Foto: Nicolas Pousthomis

De Jujuy a Catamarca o Chubut, del Amazonas al Congo, los pueblos construyen una memoria en defensa de la Naturaleza, que tiene sus raíces en los saberes indígenas. Esas resistencias marcan el contrapunto frente a una lógica imperante que solo comprende a los bienes naturales como recursos económicos y los destruye por rédito empresarial y con connivencia estatal.

Una concepción respecto a nuestra relación con la naturaleza, presente en los pueblos indígenas de nuestro continente, es que los seres humanos somos parte de la naturaleza, no dueños de ella. En oposición, la concepción que hace posible la apropiación de los llamados recursos naturales, y que alcanza en nuestros días niveles de paroxismo extractivo, genera  destrucción del ambiente natural a escala planetaria. Esta forma de apropiación, inscripta en la genealogía del modo de explotación capitalista, fue lenta y progresivamente adquirida en cientos de años, desde mucho tiempo antes de la revolución industrial.

Ser «parte de» es diametralmente opuesto a ser «dueño de». Tal contradicción requiere de una resolución en su más amplio horizonte de sentido, pues se sitúan en relación dos términos que no tienen relación, ser parte o ser dueño son términos antagónicos que conllevan diferentes prácticas sociales.  

En este contexto controversial de nuestra relación con la naturaleza, el concepto de recurso natural ha sido utilizado históricamente por los que tienen, valga la redundancia, recursos económicos. Para el nativo del Congo o el de la selva Amazónica, la naturaleza brinda bienes a la mano para satisfacer sus necesidades diarias, no usa los bienes de la naturaleza para enriquecerse fabricando objetos materiales mediante la explotación de otros seres humanos y destruyendo de manera irrecuperable su propio entorno. 

Si bien el modelo de apropiación de los bienes de todos, cual si fueran solo recursos para incrementar el capital económico se ha prolongado por siglos, es evidente que no existe ninguna posibilidad de superación de la contradicción defensa del ambiente (bien natural) / destrucción del ambiente  (recurso) sin una ruptura con la conformación epistemológica del modelo de apropiación y explotación del capitalismo. No obstante, más allá del espíritu crítico que podamos tener debemos valorar el lado positivo que todo cambio de paradigma implica. 

Un nuevo campo se abre al conocimiento, a la creatividad, a las nuevas formas de uso del suelo, de los minerales, de las plantas. Los profesionales e investigadores tienen un desafío enorme, pero también una oportunidad insoslayable que nace de los compromisos que deberán ser inevitables para hacer una Tierra vivible. 

Extractivismos y resistencias populares

Hemos llegado a un estado de situación con el avance de la tecno-ciencia, de los tecnócratas funcionales que siguen insistiendo en las bondades del modelo extractivista, de las ventajas de las  semillas transgénicas, del glifosato, de la megaminería, que, además de denunciar, hay que confrontar con los  hacedores del modelo hegemónico y terminar con la mentalidad y prácticas serviles a los intereses extranjeros y al gran capital que comprometen los recursos estratégicos del país.

Desafortunadamente, hoy en día, no solo carecemos de un proyecto emancipador de la dirigencia política, tampoco hay un acompañamiento a las resistencias populares que se vienen dando desde hace años en distintas provincias. En Catamarca la empresas extranjeras que explotaron la Minera Alumbrera (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold)  se enriquecieron ante el silencio cómplice de funcionarios y profesionales dejando un enorme pasivo ambiental, con residuos tóxicos en el suelo y el agua y a los pobladores en iguales o peores condiciones económicas que antes del inicio de la explotación. 

Por otra parte, a los investigadores de las universidades los compraron con algo de dinero, un microscopio o una lupa, en tanto que a los pobladores de Catamarca afectados por la contaminación que resistieron, los reprimieron en diversas oportunidades y varios pobladores fueron heridos y detenidos en el año 2021. 

Otro ejemplo de la injerencia externa en los asuntos relacionados con los bienes naturales ocurrió en el Acuífero Guaraní. Hace 15 años fui consultado para participar junto a otros investigadores argentinos del relevamiento de ese reservorio de agua dulce, a lo cual me negué por estar en contra del modelo de apropiación extranjera de los bienes naturales. Dicho relevamiento geológico se realizó con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con la contribución de otros  profesionales. Estimo que la información generada se encuentra en poder de los organismos internacionales que financiaron el proyecto. 

Entre la resistencia indígena (como de los pobladores de las zonas afectadas por los emprendimientos extractivos) y los proyectos del gran capital hay intereses encontrados, en pugna. Por ello hay que elegir de qué lado nos ponemos, porque hay términos contradictorios, y por lo tanto rupturas, como dice el filósofo Alain Badiou. Además, en cualquier circunstancia nuestra actitud debería ser la del pensar libremente, para alumbrar una elección, pero aquí es una elección de vida, mucho más profunda que una elección electoral partidaria. 

En todas las puebladas, desde Chubut a Jujuy en defensa del agua, hubo represión independientemente del signo partidario en el gobierno. Debemos señalar la diferencia o la distancia entre el poder de la violencia del poderoso y la resistencia del pueblo privado de las condiciones más elementales de vida, en defensa de algo tan vital como el agua. Más aún, es necesario que podamos diferenciar el pensamiento interesado del desinteresado, como única forma  posible de construir una práctica emancipadora. 

Las consecuencias del saqueo de la naturaleza son por demás evidentes. Lo único que no deja ver las evidencias es el interés por el rédito económico o partidario. Cuál puede ser la ceguera que no deja ver que las empresa mineras extranjeras dinamitan los cerros, destruyen los glaciares, se llevan el oro y otros minerales (ahora el litio), dejando el agua contaminada en las regiones de los emprendimientos extractivos.

Esto mismo que ocurre en Argentina ha ocurrido y sigue ocurriendo en distintas partes del mundo. Del África, los colonizadores, además de esclavos, se llevaron los mejores y más grandes diamantes para adornar a sus reyes (la corona del recientemente coronado rey de Inglaterra es de oro macizo con 444 piedras preciosas, todo robado de África), hoy se llevan el coltán del Congo, que está en los celulares, con mano de obra semi-esclava.

La memoria, la tan vapuleada memoria, no debe ser tampoco interesada, pues tenemos necesidad de una memoria de larga duración, que no esté atravesada por la política partidaria. En Jujuy, los pobladores dicen que el agua vale más que el litio, como ya lo escuchamos en Chubut o en San Juan con el oro de Veladero.

La política de los Estados dependientes del gran capital

La falta de políticas independientes, de los estados débiles con funcionarios cómplices, frente a las grandes potencias y las empresas internacionales es muy bien aprovechada en primer lugar por los Estados Unidos, a los que se suman últimamente Rusia y China. La historiadora e investigadora Elsa Bruzzone, como parte del ciclo de charlas reunidas en el libro Pensar la Nación (Le Monde Diplomatique, 2010), realizó una presentación en la que enumeró distintas situaciones de ocupación territorial  por parte de los Estados Unidos, así como obras y proyectos invasivos que valen la pena recordar. A principios del  siglo XIX, Estados Unidos se quiso apropiar del Amazonas y, en 1853, reivindicó el pedido de transformarlo en un bien internacional, queriendo hacer de esta parte de Sudamérica una zona patrimonio de la humanidad.

Bruzzone marca cómo la intención de que el Amazonas —y sus bosques, minerales, hidrocarburos, agua— se conviertan en patrimonio de la humanidad significaba resignar soberanía para los países que atraviesa sus territorios y cuentan con sus bienes naturales. “Es como dejar que el zorro cuide las gallinas”, sostenía.  En ese sentido, Bruzzone menciona que, en 2004, el Pentágono alertó al Congreso estadounidense por la crisis del agua y sugirió desplegar las Fuerzas Armadas para tomar el control de los recursos hídricos en terceros países. El informe del Pentágono marcaba la convicción de que las invasiones y guerras por los hidrocarburos del siglo XX serán reemplazadas por las guerras por el agua. Todo ello ayuda a entender el por qué de la instalación de cientos de bases norteamericanas por todo el mundo (872), entre ellas las instaladas en América Latina. Uno de los intentos que no prosperó fue el de instalar una base en la Triple Frontera, por donde casualmente pasa el Acuífero Guaraní. 

Surge la conexión evidente entre los planes militares y los modos de apropiación y explotación de los bienes naturales en nuestra región. Ello sugiere al menos una implementación táctica en función de una estrategia de control de nuestras riquezas naturales. Por ello, es hipocresía de la dirigencia política hablar de falta de conciencia o de construcción de memoria. 

La clase dirigente, los intelectuales y los funcionarios saben, tienen memoria, como cualquier ciudadano que se interese por los problemas nacionales. Están informados del desastre ecológico y saben de la inutilidad de los foros internacionales que declaman reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero no hacen absolutamente nada para cambiarlo. Solo en 2022 se quemaron cuatro millones más de hectáreas de selva virgen en el Amazonas. Ocurre lo mismo en el Congo, Gabón, Ghana y Argentina. 

Quienes estamos por la defensa del ambiente natural decimos que hay complicidad de los que tienen poder de decisión porque siguen sosteniendo que la explotación extractiva (pools de siembra, oro, plata, litio) es para dar trabajo y favorecer el desarrollo nacional. A pesar de que la realidad indique todo lo contrario, el paradigma de desarrollo productivo del capitalismo se sostiene porque está en la raíz de la conformación ideológica de la burguesía colonizada y dependiente del gran capital internacional. 

En el negocio de la actual explotación extractivista multinacional no hay un Estado ausente, hay un Estado funcional al mismo y por ello cómplice. Un paralelo a lo que expresa el diputado santafecino Carlos del Frade respecto del narcotráfico en el país cuando dice que «hay una narco-zoncera cuando se piensa un Estado ausente». El Estado está presente pero bajo la forma corrupta. 

En América Latina, empero, afortunadamente, han surgido prácticas políticas capaces de quebrar la lógica de la teodicea del libre mercado, han germinado discursos capaces de enfrentar con coraje la hegemonía del modelo extractivita en su etapa neoliberal. Un buen ejemplo de ello es la noción de «buen vivir» y el derecho de la Naturaleza, que irrumpió recientemente en el vocabulario político de algunos países latinoamericanos —y quedó plasmado en la Constitución de Ecuador y Bolivia— de la mano de los pueblos indígenas.

La lucha indígena encarna la cabal comprensión del daño ecológico pues el nativo ya no pueden pescar ni tomar agua del río contaminado, no pueden sembrar la tierra de los ancestros reseca o enajenada, el cerro aquel con todo su color que tenía un significado cultural ancestral, de patrimonio intangible, fue volado por la empresa que extrajo el oro, y la selva con sus frutos, con su madera, está siendo talada o incendiada por el agronegocio de los poderosos. 

En la jerga de la modernidad capitalista, el “recurso agua” como concepto, muestra su arista más negativa, pues es un buen recurso económico para Coca-Cola, Pepsi, Nestlé o Danone que venden las botellitas. La política de saqueo de los bienes naturales es cada vez más más desembozada, descarada, como las declaraciones de la titular del Comando Sur de Estados, Laura Richardson, cuando manifiesta públicamente el interés de Estados Unidos en nuestros bienes naturales: litio, oro, agua.

En tiempos de Carlos Menem, otro general cuatro estrellas, Colin Powell, compartió un asado de exportación, semi-clandestino, en un campo de la familia Larreta en la localidad bonaerense de 25 de Mayo. Años en los que el presidente estadounidense George Bush jugaba al tenis con el presidente argentino, mientras éste desguazaba los ferrocarriles, las empresas del Estado y firmaba un tratado con su par chileno Eduardo Frei para la explotación megaminera en la Cordillera.

La megaminería contaminante fue muy resistida por la población en San Juan, en Chubut, en Catamarca, en la Rioja, pero durante las gestiones kirchneristas hubo continuidad en el acatamiento al modelo de economía extractiva al servicio de las multinacionales y también represión a los pueblos que resistían. Miguel Bonasso, relata en El Mal, el modelo K y la Barrick Gold (Planeta, 2011), el acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y su par chilena Michelle Bachelet sobre aspectos tributarios transfronterizos, que favorecían a la Barrick Gold por la explotación minera en Veladero y Pascua-Lama.

Estos antecedentes deben tenerse en cuenta a la hora de analizar la actual represión en Jujuy. La misma no sería entonces, como se quiere presentar, un ensayo de lo que será (el resto del país) si ganan las elecciones presidenciales Patricia Bullrich o Javier Milei. Coincidentemente con este planteo, en un artículo publicado en este medio se sostiene: “Desde el peronismo gobernante se argumenta, intentando retener votos y aparatos estatales, que los hechos de Jujuy son un ensayo de los que será un próximo gobierno de Juntos por el Cambio. Desde los territorios sometidos al extractivismo, y desde los pueblos que sufren represiones cotidianas, se puede leer que Jujuy es un botón más de muestra de lo que —en distintas intensidades— ya sucede en los territorios, tanto con gobiernos peronistas como con radicales”.

Como afirman sectores ambientalistas, vienen por todo y también por el agua. Mientras esta guerra larvada por el elemento vital se desarrolla, millones de personas en el mundo no tienen agua potable. Conviene estar alerta por los proyectos hidroeléctricos que se anuncian como beneficio para las poblaciones, hay que bucear detrás de las declaraciones y ver si las obras son realmente para favorecer a las poblaciones locales o a las empresas extractivas. Llama la atención que el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, anunciara la firma de un convenio para la elaboración de un «plan maestro» del manejo del agua en Mendoza, San Juan, Rio Negro, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz y Formosa con la empresa israelí Mekorot. 

Al mismo tiempo, en contradicción evidente con los intentos extranjerizantes, los pueblos indígenas de Jujuy se levantan en defensa de los bienes estratégicos, los minerales y fundamentalmente el agua, en contra del modelo de explotación extractiva, de los grandes intereses económicos locales y extranjeros. 

*Investigador Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de Buenos Aires.

Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva