Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) de Morelos, Tlaxcala y Puebla repudiaron el intento de reanudar la construcción de dos termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la comunidad de Huexca y solicitaron a los gobiernos federal y estatal que salgan los policías que llegaron el 23 de octubre.
En conferencia de prensa, Bulmaro Castillo, de la agrupación Huexca en Resistencia, aseguró que pese a lo que diga el gobierno de Morelos, «entre 85 y 90 por ciento de las comunidades no estamos de acuerdo con este proyecto, que dañará nuestra salud y medio ambiente» y que incluye un gasoducto que pasará por localidades de Puebla y Tlaxcala. Selene Soriano, del frente en Puebla, detalló que 14 municipios de esa entidad serán afectados por el gasoducto, y criticó que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas «no haya querido hablar con nosotros y presione a los presidentes municipales» para que avalen la obra. Jaime Corona, de Tlaxcala, dijo que el gobierno federal «trata de hacernos desgraciada la vida pretendiendo que pase un gasoducto a entre 10 y 15 metros de nuestras casas. ¿Cómo vamos a estar tranquilos pensando que un día va a explotar?» Lamentaron que, lejos de escuchar sus demandas, el gobierno de Morelos, encabezado por Graco Ramírez Garrido Abreu, por conducto de su secretario de Gobierno, Jorge Messeguer no sólo haya enviado a Huexca la fuerza pública, sino también «criminalice» la protesta de las comunidades contra la obra, que forma parte del Proyecto Integral Morelos. Los afectados emitieron ayer una declaración dirigida a los gobiernos federal y de Morelos, así como a los directivos de las empresas españolas Elecnor, Enagás y Abengoa, que están «presionando para que se imponga un megaproyecto sin consulta ni consentimiento de los pueblos». Exigieron también «la cancelación de las demanas y del hostigamiento al FPDTA, diálogo con el gobierno federal, la secretaría de Energía y la CFE, y la suspensión de la obra en tanto no haya acuerdo entre las partes».
