Madrid, España. “Sí se puede”, fue el grito que se escuchó a las puertas de los centros sanitarios madrileños cuando, después de 15 meses de lucha contra la privatización de la salud, se detuvo el proceso que pondría a seis hospitales públicos en manos privadas.

El 27 de enero de 2014, después de muchos meses de lucha en la calle, una decisión judicial provocó la suspensión definitiva de un ambicioso proyecto de privatización de varios hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, causando además el cese del Consejero de Salud de esta Comunidad, uno de los principales impulsores del proyecto.

Esta suspensión es una gran victoria que se consiguió gracias a la lucha tenaz de una buena parte de la sociedad madrileña, que emplea diversos medios para ello. El principal es su presencia en la calle.

Hace más de 15 meses, el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid pretendió privatizar la gestión sanitaria de seis hospitales públicos, amparándose en la necesidad de ahorro impuesta por la crisis económica; para ello, presentó un “Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid” en el que, bajo los “objetivos” de conseguir ese ahorro y mantener la calidad asistencial, propuso unas medidas que incluían, entre otras, la externalización (es decir, la privatización) de la actividad sanitaria en seis hospitales y 27 Centros de Salud de Atención Primaria, junto con los servicios no sanitarios de cocina, lavandería, almacenes y mantenimiento.

Lo que hay detrás

El proyecto neoliberal de privatización de lo público comenzó, en el caso de la Sanidad, en el año 1991, cuando el gobierno de Felipe González (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) encargó un informe a una comisión de 10 personas, siete de las cuales estaban relacionadas con la sanidad privada y la industria farmacéutica. Esta comisión, presidida por el empresario, banquero y ex-procurador en las Cortes franquistas, Fernando Abril Martorell, elaboró un texto (el Informe Martorell) en el que se planteó la existencia de un agotamiento del sistema sanitario y recomendó la reducción de las prestaciones, la introducción del pago por acudir a consultas, urgencias o por pruebas diagnósticas, y potenciar la participación de la empresa privada en el sistema sanitario público. Si bien, en aquel momento, el informe fue aparentemente relegado y olvidado, quedó como una hoja de ruta del proceso de privatización sanitaria.

Apenas seis años después, con los votos de los partidos mayoritarios en la Cámara, Partido Popular (PP) y PSOE, junto con los pequeños partidos nacionalistas catalán (Convergencia y Unión, CiU), vasco (Partido Nacionalista Vasco, PNV) y Coalición Canaria, se aprobó una ley, vigente en la actualidad, que permite la gestión privada de los centros públicos. Y dos años después, en 1999, se inauguró en Alcira, Comunidad Valenciana, el primer  hospital de financiación pública y gestión privada, dando lugar a lo que se ha llamado el “Modelo Alcira” de gestión sanitaria¹.

Bajo la presidencia de Esperanza Aguirre (2003-2012), este modelo comenzó a aplicarse en Madrid,  con la construcción de nuevos hospitales cuya gestión es privada y que conlleva el cierre de otras instalaciones en uso, recortes en algunas prestaciones sanitarias, como la vacunación contra el neumococo o los tratamientos para dejar de fumar. La sanidad madrileña, que seguía siendo pública, universal y gratuita, empezó un proceso de deterioro progresivo de las prestaciones sanitarias públicas. Pero fue su sucesor, Ignacio González, quien en 2012 anunció el plan que pretendía  adjudicar la gestión hospitalaria de seis hospitales a tres empresas, una de ellas con sede en Puerto Rico y especializada en “turismo sanitario”, afectando así a más de 5 mil profesionales y a la sanidad de 1 millón 151 mil 587 personas.

Sin cifras que lo demostraran, el plan afirmaba que ceder hospitales era imprescindible para salvar el Sistema Público porque, según estimaciones, se ahorrarían 500 millones de euros, aunque luego esa cifra bajó a 200 y, poco después, a 169.

Haciendo buena la consigna coreada durante los días de la acampada del 15M que decía “Dormíamos, despertamos”, las calles de Madrid comenzaron a llenarse de batas blancas en unas movilizaciones sostenidas durante 15 meses y en las que han ido, codo con codo, trabajadores de la salud, pacientes y usuarios. Nació la Marea Blanca. Esa presencia continua en la calle fue reforzada con diferentes acciones: huelgas de médicos y personal sanitario, con importante apoyo de los pacientes, recogidas de firmas a favor de la Sanidad Pública, amenazas de dimisión masiva de directivos de Hospitales y Centros de Salud y una Consulta Popular por la Sanidad, apoyada y realizada por vecinos y Asambleas del 15M, que llenó las calles de la ciudad de mesas de votación  en las que se recogieron más de 933 mil papeletas, el 99.4 por ciento de las cuales fueron favorables a la sanidad pública.

El tortuoso camino judicial

Como una más de las acciones a realizar, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), decidió interponer un recurso judicial en contra de esa privatización. Los gastos fueron sufragados por la aportación de un día de sueldo de muchos profesionales del sector. El recurso se basaba no la ilegalidad de la medida, sino en las irregularidades de los pliegos de contratación. Posteriormente se presentaron otros recursos, hasta un total de cinco, entre otros, de la Asociación  de Médicos y Titulados Superiores de Madrid o del PSM, la federación del Partido Socialista Obrero Español en la Comunidad de Madrid.

Todos los recursos fueron admitidos a trámite y el 11 de septiembre del 2013, cuando las empresas ya estaban elegidas y a punto de hacerse cargo de los hospitales, se produjo la primera pequeña victoria de este proceso: la sección tercera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó la suspensión cautelar del proceso para evitar “perjuicios irreparables” en el caso de que la sentencia final fuera en contra de dicha privatización pero esta ya se hubiera producido. Es importante señalar que la sentencia que paraliza el proceso se refiere, exclusivamente, a las deficiencias técnicas del proceso de adjudicación de los seis hospitales, ya que la legalidad de la privatización está amparada en la Ley aprobada en 1997. Ante esta paralización, que se celebró con gran alegría en las calles, el gobierno de la Comunidad de Madrid interpuso un recurso.

A mediados del mes de octubre, el resultado del proceso judicial estuvo a punto de sufrir un serio revés: el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, esposo de una consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha, en manos del Partido Popular, decidió quitar el asunto de las manos de los jueces que habían decretado la suspensión provisional y agrupó los recursos pendientes para que fuera una “supersala” de 50 magistrados quién decidiera sobre ellos; sin embargo, apenas dos meses después, fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial, cargo incompatible con el anterior. Cuando la “supersala” se reunió, devolvió los recursos a sus tribunales de origen. Finalmente, el 27 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la suspensión, rechazando el último recurso interpuesto por la Comunidad, y ésta decidió echar atrás todo el proyecto porque “la situación de incertidumbre es insostenible”.

Las sombras de una victoria

La retirada el proyecto es una gran victoria que no habría podido conseguirse sin el trabajo y la presión continua de tanta gente que ha salido a la calle, mes con mes y semana a semana, en defensa de un sistema sanitario público bajo el lema de “La Sanidad Pública no se vende, se defiende”. Pero esta es una victoria parcial en la que no podemos quedarnos, porque es mucho lo que hemos perdido a lo largo de estos años. Para empezar, la victoria se refiere solo a un intento concreto de privatización de la sanidad, pero no pone en duda la legitimidad de la ley aprobada en 1997.

Son muchos los frentes que quedan abiertos, como la lucha contra la derivación de pacientes con patologías rentables a la sanidad privada, la derogación de la Ley 16/2012 -que excluyó a miles de personas del sistema de salud, dejando de ser universal- y la vuelta atrás de las privatizaciones ya realizadas, entre las que se encuentran los servicios de comedor y limpieza de los hospitales, la privatización de la Lavandería Central -que supuso, además de varios despidos, el deterioro de las condiciones de trabajo de quienes se quedaron, que pasaron a trabajar más horas mientras sus salarios fueron reducidos a la mitad-, la centralización de las pruebas analíticas en un laboratorio privado o la privatización de la extracción de sangre en la calle, que pasará a manos de la Cruz Roja –que recibirá 9.3 millones de euros al año por ello.

Las luces de la victoria

Al día siguiente del triunfo sobre los planes privatizadores de la Comunidad de Madrid, trabajadores y trabajadoras, junto con pacientes y vecinos, salieron a las puertas de los Centros sanitarios a celebrarlo al grito de “Sí se puede”. Esta es la luz más importante, la lección que esta lucha, aún sin acabar, nos deja.

La Marea Blanca es algo más que unas marchas por el centro de la ciudad el tercer domingo de cada mes; es un arsenal de recursos de lucha, una convicción general de los funcionarios por lo público de los servicios que prestan y una población convencida de luchar por el carácter público de los servicios que reciben. Muestran la importancia y el buen hacer de los movimientos sociales y, sobre todo, de la unidad de trabajadores, vecinos y pacientes en torno a la defensa de un bien común.

Y sí, la verdad es que este pequeño triunfo sabe mejor cuando se piensa junto a lo sucedido en Gamonal, ese barrio de Burgos que, apenas hace unas semanas, se levantó para defenderse de una imposición.

 02 de febrero de 2014