores. 

Herlin Odicio , vicepresidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau) dijo que el mecanismo intersectorial para los defensores solo sirve para tener información de gabinete y no se dan acciones para reducir los riesgos.

Las amenazas de otras economías ilegales

Marcelina Angulo Chota, presidenta del Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Alto Nanay, Pintuyacu y Chambira, ha sido víctima de diversas intimaciones de mineros ilegales que intentan expandirse en esta zona de la región Loreto.

La lideresa contó a OjoPúblico que al inicio los mineros ilegales ofrecían dinero para conseguir el permiso de los pueblos indígenas y aquellos que no aceptaban eran amenazados, como ella que fue amenazada mediante llamadas.

Según el registro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los líderes más afectados por intimidaciones de esta economía ilegal pertenecen a los pueblos awajún, ikitu y harakbut.

Protección no reglamentada

El mecanismo intersectorial para la protección de defensores de derechos humanos creado en 2021, establece que la evacuación de la zona de riesgo es una de las medidas urgentes de protección.

Pero dicha medida ha sido ampliamente criticada por diversos líderes indígenas de distintos pueblos como lo visibilizó Servindi en un informe del Gobierno Territorial Autónomo Nación Wampis.

Según información del Minjus a OjoPúblico, el 67,99 por ciento de los registros de situaciones fueron atendidas mediante un monitoreo, mecanismo no regulado en la norma, que da seguimiento a los casos a través de comunicaciones permanentes.

De otro lado, solo el 32,01 por ciento fue atendido a través del Procedimiento de Alerta Temprana (PAT), la vía estándar regulada, que da paso a la emisión de resoluciones para medidas más efectivas, como el patrullaje o la evacuación.

En los últimos tres años, el uso del mecanismo fuera de la norma ha ido en aumento desde el 2022 hasta mayo de este año.

Publicado originalmente en Servindi