Los pueblos indígenas y otras comunidades locales desempeñan un papel fundamental para mitigar el impacto del cambio climático. Sin embargo, a pesar de que ocupan el 50% de la superficie de la tierra, estas comunidades son propietarias legales de tan solo el 10% de la misma. Por tanto, numerosas organizaciones de la sociedad civil están instando a los gobiernos de todo el mundo a ampliar la protección de los derechos consuetudinarios de tenencia de la tierra.

Las tierras gestionadas por las comunidades constituyen importantes sumideros de dióxido de carbono, pues permiten que las selvas existentes funcionen como reservas que absorben el CO2 y evitan que sus dañinas emisiones se liberen a la atmósfera. De hecho, colectivamente las selvas del mundo albergan más dióxido de carbono del que está presente en la atmósfera. Si a las comunidades indígenas no les otorgan reconocimiento jurídico ni protección gubernamental y la actual tasa de deforestación sigue sin disminuir, es probable que estas selvas se conviertan en una peligrosa fuente de emisiones de CO2.

Julio Ricardo Cusurichi Palacios, un líder indígena shipibo peruano que ganó el Premio Goldman 2007 para el activismo medioambiental de base, explicó a Equal Times que la solución reside en el compromiso genuino de las comunidades. “Queremos aplicar un enfoque desde abajo y no uno impuesto, para poder ofrecer soluciones colectivamente”, declaró.

Un proyecto de investigación desarrollado en 2016 por la ONG Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) reveló que los terrenos forestales indígenas y comunitarios albergan al menos un cuarto de todo el dióxido de carbono presente en la superficie de las selvas tropicales (54.546 milliones de toneladas métricas), una cifra 250 veces mayor que la cantidad de CO2 emitida por el transporte aéreo mundial en 2015.

Como abundan los casos en que no se ha reconocido formalmente la propiedad indígena o comunitaria de la tierra, más de 22,3 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono están en riesgo de ser liberadas a la atmósfera debido a la tala ilegal de madera, el acaparamiento de tierras y otros factores causantes de la deforestación como las explotaciones ganaderas, la minería y las prácticas agrícolas entre las que destaca el cultivo del aceite de palma.

Andy White, coordinador de RRI, hace un llamamiento para que se refuerce “la seguridad de la tenencia colectiva de la tierra” con el objetivo de promover el uso sostenible y la protección de las selvas tropicales del mundo y del dióxido de carbono que albergan.

“Las selvas y bosques [indígenas y comunitarios] albergan cuatro veces la cantidad total de dióxido de carbono que la actividad humana emitió a la atmósfera de nuestro planeta en 2014”, explicó. Además, casi 2.500 millones de personas (un tercio de la población mundial) dependen de las tierras comunitarias para su sustento. Gracias a la titulación de la tierra, esta gente consigue disminuir su vulnerabilidad y mejorar su seguridad alimentaria.

“Un estudio tras otro ha revelado que los pueblos indígenas y las comunidades cumplen mejor con la tarea de frenar la deforestación y mantener los árboles sanos, incluso mejor que las zonas protegidas ya existentes”, argumentó White. “Sus zonas forestales suponen una barrera para los peores efectos del cambio climático en el futuro”.

Enfoques basados en los derechos para las intervenciones relacionadas con el cambio climático

Del total de 54,5 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono almacenadas en los terrenos forestales tropicales, más de la mitad (30 millones de toneladas métricas) se encuentran en América Latina, en especial en Brasil, Colombia y Perú. El África subsahariana también constituye una importante reserva (8,3 millones de toneladas métricas de CO2), sobre todo la República Democrática del Congo, Angola y Camerún.

Antes de que se celebrara este año la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Bonn (COP23), una delegación de líderes comunitarios de América Latina, África y el sudeste asiático emprendió una gira en autobús por las principales capitales europeas. Su objetivo era que se reconociera el papel que desempeñan en la conservación de las selvas tropicales y defender la necesidad de promover enfoques basados en los derechos para las intervenciones relacionadas con el cambio climático.

La expedición se inició el 24 de octubre en la Royal Society de Londres, donde hicieron un llamamiento urgente para una mayor inversión en los terrenos forestales con el objetivo de frenar la deforestación. Asimismo, pusieron en marcha el primer estudio para calcular el estado general de la financiación forestal.

De los 167.000 millones de dólares USD de la financiación internacional para el desarrollo que se han asignado desde 2010 a la reducción de las emisiones de CO2, tan solo el 2% (3,6 mil millones USD) se ha dedicado a frenar la deforestación. Los datos revelan que la protección de las selvas puede suponer una atenuación del cambio climático de hasta el 30% de lo que se necesita para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.

La brasileña Sonia Guajajara, una importante representante de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, fue muy elocuente al inicio de la expedición:

“Nosotros somos los que estamos resistiendo a la desenfrenada deforestación provocada por la demanda mundial de soja, carne de ternera, aceite de palma, papel y madera. Y somos los que están siendo asesinados por proteger nuestras selvas. Si quieren acabar con la devastación, tienen que invertir en nosotros y en la protección de nuestros derechos. La madre de todas las batallas se está librando en las selvas tropicales», declaró.

Las tierras indígenas en primera línea de la batalla

Los activistas coinciden en que la financiación constituye un reto enorme. “Tenemos que invertir más en árboles”, afirmó Nancy Harris, la directora estadounidense de investigaciones de Global Forest Watch. “Si nos tomamos en serio el cumplimiento del Acuerdo de París, tenemos que canalizar la financiación hacia la conservación y restauración de los bosques y selvas”.

Con este objetivo, el mes pasado se puso en marcha en Estocolmo el Fondo Internacional para la Tenencia de Tierras y Bosques, una nueva iniciativa para intentar ayudar a financiar las actividades de las comunidades indígenas y locales dirigidas a garantizar los títulos de propiedad de sus tierras y el acceso a sus recursos.

Este fondo está financiado por numerosos donantes, como las agencias sueca y noruega de cooperación internacional al desarrollo y la Fundación Ford. Se trata de la primera y única institución mundial de financiación dedicada a apoyar a los indígenas en la defensa de su derecho a la tierra.

La fase piloto abarcó seis proyectos en África, Asia y América Latina que recibieron asesoramiento técnico y financiero. Comunidades de Camerún, Indonesia, Liberia, Mali, Panamá y Perú redoblaron sus esfuerzos para demarcar sus territorios y aceleraron la aplicación de leyes y políticas. En esta fase de incubación lograron hacer valer sus derechos sobre más de dos millones de hectáreas de zonas forestales.

La región de Madre de Dios en el Amazonas peruano cuenta con una gran diversidad biológica y es el hogar de 36 comunidades indígenas. En esta zona se encuentra uno de los proyectos piloto seleccionados. Muchas de estas comunidades necesitan aclarar jurídicamente la propiedad de sus tierras.

FENAMAD, una organización dirigida por el líder indígena y ganador del Premio Goldman Julio Ricardo Cusurichi Palacios, fue capaz de consolidar planes para el uso del suelo para cinco comunidades indígenas que abarcan 60.000 hectáreas donde viven 900 personas. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. “Estamos buscando aliados que nos puedan ayudar a profundizar en la promoción y el respeto de nuestros derechos”, explicó, en especial al nivel de los gobiernos local y federal.

Según Nonette Royo, directora del Fondo Internacional para la Tenencia de Tierras y Bosques, la iniciativa ha generado diálogo y negociaciones, pero todavía queda mucho por hacer. “Los pueblos indígenas se han dado cuenta de que aunque sus constituciones [nacionales] reconocen su existencia, no les reconocen sus derechos. Muchos de ellos han tenido que sufrir la traumática experiencia de ser desalojados de las tierras en las que han vivido durante generaciones porque no tienen títulos de propiedad de las mismas”. Según advierte Royo, si las naciones no tienen cuidado, “perderemos las últimas comunidades que quedan a las que les preocupa realmente la integridad de las selvas”.

En la próxima década, el fondo dedicará 10 millones USD al año a proyectos que tienen como objetivo aumentar a 40 millones de hectáreas la cifra de terrenos forestales indígenas y comunitarios bien gestionados, protegidos y con título de propiedad. Así se podría evitar la emisión de 0,5 gigatoneladas de CO2 y la deforestación de al menos un millón de hectáreas.

Además, en el marco del Acuerdo de París se creó una nueva plataforma para los pueblos indígenas. Durante la reciente COP23, Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hizo un llamamiento para que se aumente su capacidad.

“Esta plataforma reconoce que los indígenas son especialmente vulnerables [al cambio climático], pero que también aportan soluciones gracias a sus conocimientos ancestrales. Será un espacio permanente para que puedan influir en el programa de lucha contra el cambio climático”, anunció ante los periodistas en Bonn.