Foto: FDDPBOCA
Habitantes de pueblos, barrios originarios y colonias se han manifestado en contra del Plan General de Desarrollo (PGD) y del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT). La problemática no es menor, pues su negativa está relacionada directamente con una serie de situaciones que violentan sus derechos a la consulta, al derecho a la información y la participación ciudadana. Pero sobre todo, con el impacto que han tenido las grandes construcciones y la descontrolada expansión de los desarrollos inmobiliarios, lo cual ha derivado en problemas ambientales, económicos y socioculturales en las demarcaciones de toda la Ciudad de México.
De acuerdo con habitantes y personas de pueblos y barrios originarios de las alcaldías de Tláhuac, Álvaro Obregón e Iztapalapa la situación es bastante evidente, si se aprueban estos dos documentos en el Congreso de la ciudad, sobre todo el PGOT, las afectaciones serán en materia de medio ambiente y acceso al agua causados por el aumento de la gentrificación y el despojo. La negativa, las exigencias y necesidades de los habitantes de la ciudad fueron también manifestadas en los primeros dos Foros de Parlamento Abierto con motivo de los proyectos PGD y PGOT, organizados por las comisiones unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, los cuales se llevaron a cabo en las alcaldías Tláhuac, Álvaro Obregón e Iztapalapa, los días 13, 20 y 27 de octubre del 2023 respectivamente.
En estos tres foros estuvieron presentes el diputado local Víctor Hugo Lobo Román (PRD), el director del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), Patricio Carezzana Barreto, el ex diputado Carlos Hernández Mirón (Morena/Distrito 14), así como el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de Tláhuac, Roberto Mejía Méndez para el caso del primer foro. En ninguno de estos espacios, aseguran los y las asistentes, se dio información extra sobre la segunda versión del PGD y PGOT, el cual fue entregado al Congreso el 9 de junio de 2023, semanas después de que el entonces secretario de Gobierno, Martí Batres, presentara estos dos nuevos proyectos el 17 de mayo del mismo año. En los tres espacios, la respuesta de los y las asistentes fue similar, además de manifestar su rechazo y molestia contra del PGOT, también expresaron que no se llevaron a cabo consultas, sobre todo de tipo indígena para pueblos y barrios originarios de la ciudad, y que tampoco se les dio información oportuna.
En el segundo semestre del 2022, el director del IPDP era el arquitecto Pablo Tomás Benlliure Bilbao, quien renunció a finales del mes de febrero del 2023. Los avances del PGOT y el PGD que había presentado Benlliure Bilbao fueron dados a conocer en septiembre del 2022 en la UNAM, donde el entonces titular del instituto informó que estos documentos se encontraban en proceso de consulta (por seis meses), las cuales se llevarían a cabo del 8 de agosto del 2022 al 8 de enero del 2023.
Información contradictoria sobre consultas indígenas
De acuerdo con datos que después informó el gobierno central de la CDMX, se realizaron 1,362 actividades de consulta (asambleas, capacitación, charlas, conversatorios, foros, mesas de trabajo, reuniones y talleres), en las que acudieron 42 mil 382 personas (28 mil 932 presenciales y 13 mil 450 virtuales) y de las cuales 1,245 fueron consulta pública y 117 consulta indígena. En esas actividades estiman que se levantaron 14 mil 491 participaciones, de las cuales 1,518 se registraron a través de formatos de registro y 12,973 por cédulas. Por último, aseguran que recibieron 35,069 opiniones y propuestas: 16,817 del PGD y 18,252 del PGOT.
Lo anterior es importante pues en primer lugar, algunas de estas actividades no configuran formalmente consultas popular, sino que podrían considerarse parte de un proceso que culminaría en una consulta pública formal. En segundo, la información sobre las consultas indígenas es inexacta. Es decir, los datos que dio a conocer el JUD de transparencia del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva a través del folio 092736723000082, con fecha del 8 de junio de 2023, no sólo no concuerda con el documento que se encuentra en el portal del IPDP «Anexo de mecanismos de participación (versión extensa)” que comprende la información sobre las consultas realizadas para el PGOT y el PGD, sino que agregan el desarrollo por etapas de estas consultas indígenas, las cuales se realizaron de manera aleatoria.
En el documento adjunto a la respuesta de transparencia (folio 092736723000082) titulado “Informe final. Consulta indígena a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México para presentar recomendaciones y propuestas a los proyectos del Plan General de Desarrollo (2020-2040) y Programa General de Ordenamiento Territorial (2020-2035) de la Ciudad de México”, elaborado por la Secretaría de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (Sepi), se informa que realizaron un total de 161 reuniones con pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes de la ciudad, de las cuales 44 fueron previas, 32 fueron reuniones de la etapa preparatoria, 37 (etapa informativa), 31 (etapa deliberativa) y 17 (etapa de diálogo y acuerdos).
De este mismo documento se resalta que no son 117, sino 161 reuniones las que se llevaron a cabo, y que además éstas no son la acumulación de las etapas que configuran el proceso de consulta indígena. Asimismo, afirman que tomaron en cuenta a los 48 pueblos originarios reconocidos por el Marco Geográfico de Participación Ciudadana, vigente a julio de 2022, del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM/ACU-CG-004/2022). Además, agregaron a 46 pueblos y barrios originarios más. Asimismo, incluyeron a 17 grupos sociales que se ostentaron como comunidades indígenas residentes y organizaciones indígenas que participaron en la consulta indígena.
Es importante recalcar que únicamente se levantaron 302 recomendaciones y propuestas, las cuales no son parte del documento “Participaciones recibidas en el proceso de las consultas”. De hecho, sólo fueron rescatadas dos participaciones de las consultas indígenas, de las 14,491 que compone el documento y no fueron registradas porque se encuentran en un “expediente físico”.
De los pueblos y barrios originarios que supuestamente fueron parte de alguna de las etapas del proceso de consulta indígena se encuentra Santiago Zapotitlán, pueblo originario de Tláhuac y parte del Marco Geográfico de Participación Ciudadana del IECM. Juan Bernardo Jiménez Martínez de este pueblo originario, aseguró que si bien se acercaron para informar a través de foros, en ningún momento les mencionaron que era para una consulta indígena y que implicaría etapas o fases. De hecho, agregó que el IPDP se reunió con autoridades del pueblo en el mes de diciembre del año pasado y les pidieron que firmaran un documento que no accedieron a firmar, pues “no tenían conocimiento ni información de qué implican esos documentos”:
“Estábamos en un proceso de consultarnos, nos iban a consultar acerca de qué opinábamos, nos iban a presentar ambos documentos y así mágicamente a los dos días ya no se presentaron a la reunión que teníamos programada, sólo nos enteramos que habría una especie de consulta días después, la cual no fue así porque no fue convocada abiertamente hacia todo el pueblo, sólo con algunas personas alineadas a sus intereses, tanto habitantes de algunas colonias irregulares, por cierto, y con personal de la alcaldía. Eso la verdad, sí nos enojó demasiado a nosotros como autoridades (tradicionales). Fuimos, acudimos a esa consulta y no permitimos que se realizara. De hecho, no firmamos ningún documento y bueno, pues, lo que pasó ya es por todos conocido (…) Ahí empezó todo el tema de que estemos en contra por haber querido aplicar ese tipo de madruguetes y todavía en contubernio con personal y estructura de la alcaldía Tláhuac”, aseguró Juan Bernardo, quien también ha participado en la comisión de panteones y en la mesa organizadora del proceso electivo (convocatoria) del Órgano Colegiado de su pueblo (el cual sustituyó la figura de coordinador territorial) desde marzo del presente año.
Para Bernardo, quien actualmente es parte de la mayordomía 11 y de un colectivo cultural en Zapotitlán, es evidente que “utilizan todo ese aparato, todo ese esquema de organización que tiene la alcaldía con sus empleados para hacer el trabajo de campo que a otros les toca, pero bueno, al final no se hizo”. En cambio, otros pueblos de Tláhuac como San Juan Ixtayopan, Santa Catarina Yecahuizo y San Pedro Tláhuac, sí fueron parte de la etapa de recomendaciones y propuestas, sin embargo en los informes del Instituto de Planeación y la Sepi, no especifican cuál es el contenido de estas participaciones.
Por su parte, para Gil Reyes Fernández de Tlacopac, Álvaro Obregón, compartió que en su pueblo nunca llegaron a realizar ninguna consulta y mucho menos indígena, que se enteraron gracias a las reuniones que ha hecho el Frente por la Defensa de los Derechos de Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac (FDDPBOCA) sobre ambos proyectos:
“En Tlacopac, nunca llegaron a realizar una consulta indígena, ni siquiera una consulta ciudadana, incluso los Copacos, declararon no haber sido convocados a conocer los temas relacionados con el PGD y PGOT. El IPDP no aclara de quién son las 14 mil y tantas observaciones que dicen haber tenido y cuántas son de pueblos y barrios originarios, pero sí sabemos que a ningún pueblo se le consultó de manera formal como lo indican los estándares internacionales. Entonces decir que fuimos consultados es una falacia”, recalcó Gil Reyes.
Claudia Sheinbaum, quien en ese entonces era jefa de gobierno de la CDMX, informó el 6 de diciembre del 2022 que había enviado una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para ampliar el periodo de consulta y reponerla, pues había “confusión con relación al suelo de conservación y al suelo urbano”. Sheinbaum dijo en un video que subió a redes sociales: “quiero decirles que lo que tiene que ver con el suelo de conservación…nuestro objetivo es no privatizar la propiedad social. Siempre hemos estado en contra de la privatización de la propiedad social, de los ejidos y de las comunidades, y tampoco pretendemos urbanizarlo”.
Además de afirmar que estos documentos tenían “muchos problemas” en relación con estos tres tipos de usos (conservación, rural y urbano), agregó que “puede reelaborarse el documento para ponerse a consulta pública. Lo que queremos es que sea una elaboración democrática y que la gente esté contenta, y que sea una elaboración por consenso”. Sin embargo, la respuesta del Congreso fue nula, pues la fecha establecida en la Constitución de la CDMX ya había vencido el 1 de octubre de ese año, cuando ambos instrumentos debieron haber entrado en vigor.
Entre la falta de información y la desinformación
La desinformación y la falta de información precisa sobre el PGOT ha sido una constante. Sin embargo, organizaciones como el FDDPBOCA han revisado y analizado estos proyectos desde sus primeras versiones. En talleres y foros organizados por ellas y ellos mismos han dado conocer sus reflexiones, análisis y datos, a pesar de que grupos partidistas como la Alianza por la Reconstitución de los Pueblos, que está conformada principalmente por funcionarios de la Sepi, buscaron tirar en varias ocasiones estos espacios.
De acuerdo con el documento «Anexo de mecanismos de participación (versión extensa)” del IPDP y el gobierno central, la información y difusión de contenidos fue la primera de las cuatro etapas de la consulta pública, las siguientes tres consistieron en: recepción de opiniones y propuestas; sistematización; y por último, resultados y cierre. La etapa de difusión se llevó a cabo del 8 de julio al 7 de agosto del 2022 y consistió principalmente en las siguientes acciones: materiales de difusión (banners, carteles, cuadernillos, volantes, mensajes de audio y video) que se dieron a conocer a través redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) y lugares públicos; colaboración y acuerdo son diferentes entes del Gobierno de la Ciudad de México; brigadas de promoción a través de servidores públicos de la CDMX, así como PILARES, las Comisiones de Participación Ciudadana (Copacos) y la Secretaría de Cultura de la ciudad.
En el caso del PGOT, aunque este anexo no especifica qué tipo de información se le otorgó a las y los ciudadanos en estas actividades, sobre todo en las 1,089 reuniones vecinales, algunas personas han expresado que se les dio a conocer un documento titulado “Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México”, el cual consiste en 394 páginas y que contiene información relativa a este instrumento en su primera versión.
Sin embargo, tanto en el caso de Santiago Zapotitlán, como en Tlacopac, dijeron los entrevistados que la información no fue clara desde el principio, con un lenguaje sencillo para la ciudadanía y a través de los medios digitales o físicos adecuados. En el caso del señor Gil de Tlacopac, declaró que desde el 2019 empezaron a analizar estos instrumentos con el FDDPBOCA, pero fue en el 2021 cuando tuvieron oportunidad de revisar los proyectos, “eran densos y difíciles de consultar por los grandes tecnicismos que incorporaban, luego de reclamos y observaciones se modificaron, de modo tal que llegaron a la versión entregada al Congreso de la CDMX”.
Pero el problema, recalcó, es que el nuevo documento se redujo a 58 páginas “con una importante cantidad de texto que se presenta modificado incorporando algunos conceptos y temas que impugnamos, pero que no guarda relación con los mapas de gestión que incorporan, de modo tal que esos mapas corresponden a los primeros documentos donde se aprecia la afectación de la zona de suelo de conservación, por lo que se volvió una documento retórico y falaz. Al margen de las fallas técnicas de origen de los documentos y su tramitología”.
Por otro lado, en el caso de Santiago Zapotitlán, Juan Bernardo Jiménez declaró que en su pueblo se enteraron de estos dos instrumentos por unos carteles que estaba pegados en el mercado y la Coordinación Territorial: “alguien le tomó una foto y lo subió a los grupos de WhatsApp y nos enteramos. En ningún momento vimos una convocatoria o un calendario debidamente elaborado y que haya sido difundido por otras vías”.
El suelo de conservación frente a la amenaza de la expansión inmobiliaria
La preocupación sobre la expansión inmobiliaria, el crecimiento expansivo de la ciudad y el desplazamiento social que esto implica, han sido realidades que han enfrentado las y los habitantes de la Ciudad de México. De norte a sur, en colonias, pueblos y barrios originarios, el problema de acceso a la vivienda y la construcción exacerbada de proyectos inmobiliarios son hechos que traen consigo una serie de consecuencias que podrían prevenirse si se construye un PGOT con base en la escucha amplia y diversa. Los dos primeros foros de parlamento abiertos organizados por el Congreso de la Ciudad de México en vez de ser espacios de escucha activa por parte de las autoridades para mejorar estos instrumentos, han sido momentos de encontronazos entre la ciudadanía, sobre todo integrantes de pueblos y barrios originarios, y el poder legislativo y el ejecutivo locales.
El diputado Víctor Hugo Lobo, aseguró Gil Reyes, fue intransigente y arrogante durante el segundo foro, donde algunos de los asistentes se retiraron del lugar. “Primero llegando tarde con 40 minutos de retraso, segundo en no ceder la palabra a los oradores inscritos para que después respondiera. En varias ocasiones el diputado Lobo mencionó que como quisieran los participantes, pero nunca acató la decisión del público que solicitaba a gritos que siguiera la participación de los oradores. Del encargado del IPDP siempre se estuvo riendo de las participaciones, como que no toma en serio a los interlocutores porque no es la primera vez que lo hace, es una reiterada falta de respeto”, dijo.
Esta perspectiva no es la única, para Juan Bernardo, en Tláhuac ocurrió algo parecido, “se tornaron impositivos, carentes de conocimiento sobre los temas y sobre todo con relación al diálogo. No están abiertos al diálogo, eso es lo que más me preocupa. Nosotros como integrantes de un pueblo originario pues lo que necesitamos en dialogar, que nos permitan escuchar nuestra voz y que a la vez tengamos una cierta empatía, que ellos tengan empatía con nosotros, pero no. Al parecer no tienen esa línea con los pueblos originarios”.
En el foro de Tláhuac es importante resaltar que la mayoría de los y las asistentes estuvieron en contra, situación que se volvió a repetir en Álvaro Obregón. “En un momento dado nos dijeron que iban a llevar las propuestas al congreso, nuestra voz para el congreso, pero de ahí no pasaron. Creo que lo que se necesita es no hacer estos ‘foros parlamentarios’, sino más bien una reposición del procedimiento de cómo dieron a conocer estos programas y cómo quieren validarlos, porque ni siquiera escucharon a los pueblos originarios”, exclamó Juan Bernardo.
Otro caso similar también se manifestó en el segundo foro con una autoridad tradicional del pueblo de Santa Rosa Xochiac de la alcaldía Álvaro Obregón:
“Yo estuve apoyando para que se hicieran las reuniones en Santa Rosa, desafortunadamente y amañadamente, en diciembre suspendieron de manera arbitraria el proceso de consulta a los pueblos. Nosotros venimos a exigir que se retome el proceso de consulta. Todo lo que están haciendo es inválido porque nosotros somos quienes tenemos que decidir sobre nuestro territorio (…) en el caso específico de Santa Rosa como el ejido más pequeño de toda la República Mexicana, son 27 hectáreas nada más, todo lo demás es privada… nosotros como originarios y pueblos ancestrales tenemos que decidir y ser tomados en cuenta en todo este proceso. Me parece muy desagradable y desafortunado que Patricio me hace comentarios y se ríe… es muy delicado lo que se está tratando para que tomes esa actitud. Para nosotros como pueblo originario es una ofensa”.
En la Ciudad de México, el boom inmobiliario ha traído consecuencias de todo tipo, desde ambientales hasta sociales y económicas. En caso de los pueblos y barrios originarios ha implicado despojos, desplazamientos forzados, así como conflictos internos y extracomunitarios. De 2018 hasta junio del 2023, el portal de Seduvi sobre Dictámenes de Estudio de Impacto Urbano, Modificaciones y Prórrogas Positivas mostró que un total de 222 documentos fueron emitidos por esta secretaría, entre Dictámenes de Estudio de Impacto Urbano, modificaciones, prórrogas, revalidaciones y registros de obra. De estos 222, 32 se están llevado a cabo en pueblos y barrios originarios de la CDMX. Cabe señalar que este dato puede que no sea la representación exacta del número de construcciones actuales debido a que varios de los inmuebles que están por construirse todavía no tienen permisos para construir, se encuentran en trámite o todavía no solicitan el dictamen de estudio de impacto urbano.
Gil Reyes confirmó que es inevitable considerar que el PGOT podría tener efectos y consecuencias en la gentrificación de varios pueblos y barrios originarios, como el caso de Mítikah, donde el pueblo de Xoco sufre la tala de árboles y la escasez de agua. “No hay planteamientos acordes con las necesidades medio ambientales, de agua y de cambio climático, no hay una política de construcción de vivienda popular, no hay referencias para que se realicen obras de energía limpia, no hay referencias para utilizar el agua pluvial para purificar y mejorar los suministros”, expresó.
De hecho, en el informe sobre los mecanismos de participación del IPDP, las opiniones y propuestas sobre el PGOT centran su atención en dos puntos fundamentales: 1) regulación del suelo con 4,027 y 2) asentamientos irregulares con 3,925 participaciones. Lo anterior es importante, pues a pesar de que en julio del 2023 el Congreso de la ciudad aprobó el dictamen que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México para eliminar la categoría de suelo rural y mantener únicamente dos categorías (suelo de conservación y suelo urbano), todavía existe mucha incertidumbre y hace falta claridad, como lo mencionó el consultor Jesús Estevez, quien en las elecciones del 2021 fue candidato a alcalde de Álvaro Obregón por el partido Equidad, Libertad y Género:
“El PGOT no tiene las facultades para definir el uso del suelo como los programas delegacionales, pero sí tiene problemas graves, Patricio (Carezzana). Y lo voy a comentar porque para definir la aplicación de una política tanto de desarrollo urbano como ecológica y medio ambiente (…) Desde el punto de vista técnico hay un error gravísimo en la regionalización del sistema de información geográfica (SIG) que se utilizó, porque para el suelo de conservación se identificaron zonas en el mismo diagnóstico que son carentes de infraestructura, tanto en equipamiento como en infraestructura básica como es vialidad, agua y drenaje. Pero te tengo una noticia, en esas zonas no hay usos urbanos, son francas zonas agropecuarias”.
A lo anterior, agregó que esto no es menor, pues técnicamente si se aplica en SIG un indicador urbano en una zona que no está urbanizada, al momento de poner en marcha la política “estás señalando que ahí falta equipamiento cuando no debe tenerlo “porque ahí no hay población, porque tienes que tener respeto al crecimiento natural (de los pobladores rurales) y principalmente a los usos y costumbres. El crecimiento natural del pueblo viene con el respeto a su propiedad social”.
El señor Gil Reyes, quien también se encontró en ese foro, expresó que Estevez había hecho varias acotaciones al PGOT y que se dirigió a Carezzana para explicarle «con lujo de detalles” los errores de este documento, “sobre todo el tema del suelo de conservación como una unidad ecológica ambiental y que por lo tanto, no define (el documento) acciones concretas a las alcaldías para que lo manejen como una sola unidad”. La relación del PGOT con las alcaldías es conflictiva pues si bien cada una opera de manera diferente el ordenamiento territorial, deben tener principios rectores y entes que regulen de manera homogénea el plan de ordenamiento territorial para toda la ciudad.
“El suelo de conservación es de todos desde el punto de vista ecológico ambiental”, mencionó el señor Gil, “por los servicios que presta para toda la ciudad, pero tiene dueños que son los ejidatarios y comuneros a quienes se les debe definir como unidad integradora a la cual se le debe dar recursos que promuevan la continuidad de sus actividades para que protejan nuestra unidad ambiental y su propiedad, recursos que procuren el desarrollo ecológico ambiental, la producción agropecuaria (donde se pueda) y actividades de cosecha de agua”
El Congreso tiene en agenda otros dos foros en dos alcaldías más: Gustavo A. Madero (3 de noviembre) y Coyoacán (10 de noviembre). El resto de las alcaldías no fueron consideradas, destaca la ausencia de Xochimilco, Milpa Alta y Cuajimalpa, donde también están presentes pueblos originarios con propiedad social y suelos de conservación en cientos de hectáreas. Las afectaciones son disímbolas, resaltó Gil Reyes, pues no es la misma afectación de pueblo a pueblo. En el caso de los pueblos con zona ambiental ecológica, agropecuaria y forestal, el daño sería mucho más severo. Aunque en las zonas de urbanización también habría afectaciones al reducirse el suelo de conservación, pues se reducirían los servicios ambientales para toda la ciudad:
“En los pueblos erróneamente definidos como ‘urbanizados’ la afectación tiene que ver con el desarrollo urbano en cuanto al incremento de la densidad inmobiliaria y de vialidades que afectan tanto a los vecinos como a los originarios de pueblos. El PGOT señala que no se aprobarán megaproyectos en zonas donde no haya disponibilidad hídrica, pero lo que no se dice es que no se limitarán las edificaciones que de hecho, impactan negativamente por el requerimiento de agua y servicios urbanos”, aseguró.
Por su parte, Juan Bernardo compartió que en su pueblo afectaría de una manera importante, sobre todo por las condiciones históricas de su pueblo y otros pueblos vecinos en Tláhuac: “Históricamente hemos sido objeto de invasiones en terrenos todavía ejidales y de pequeña propiedad, propiedad dedicada a la agricultura y a la postre derivan en la construcción de más unidades habitaciones. Al menos aquí en Zapotitlán albergamos una gran cantidad de unidades, se habla que son más de 100-120 unidades habitaciones si no mal recuerdo, donde está presente toda la problemática. Desde la carencia de agua, de luz, drenajes, sobre todo de servicios básicos. Y también aumenta la delincuencia, las problemáticas sociales o los problemas entre vecinos, etc”.
El Congreso, junto con la aprobación de estos foros, dieron a conocer que del 13 al 17 de noviembre de 2023 habilitarán una dirección de correo electrónico para recibir observaciones, opiniones y propuestas para ambos instrumentos. A pesar de que diputados como Carlos Cervantes Godoy (Morena) y Gabriela Salido Magos (PAN) han expresado su aprobación a estos foros, previendo “una consulta abierta y plural”, como lo expresó Cervantes Godoy, la actitud de la autoridades y legisladores ha sido errática, lo cual causa molestia y preocupación.
“De llegarse a aprobar en los términos enviados al Congreso las afectaciones serán para todos con servicios medio ambientales de menor cantidad y calidad, con menores suministros de agua, con mayores incrementos de vehículos automotores, con faltas y fallas de transporte público. La gentrificación y el despojo serán mucho mayores y el incremento de la inseguridad aumentará”, finalizó Gil Reyes.
