Brasil I Desinformémonos I El gobierno brasileño decidió, mediante un decreto presidencial, abrir las puertas de una gigantesca reserva natural de la Amazonía a empresas mineras. Esta decisión es “un grave retroceso en la lucha” para proteger el pulmón verde del mundo denunció un grupo de activistas del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).
«Es el mayor ataque a la Amazonía en los últimos 50 años. Ni la dictadura militar osó tanto», señaló a medios locales el senador ambientalista Randolfe Rodrigues.
Michel Temer autorizó en días recientes la extinción de una reserva natural de más de 47 mil kilómetros cuadrados localizados entre los estados brasileños de Pará y Amapá para la extracción de oro y otros minerales nobles. Desde hace 33 años, la actividad minera y comercial de la zona estaba a cargo de la Compañía Brasileña de Recursos Minerales y de las empresas autorizadas por esta.
La Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca), fue creada en 1984 durante el régimen militar de João Figueiredo. Allí actualmente se explota cobre, pero estudios geológicos señalan que hay oro, manganeso, hierro y otros minerales. El área, rica en oro y otros minerales, engloba nueve áreas protegidas: el Parque Nacional Montañas del Tumucumaque, los Bosques Estatales del Parú y de Amapá, la Reserva Biológica de Maicuru, la Estación Ecológica del Jari, la Reserva Extractiva Rio Cajari, la Reserva de Desarrollo Sostenible del Río Iratapuru y las tierras indígenas Waiãpi y Río Paru d`Este.
Organizaciones no gubernamentales, como el WWF, consideran la medida un retroceso en la protección de la Amazonía “esta decisión pone en riesgo nueve áreas protegidas, lo que podría causar impactos irreversibles al medioambiente y a los pueblos de la región”. La reserva cuenta, además, con dos territorios indígenas, en los que no es posible hacer minería, con lo cual se presiona una región intacta del Amazonas. Cuando se abre para la minería, además de la actividad formal, se fomentan actividades de extracción ilegal, invasión de tierras públicas, deforestación y surgen conflictos sociales con los pueblos indígenas” señaló Mauricio Voivodic director ejecutivo de WWF Brasil.
«La extinción de la reserva natural puede fomentar la invasión de tierras y ejercer presión para que las comunidades indígenas realicen acuerdos con las actividades clandestinas de mineros ilegales», agregó Voivodic.
Después de la publicación del decreto presidencial de la extinción Renca (Reserva Nacional de Cobre y Asociados), ocho senadores presentaron un proyecto de ley para detenerla. «El decreto supone el mayor ataque a la Amazonía en los últimos 50 años. Ni la dictadura militar osó tanto», señaló a medios locales, el senador Randolfe Rodrigues.
El legislativo sostiene que el «objetivo es atraer nuevas inversiones, con generación de riqueza para el país, de empleo y de renta para la sociedad, basado siempre en los preceptos de sustentabilidad”.
«Además de la explotación demográfica, deforestación, pérdida de la biodiversidad y la explotación desmedida de los recursos hídricos, surgirán los conflictos agrarios, la expulsión de pueblos indígenas de sus territorios” agregaron los expertos del WWF.
Científicos anuncian inminente destrucción de la cuenca del Amazonas
Por su parte, científicos liderados por Edgardo Latrubesse, advierten en su estudio llamado Índice de Vulnerabilidad Ambiental de Represas (DEVI, por sus siglas en inglés) que de llevarse a cabo la iniciativa de satisfacer las necesidades energéticas mediante 428 represas hidroeléctricas se pone en serio riesgo la Amazonía, al modificar el flujo de nutrientes que llevan los ríos, la biología e incluso el clima del lugar.
«Los principales factores de degradación de los ecosistemas son la deforestación, alteraciones del flujo de los ríos, la pérdida masiva de la biodiversidad y la erosión del suelo» señalan los expertos.
La dimensión del impacto puede ser no solo regional, sino también a nivel del hemisferio. Los valores DEVI más altos (que cuantifican la vulnerabilidad de un área en una escala de 0 a 100) se encuentran en el río Madeira (80 puntos), y los ríos Marañón y Ucayali, de 72 y 61 puntos, respectivamente, con 104 y 47 presas planeadas o construidas.
Lo más alarmante es la conclusión a la que ha llegado Edgardo Latrubesse: «La dimensión de los impactos puede ser no solo regional, sino también a nivel del hemisferio. Si se construyen todas las presas previstas en la cuenca, su efecto acumulativo provocará un cambio en los sedimentos que fluyen al océano Atlántico, lo que podría obstaculizar el clima regional”.
Con información de Telesur y RT en español