Tailandia: Amenaza de guerra civil

Daniel Iriarte

Fotografía de Daniel Iriarte

Ha terminado una batalla, pero no la guerra. Tras unos disturbios y una intervención militar que han dejado un balance final de al menos 83 muertos y más de mil 800 heridos, la declaración temporal del toque de queda ha devuelto la calma a la capital de Tailandia. Pero la crisis política que arrastra el país está lejos de solucionarse. Los “camisas rojas” se están reagrupando en otras ciudades periféricas. La profunda polarización interna amenaza con provocar una guerra civil.

Pero ¿quiénes son estos “camisas rojas” que se han rebelado contra el gobierno? Las bases del movimiento son populares y reformistas; sus líderes no. El Frente Unido por la Democracia y Contra la Dictadura (UDD, por sus siglas en inglés), más conocidos como “camisas rojas”, se creó en 2006 como fuerza de choque callejero en respuesta al golpe militar que derrocó al entonces primer ministro Thaksin Shinawatra.

Thaksin, denominado “el Berlusconi tailandés”, es un antiguo coronel de la policía convertido en magnate de las telecomunicaciones, antes de dar el salto a la política. Durante sus años de gobierno se ganó el apoyo de gran parte de la Tailandia rural al establecer un programa de sanidad a bajo costo y un sistema de crédito universal que beneficiaron enormemente a los campesinos. Al mismo tiempo, sin embargo, cambiaba las leyes anti-trust para poder vender una compañía de su familia, ShinCorp, al gobierno de Singapur, enriqueciéndose de manera desproporcionada e ilícita.

El gobierno Thaksin tomó otras medidas polémicas, entre ellas el lanzamiento de una “guerra total contra las drogas” que provocó 2 mil muertos a manos de la policía en menos de dos años, muchos de ellos sin ninguna relación con el narcotráfico. En el sur de Tailandia se le dio carta blanca al ejército para combatir a la creciente insurgencia musulmana, que venía radicalizándose desde 2004, por lo que abusos y ejecuciones extrajudiciales se volvieron habituales. Al mismo tiempo, Thaksin comenzó a silenciar a periodistas y abogados críticos con su gestión.

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