Se trata de un solar abandonado y ocupado a finales de marzo por un colectivo de 5.000 personas sin techo, víctimas de una especulación inmobiliaria voraz. 1.600 efectivos policiales penetraron violentamente en el lugar pasadas las cinco de la mañana del viernes con una orden judicial de desalojo.

Los disturbios comenzaron ya fuera de la enorme fábrica, bautizada como “favela da Telejr”, donde los policías golpeaban a todo el que pasaba. Poco después, ante las persecuciones a familias enteras dentro del terreno, grupos de vecinos incendiaban varias alas de los cuatro edificios que componen el antiguo complejo industrial, propiedad de la empresa de telefonía Oi.

Las imágenes transmitidas en directo por los principales canales de televisión brasileños mostraban a familias aterrorizadas ante la violencia del ataque, y a gente que intentaba huir por donde podía, pero terminaba atrapada en la red represiva montada alrededor del terreno.

La policía atacó disparando pelotas de goma y lanzando bombas de gas lacrimógeno, para luego entrar a bastonazos y patadas en las precarias viviendas. Unas mil personas resistieron a las unidades antidisturbios lanzando piedras y cócteles molotov, e incendiando un vehículo de la policía militar y varios autobuses policiales.

Más de 25 personas fueron detenidas durante el ataque, la mayoría mujeres que cuidaban a sus niños o personas que huían y se contabilizan decenas de heridos. Las imágenes de la resistencia popular fueron perfilando a lo largo de la mañana una auténtica batalla campal.

La violencia policial no tardó en extenderse a áreas aledañas al foco del conflicto, ante la rápida difusión de la mala noticia y la concurrencia de cientos de solidarios al lugar para apoyar a los okupas. Poco después, ante la posibilidad de no poder llegar a controlar la situación, tuvieron que llamar al Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), que penetró en la fábrica con su reconocida violencia.

La ocupación de este terreno de 50.000 metros cuadrados ha sido objeto de polémica en la prensa burguesa durante los últimos días en Río de Janeiro. Los medios han documentado lo que a todas luces ha sido la génesis de una nueva zona de organización popular independiente, con imágenes aéreas de calles recién demarcadas y terrenos parcelados. Todo sin ayuda y sin intervención estatal, lo que evidentemente es un atentado a la institucionalidad.

La gente ya había iniciado la construcción de chabolas y se podía apreciar cómo algunas ya habían sido techadas. A pesar de que el terreno llevaba años abandonado, menos de dos semanas después de la okupación ya hubo decisión judicial de desalojo. El alcalde de Río Eduardo Paes, conocido por sus favores a las empresas inmobiliarias, también se pronunció a favor de la expulsión de los «invasores».