Ciudad de México | Desinformémonos. A cinco años de que el consorcio minero Grupo México derramara 40 millones de litros de desechos tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Cananea, comuneros afectados y organizaciones exigieron reabrir del Fideicomiso Río Sonora hasta la reparación total de los daños, así como castigo al responsable de la empresa, Germán Larrea, luego de “cinco años de impunidad, sufrimiento, crisis económica e incertidumbre”.
“Seguimos esperando justicia y reparación de los daños”, señalaron los afectados por el derrame en una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevada a cabo el lunes, la cual se suma a las actividades de este martes para exigir que Grupo México sea sancionado y que sean atendidas las problemáticas surgidas a partir del desastre ambiental, el cual provocó enfermedades, sobre todo oftalmológicas, digestivas y dermatológicas, daños en los cultivos y la muerte de especies animales y vegetales.
“Nuestros animales enferman, mueren. Nuestra cosecha no crece o no se vende. Aquí en el pueblo cuando llueve y si alguien se enferma, muere porque no tenemos un médico o enfermera, el más cercano está en Cananea, a dos horas de Bacanuchi, ya que es puro camino de terracería”, aseguró Wenceslao Miramón, integrante de la comunidad de Bacanuchi, una de las más afectadas por la contaminación del río. “Los casos de cáncer de colón y estómago se han incrementado. También las enfermedades de la piel”, agregó.
Los afectados además exigen que se reabra el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo privado acordado por Grupo México y el gobierno de Enrique Peña Nieto “que prometió reparar los daños”. “Por no remediar nada y dejarnos en la indefensión total, argumentamos que la tarea del fideicomiso quedó inconclusa. Además, es el trabajo del Estado, no de un fideicomiso privado remediar las violaciones de derechos humanos, como las que nosotros todavía sufrimos en el Río Sonora”, destacó Óscar Encinas, del municipio de Ures.
Finalmente, los integrantes del Comité de Cuencas Río Sonora, que agrupa a los afectados por el derrame que perjudicó a siete municipios de Sonora el 6 de agosto de 2014, acusaron que el fideicomiso “fue un mecanismo privado, un acuerdo de Grupo México y el gobierno federal pasado, sin la participación de la gente perjudicada. Sirvió para hacer negocios y para limpiar la imagen de la empresa. Actuó a espaldas de las víctimas”.
Con información de La Jornada
