Ciudad de México, 2 de marzo de 2015. Reunidos en Tepoztlán, Morelos, 60 pueblos demandaron la cancelación del Proyecto Integral Morelos (PIM), además de la salida de policías y militares que reprimen a los pobladores para que el gobierno y la empresa en cargada de la obra, puedan expropiar las tierras para darle paso a la construcción de un gasoducto.

La asamblea exigió el cese de hostigamientos e intimidaciones por parte del gobierno y sus fuerzas de seguridad y de las empresas encargadas del proyecto, Abengoa, Elecnor y Enagas, que en complicidad con los gobiernos estatales que envían a cuerpos de seguridad llevan a cabo las expropiaciones de sus tierras.

La construcción del gasoducto, de 160 kilómetros, continua aunque existe un amparo emitido desde el año pasado que ordena a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspenda provisionalmente la obra, que completa el setenta por ciento.

El proyecto también contempla la construcción de dos termoeléctricas de ciclo combinado de 620 megavatios (MW), ubicadas en Huexca, Morelos; un gasoducto que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas al día en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl, actualmente activo; y un acueducto que transportará 50 millones de litros de agua al día a través de 19 pueblos del municipio de Ayala, Morelos, con una inversión de mil 600 millones de dólares.

El gasoducto atravesará más de 60 pueblos en los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala, y cientos de pueblos más serán afectados de manera indirecta.

Desde el año pasado los pueblos opositores han sido objeto de diferentes amenazas desde la privación de la libertad a partir de la fabricación de delitos, amenazas de muerte hasta la división de los pueblos para el cambio de uso de tierras y la venta de estas.

Organizados en la Asamblea Regional, los opositores al proyecto anunciaron que en abril se celebrará el Congreso de los Pueblos de Morelos, en el que se trazarán las acciones para frenan los proyectos, sobre todo de las multinacionales, que van a acabar con sus territorios y la vida campesina y comunitaria.

El próximo 28 de marzo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra acordó una caravana indígena y campesina que saldrá desde Morelos y Puebla hacia la Ciudad de México, para exigirle al gobierno federal la solución pronta a todos los conflictos que ha generado la CFE, por querer imponer el gasoducto en las comunidades, sin otorgarles el derecho de decidir sobre las obras que afectan a sus territorios.

En casi diez meses al menos 19 personas han sido apresadas por oponerse a la obra, que será construida en zona de riesgo volcánico, y al menos 19 órdenes de aprehensión circulan por supuesta privación ilegal de la libertad de funcionarios de la CFE. Esta acusación ha sido constante contra los opositores, que por prohibir a los funcionarios públicos y trabajadores de las empresas encargadas del gasoducto, ingresar con la maquinaria a sus ejidos, los señalan de privación ilegal de la libertad.