«Cuando deciden asesinar a Berta, estábamos en su casa, entraron para matarnos, nos dejaron heridos, yo sin mayor peligro, pero ella quedó herida de muerte, cuando acudí en su auxilio estaba falleciendo», recuerda el exjesuita que forjó su carrera entre las comunidades indígenas mexicanas de Chiapas en los años 1990.

En aquellos días de marzo del año pasado, el autor de libros como «No seas presa de las represas», dictaría un taller para líderes ecologistas de la etnia lenca de las comunidades de La Esperanza, del departamento de Intibucá, al sur de Honduras, como parte de la oposición organizada de las comunidades de la etnia lenca al «Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca», en el río Gualcarque.

«Berta me dijo, reflexionemos sobre otras formas de un desarrollo sin minas ni represas, para evitar la expulsión a costa de represión y más pobreza, con un modo distinto para vivir fuera de la lógica de este sistema», recuerda Castro Soto, quien la noche del crimen era huésped de la víctima galardonada con el premio internacional Golden 2015.

Esa asesoría se realizaba entre «intentos anteriores de asesinato, otras ejecuciones y amenazas de muerte de parte del personal de la empresa» Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que una investigación independiente señaló la semana pasada como responsable de orquestar el atentado, junto con agentes del Estado y sicarios.

A partir de entonces «hubo un proceso para inventar testigos, pruebas falsas, violaciones del código penal por parte de la fiscalía y culpar a alguien de la organización» fundada en 1993 por Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

«Cuando no pudieron inventar pruebas para culpar a gente de su organización, intentaron culparme a mí: me secuestran el aeropuerto, no me dejaron salir del país por 30 días, mientras buscaban la forma de inventarme pruebas», prosigue el testimonio del testigo, que permaneció refugiado en la embajada de México en Tegucigalpa.

El autor de «La mina nos extermina» y «Las aguas negras de la Coca Cola», recuerda —desde un lugar que prefiere no mencionar-, que las autoridades judiciales y del gobierno hondureño «no tenían otra opción ante la presión internacional, que meter a la cárcel a ocho personas».

Así los reveló el independiente Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), integrado por juristas de EEUU, Guatemala y Colombia.

Castro Soto ratificó la versión de que «la empresa pagó a un militar y este se apoyó en un exmilitar, que contrató al grupo de sicarios vinculados el ejército».

El sobreviviente afirma que «el octavo fue un personaje que agarraron en México, en febrero de este año, que fue el que me disparó a mí».

Una conclusión fundamental, señala el ecologista, es que «es que los asesinos no actuaron solos, y que hay autores intelectuales libres».

Caminos rebeldes de latinoamerica

Castro Soto se forjó como voluntario durante cinco años en los campamentos de refugiados que huyeron a sur de México en los años 1980 durante la guerras civiles de Centroamérica.

Años después, la agenda política la marcaban los indígenas zapatistas desde Chiapas, cuando conoció al encapuchado rebelde «Subcomandante Marcos».

El activista trabajaba entonces con la Comisión Nacional de Intermediación, que presidió el fallecido Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, que fue intermediario entre el gobierno y la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

«He hablado poco esto: había una relación con Berta desde el año 1999 en el marco de un encuentro que hicimos  en Chiapas, a la Convergencia de los Pueblos de las Américas», recuerda Castro Soto.

A principios del siglo XXI «hubo impulso muy fuerte de los movimientos de resistencia, y a partir del año 2000 comenzamos un proceso en el que confluimos redes de organizaciones campesinas, indígenas y sociales de toda América Latina».

Castro Soto y Cáceres fueron protagonista de la llamada Batalla en Seattle contra la Organización Mundial de Comercio, participaron en el Foro Social Mundial, en la lucha contra la Alianza de Libre Comercio de las Américas y muchas campañas más de los movimientos sociales latinoamericanos.

En el momento del despliegue de la sociedad a escala mundial, «convocamos a un movimiento contra el Plan Puebla-Panamá» del año 2001.

Viajaron juntos en una gira de charlas por EEUU y Canadá, en vísperas de un encuentro de los gobiernos para negociar el ALCA y Canadá.

Años más tarde acordaron que Honduras fuera sede del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Minero 2011 (M4), dice el fundador y dirigente de la organización indígena de Chiapas «Otros Mundos».

En el primer Encuentro Hemisférico contra la Militarización que se celebró en Chiapas, decidieron que el siguiente encuentro lo harían en La Esperanza, Honduras, con el COPINH y Berta como anfitriona.

«Nos tocó marchar en las movilizaciones entre gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersarlas, allí Berta era muy enjundiosa y valiente, no se rendía, nos impulsaba a seguir y volver contra los antimotines», prosigue el testimonio.

Castro Soto ha tenido que salir de México por un tiempo, a la espera de que el proceso culmine, y regresar desde su autoexilio.

El proceso judicial continúa «en medio de muchos bloqueos del gobierno hondureño, para evitar el esclarecimiento» del crimen.

«Esperamos que se haga justicia, que se castigue a los autores intelectuales, que no haya impunidad, es una lucha que vamos a llevar a cabo», promete.

Denuncia que «mucha gente de la región es perseguida y criminalizada por defender los derechos al agua, a la alimentación y a la vida».

A medida que la movilización avanza, la represión aumenta y los feminicidios son muchos, «porque las mujeres están a la cabeza de este movimiento continental».

Finalmente expresa una paradoja: «a mayor violencia y represión, hay mayor resistencia y esperanza», puntualizó.