La creación de la Secretaría de Cultura que propone Enrique Peña Nieto, presidente de México, implica la separación orgánica entre educación y cultura.

Esta es una de las principales razones por las que los arqueólogos y antropólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) demandan a los diputados federales que desechen la iniciativa que el titular del poder ejecutivo les entregó el 7 de septiembre de 2015.

En caso de prosperar, advierten, la formación integral de las futuras generaciones estaría en riesgo, es decir, la concepción holística que desde hace casi un siglo ha orientado la enseñanza pública en el país, y que está plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde 1988, recae en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) la coordinación de las unidades administrativas e instituciones públicas que promueven y difunden la cultura y las artes, entre ellas, el INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). La iniciativa de Peña Nieto pugna por la transformación del Conaculta, que actualmente depende la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la nueva Secretaría de Cultura.

El desarraigo de instituciones como el INAH o el INBA de la SEP, su seno de origen, implicaría la desorganización y desarticulación del sistema educativo nacional que, de acuerdo con lo estipula la Carta Magna, debe pugnar por el fortalecimiento y la difusión de la cultura.

Respecto de la relación entre educación y cultura, el artículo 3 constitucional establece que corresponde al Estado mexicano alentar el fortalecimiento y la difusión de la cultura, además de orientar la educación a partir de criterios como “el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo” y el carácter nacional, atendiendo a “la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura”.

En entrevista, Amparo Sevilla, investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, comenta: «Consideramos que es improcedente crear una Secretaría de Cultura porque el proyecto educativo que con ello se impone tiende a que los mexicanos y mexicanas recibamos una educación cada vez más fragmentada, dirigida hacia la tecnificación, en términos del mercado laboral. El separar la cultura del sector educativo traerá como consecuencia una formación cada vez menos integral del educando”.

Y agrega: «La integración de saberes que se da dentro del ámbito cultural es fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje de conocimientos básicos para el vivir».

Quienes integran el Sindicato de Trabajadores Académicos del INAH consideran que el divorcio administrativo entre educación y cultura –lo que en la práctica resulta inverosímil, toda vez que la cultura es el contenido y la esencia de la educación, y ésta su vehículo– cancela el papel que desempeña el modelo educación-cultura en aspectos sustanciales para el pueblo de México.

En su documento Improcedencia de la iniciativa para crear una Secretaría de Cultura; reglamentación del artículo 4º constitucional como alternativa urgente, detallan que al disociar de la SEP el componente cultural se “pone en riesgo el cimiento de cohesión social y de identidad nacional, regional y local; de integración de México como nación pluriétnica y multicultural; de formación sistemática de conciencia de nuestra diversidad cultural; de formación integral; de ciudadanía y de respeto a los derechos culturales y humanos; fundamento que desde hace décadas ha sido esencial en el desarrollo y consolidación social de nuestro país”.

Los investigadores del INAH recuerdan que en 2003, en su Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos apuntó: “La educación es un vehículo cultural que impulsa la integración social a través de la consolidación de la cohesión nacional y la apreciación de la cultura universal y el intercambio transcultural. Por lo tanto, es indispensable fortalecer la relación entre educación y cultura, actualmente soslayada en México”.

Iniciativa presidencial: cúmulo de inconformidades

El 7 de septiembre de 2015, Enrique Peña Nieto entregó a la Cámara de Diputados la Iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras disposiciones para crear la Secretaría de Cultura.

Desde entonces, las manifestaciones de rechazo a la iniciativa presidencial no han cesado. El 8 de octubre, antes de iniciar la función de la ópera “Mesistófeles”, en el Teatro Juárez, en Guanajuato, los músicos de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes desplegaron mantas de protesta. Apenas el pasado 18 de noviembre, en Michoacán, trabajadores del INAH se manifestaron públicamente en contra de la Secretaría de Cultura.

Los argumentos en contra son bastos y de índole diversa. Destaca, por ejemplo, la elaboración “sigilosa” de la iniciativa, sin consultar a especialistas, trabajadores de la cultura y otros sectores interesados; o que no parte de un diagnóstico de las instituciones que conforman el subsector cultural de la SEP.

Los investigadores del INAH piden a la Cámara de Diputados, como cámara de origen, que deseche la iniciativa presidencial y que, en su lugar y a partir de un debate nacional amplio y profundo, legisle sobre una Ley General de Derechos Culturales, Fomento y Difusión de la Cultura.

“Lo que resulta urgente legislar en México es sobre derechos culturales. Mientras no haya ese marco jurídico, la función de una Secretaría de Estado en el campo de la cultura no tiene sentido”, comenta Amparo Sevilla.

Aldir González Morelos, investigadora de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH, refiere que María Teresa Franco, directora de este Instituto, sabe de las críticas a la iniciativa presidencial, lo mismo que los diputados de las diversas fracciones políticas. Y es que, explica, los argumentos de los inconformes han sido expuestos de manera directa a los funcionarios o vía foros y desplegados públicos.

“Consideramos que toda nueva legislación sobre el papel del Estado en el ámbito cultural debe respetar las leyes vigentes, los tratados internacionales signados por el país y tener como objetivo el bienestar social, además tiene que ser producto de una amplia y profunda discusión nacional que no debe acotarse al tiempo de aprobación del Paquete Económico de 2016”, se lee en el documento Improcedencia de la iniciativa para crear una Secretaría de Cultura; reglamentación del artículo 4º constitucional como alternativa urgente, a cargo del Sindicato de Trabajadores Académicos del INAH.

Para Martha Patricia Hernández, la iniciativa de Peña Nieto es “un proyecto que pretenden sacar al vapor, lo que implica que no está planeada, razonada ni proyectada completamente”. La investigadora del Centro INAH, en el Estado de México, advierte: «Vamos a demostrar con argumentos la no pertinencia de creación de una Secretaría como la que se está planteando».