Guatemala. La  Corte de Constitucionalidad colocó en una grave situación a la justicia guatemalteca con el fallo en el que anula la condena por genocidio dictada contra el delirante dictador Efraín Ríos Montt, más propio de un tribunal de instancia que de una corte cuya principal responsabilidad es velar por el respeto a la Constitución.

A partir de la enorme debilidad del sistema de justicia, esta instancia se ha convertido en una especie de corte celestial que decide sobre todo y no garantiza el ejercicio de ningún derecho; por lo menos si se trata de persona o personas comunes y corrientes que no sean parte de los poderosos.

Es una terrible situación para la justicia y en favor de la impunidad cuando tres magistrados, en contra de la opinión de los dos restantes que integran la Corte y que con dignidad razonaron su voto en contra (los magistrados Mauro Chacón y Gloria Porras), decidieron darle una desproporcionada importancia a aspectos de procedimientos por encima de cientos de testimonios, peritajes y pruebas, para anular un juicio por genocidio. ¿En dónde será posible encontrar la proporcionalidad que sustente ese criterio? Emiten una resolución que presenta todas las características de un vulgar sometimiento a la voluntad de los grupos de poder fáctico del país, a los que la justicia, la democracia y el desarrollo nacional les importa muy poco; lo único importante para ellos es mantener su poder y acrecentar sus riquezas.

Desde varios días antes de que se anulara la sentencia, todas las luces de alerta estaban encendidas ante las claras señales que dieron, a través de los mecanismos de siempre, los que mantienen al país en la miseria y en el atraso más oprobioso. No es que pensáramos que el retroceso no se pudiera producir, siempre lo temimos, pero esperábamos una actitud más digna de quienes, a pesar de sus antecedentes políticos e ideológicos, le deben respeto a la magistratura que ocupan.

También sabemos que una golondrina (en este caso tres) no hace verano. Por ello, aunque vimos con admiración la valiente y digna actuación de la Juez Yazmín Barrios -quien preside el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, junto a los jueces vocales Pablo Xitumul y Patricia Bustamante- que, soportando insultos, agresiones y descaradas presiones desde el más alto nivel del Estado, emitió un veredicto y una condena histórica. Eso lo entendimos como un gran paso (pero desgraciadamente uno solo), con el que se puede empezar a fortalecer el sistema de justicia de Guatemala, a darle credibilidad e inspirar respeto.

Pero los aspectos de forma, los que por ley deben ser sometidos a aspectos reglamentarios para emitir sanciones, si es que se hubieran cometido faltas como las que señala la sentencia de los magistrados celestiales, resultaron determinantes para cometer lo que puede calificarse como una monstruosidad jurídica: declarar nula una sentencia de inocencia que favorece al otro general que está siendo juzgado por genocidio, el general Rodríguez Sánchez, que ahora resulta perjudicado por la necesidad de responder a los que mandan más allá de la institucionalidad del país.

También sabemos que tenemos retos para avanzar hacia la construcción de la democracia más allá de las formas, más allá de los ritos que debemos transitar cada cuatro años para hacer como que elegimos gobernantes, mientras los que salen electos hacen como que tienen la capacidad de gobernar el país -aunque rápidamente nos damos cuenta de que lo único que les interesa es continuar utilizando la institucionalidad del Estado para enriquecerse y facilitar que los que mandan lo sigan haciendo.

Para ellos, fortalecer la democracia auténtica y responder a la demanda de las víctimas por la verdad y la justicia no es prioritario. Después de todo, la enorme mayoría de agraviados son “indios”, y para los criollos y oligarcas sin conciencia, las indígenas son desechables. Son útiles solamente si se dejan explotar y aceptan las inhumanas condiciones en que todavía se levantan las cosechas en muchas fincas del país. El que los pueblos indígenas tengan conciencia de sus derechos y exijan que se les respeten, les resulta intolerable. En ese marco, si fue necesario perseguirles, quemar sus cosechas y sus precarias casas, torturarles, asesinar niñas, niños, mujeres embarazadas, ancianas y ancianos, pues resulta justificado porque “fue para el bien del país”. ¿Se podrá encontrar mayor desfachatez?

Hace pocos días, un querido amigo me escribió un mensaje en el que me decía: “Enrique, qué estaremos pagando que hemos tenido que cargar con una de las derechas más a la derecha del continente, si no del mundo”. Según yo, además de haber nacido en esta bella y amada tierra, tal vez no hemos podido hacer lo suficiente para abrir caminos para construir la unidad de todas las personas que anhelamos construir la democracia, y muchas veces con nuestra indiferencia frente al sufrimiento de las otras personas hemos contribuido a que estas lacras con poder sigan rigiendo nuestra vida. ¿Nunca es tarde, no? Ya se está acercando la hora de decir basta.

Y parafraseando una oración con la que se recuerda a la admirada antropóloga Myrna Mack, una de las víctimas más paradigmáticas del odio a la verdad y la inteligencia –lo que históricamente caracteriza a los represores guatemaltecos-, podemos afirmar: sin duda que al entierro de la impunidad, es al único al que queremos asistir todas las personas que estamos dispuestos a luchar por construir la democracia y el bienestar de todas las personas en Guatemala, sin exclusiones de ningún tipo.

El autor es director de Incidencia Democrática

Publicado el 27 de mayo de 2013