Empresas internacionales que comercializan equipo de espionaje están en territorio mexicano. Hoy, en la capital del país, es el cierre de una exhibición que los convoca: la Intelligent Support Systems (ISS), acto anual en el que las empresas de seguridad muestran y venden software diseñado para espiar masiva y selectivamente a ciudadanos.

A la exhibición asisten policías y agentes de inteligencia de todo el mundo para comprar servicios a compañías como FinFisher y Hacking Team, quienes a través de intermediaros comercializan equipo y software a “gobiernos represivos” que, de forma ilícita y en contravención con los derechos humanos, ejercen acciones de espionaje contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y disidentes políticos.

A través de un comunicado, organizaciones de la sociedad civil mexicana rechazan la celebración del evento que inició el 20 de octubre pasado. Sostienen que su gravedad se eleva por el hecho de que la sede sea México, “un país atravesado por crisis de impunidad, corrupción, desapariciones forzadas, tortura y un lamentable déficit democrático”.

Con el fin de ejercer un control público respecto de los asistentes al evento, demandan que se transparente esta información, así como los recursos públicos empleados por el gobierno mexicano para la adquisición de herramientas informáticas de espionaje. Y es que, aseveran, gobiernos estatales y organismos paraestatales en México, “quienes ejercen acciones de espionaje sin facultades legales ni constitucionales”, son clientes de Hacking Team, una de las empresas patrocinadoras de la ISS.

Las actividades de espionaje en el mundo intentan justificarse bajo el argumento del combate al crimen organizado y/o al terrorismo. No obstante, la evidencia y el tiempo desmontan la mentira oficial.

Es así, por ejemplo, que gracias a la filtración de los correos electrónicos de Hacking Team –difundidos por Wikileaks el 5 de julio de 2015–, se sabe que en América Latina (en países como México, Ecuador, Panamá, Chile y Colombia), las tecnologías de espionaje compradas a esta empresa se usan sistemáticamente en contra de víctimas, activistas, opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. Todo ello, en un contexto de escaso o nulo ejercicio de transparencia y debidos controles democráticos.

Artículo 19, Derechos Digitales América Latina, Red en Defensa de los derechos Digitales y Electronic Frontier Foundatio, las organizaciones que suscriben el comunicado difundido este día, señalan que “la adquisición y uso de software de espionaje por parte de los gobiernos de países latinoamericanos no puede hacerse sin controles estrictos, rendición de cuentas y transparencia. La acciones seguridad y la persecución del delito deben ser tareas encaminadas a proteger las libertades y los derechos humanos, no excusa para lastimar su ejercicio”.