Otro capítulo en la historia de los refugiados haitianos que todos los días cruzan ilegalmente la frontera brasilera por el Estado de Acre. Ahora, los gobiernos de Acre y San Pablo intercambian acusaciones sobre de quién es la responsabilidad por los migrantes. El hecho es que, después del cierre del galpón que albergaba a los refugiados en la pequeña ciudad acreana de Brasileia, ellos están siendo enviados directamente hacia la capital Río Branco e inmediatamente rumbo a otros estados, especialmente San Pablo.

El gobernador de Acre, Tião Viana, cuestionó en las redes sociales la postura sobre la hospitalidad de lo que él llama «elites prejuiciosas». «¿Cómo es que la elite paulista, (sic) quiere obligar al pueblo de Acre a detener a inmigrantes haitianos en nuestro territorio? ¿Prejuicio racial? ¿Higienización?», dijo el gobernador. Esto ocurrió después que la secretaria de estado de Justicia y de Defensa de la Ciudadanía de San Pablo, Eloísa de Souza Arruda, clasificó como «violación de la dignidad” de los ciudadanos haitianos, al envío de inmigrantes hacia la capital paulista en los últimos 15 días. Viana informó que alrededor de 20 mil migrantes del país caribeño pasaron por el Estado en los últimos tres años.

La organización Conectas Derechos Humanos afirma que la decisión de cerrar el albergue de Brasileia fue un hecho sin coordinación. «Más de tres meses pasaron hasta que el Ministerio de Justicia se manifestara sobre la mayor crisis que se haya enfrentado a causa de los haitianos que llegan a Brasil por Acre, y que ahora después de la decisión de cerrar el galpón que les servía de albergue en la ciudad de Brasileia, están siendo enviados hacia Río Branco, antes de seguir viaje hacia otros estados”, destaca.

Sin embargo, para la entidad, el atraso no es el único problema de la nota oficial publicada el día 22 por el Ministerio de Justicia: no da ninguna respuesta a los nuevos desafíos impuestos a los inmigrantes, como la falta de estructura de acogida en los estados que pasaron a recibirlos y las persistentes deficiencias estructurales de Brasileia, que sigue como principal punto de entrada de los haitianos que llegan al país sin la visa humanitaria.

«Repitiendo lo que parece ser un discurso de que las responsabilidades del gobierno federal en la crisis se limitan a la transferencia de recursos, el ministerio afirma que ‘más de R$ 4,2 millones fueron enviados a los servicios de salud, además de garantizar la documentación básica en forma simplificada e inmediata’”.

«Desde el comienzo del flujo de haitianos hacia Brasil, el gobierno federal se ha escondido detrás del pacto federativo para evitar una atribución que es suya, según la Constitución”, afirma Camila Asano, coordinadora de Política Externa de Conectas. «La nota del MJ también refleja la no coordinación y la intención de esquivar la responsabilidad de parte del gobierno federal. Conectas reitera que hace más de ocho meses, que el caso tiene dimensiones nacionales, poniendo a la vista de todos las fallas de la política migratoria brasilera, que sólo puede ser enfrentado con la actuación directa del gobierno federal para realizar una acogida efectivamente humanitaria. También, es necesario una ampliación de la política de concesión de visas humanitarias o incluso la eliminación de la exigencia de visa y acciones coordinadas con otros países de la región”.

A comienzos de abril, cuando se anunció el cierre del galpón de Brasileia, Conectas envió un cuestionamiento formal vía carta a la Secretaría Nacional de Justicia del MJ pidiendo explicaciones sobrela existencia de un plan coordinado con el gobierno de Acre, sobre la posibilidad de la instalación de un albergue permanente en Río Branco, sobre la asistencia dada a los haitianos que llegan a Brasiléia y, además, sobre la política de concesión de visas. La organización no recibió respuesta hasta el día hoy, y la crisis continúa.

En Río Branco, según asociados locales, el centro de exposiciones que ha dado acogida temporaria a los inmigrantes, ya alberga por lo menos a 450 personas. El local será el escenario de una gran exposición en julio, lo que obligará a la administración local a pensar, desde ya, en soluciones durables. En Brasileia, de acuerdo con el relato de asociados locales, los inmigrantes que atraviesan la frontera se encuentran desamparados después de recorrer casi 6 mil kilómetros para llegar a Brasil; a causa de la falta de dinero, informaciones y estructura, muchos están durmiendo en las calles de la ciudad.

San Pablo

Gran parte de los haitianos que dejaron Brasileia en las últimas semanas fueron traídos a San Pablo. Conectas resalta que, a pesar de recibir flujos constantes de inmigrantes, la ciudad cuenta con una estructura de acogida precaria e insuficiente. La llegada de estos nuevos grupos presionó aún más al sistema, llevando a la SMDHC (Secretaría Municipal de Derechos Humanos y Ciudadanía) a criticar, pornota, la decisión del gobierno de Acre y el inmovilismo del MJ.

«Es necesario que el Ministerio de Justicia dé condiciones adecuadas para que estos inmigrantes, beneficiarios de una visa humanitaria concedida por el país, sean insertados en la sociedad con dignidad y respeto”, se dice en la nota. «Además, se espera que se tomen medidas adecuadas en relación con el gobierno de Acre ante estas acciones con esta población, ya tan sufrida.”

La SMDHC prevé que el total de migrantes en estas condiciones alcance a 800 personas y pide «una política más amplia para las migraciones en Brasil, que involucre a los tres niveles de la federación y sea capaz de elaborar políticas públicas permanentes”.

Auge de la crisis

La inundación de los ríos de la región dejó a Acre aislado en los últimos meses, imposibilitando el desplazamiento de los inmigrantes hacia otras regiones y profundizando la ya degradante situación del galpón que les servía de albergue.

Cuando estuvo en el albergue, en agosto de 2013, Conectas constató las pésimas condiciones de acogida. El espacio, con capacidad informada para 200 personas, era entonces compartido por 800. Sólo 10 letrinas y 8 duchas atendían a los inmigrantes. No había distribución de jabón o pasta de dientes y el desagüe corría a cielo abierto. El hospital local decía que el 90% de los pacientes provenientes del albergue padecían diarrea. La organización denunció la situación y recibió del gobierno federal la promesa de una fuerza de tarea. Nada se hizo. El caso fue llevado a la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com