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Funcionarios difunden mensajes falsos para tirar taller de habitantes originarios sobre ordenamiento territorial

Redacción Desinformémonos

Habitantes de pueblos y barrios originarios denuncian una campaña de desprestigio en contra de los talleres informativos que organiza el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac (FDDPBOCA) sobre el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT). Grupos partidistas, como la Alianza por la Reconstitución de los Pueblos, que está conformado principalmente por funcionarios de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), han difundido mensajes con información falsa para evitar que estos talleres se lleven a cabo.

El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac ha realizado durante las últimas semanas una serie de talleres informativos para dar a conocer datos críticos sobre el PGOT y el PGD, así como una aproximación sobre el ordenamiento territorial para pueblos y barrios originarios de la ciudad. Sin embargo, varios carteles modificados e información falsa se han difundido a través de grupos de Whatsapp y otras redes sociales para desprestigiar estos esfuerzos. En esta ocasión, un cartel en el que el Frente invita a uno de los talleres en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue usado para sobreponer el logo del Partido Acción Nacional (PAN).

Esta no es la primera vez que el Frente vive una situación parecida, a finales del mes de agosto denunciaron públicamente que la Alianza para la Reconstrucción de los Pueblos Originarios había realizado una copia con información distinta de uno de sus carteles que convocaba a una plática sobre el registro de la SEPI.

En un comunicado difundido el pasado 23 de septiembre, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac dio a conocer una serie de puntos que incluyen preocupaciones y cuestiones críticas del PGOT y el PGD. Entre ellos se encuentra que los protocolos para las consultas han sido firmados sin representación de los habitantes de los pueblos originarios. Además de que estos formatos son preestablecidos, lo cual no implica construcción de acuerdos ni diseño conjunto para la realización de las consultas. Asimismo, exponen que la información es dada a cuenta gotas en foros donde sólo se habla de los beneficios de las propuestas, mas no los efectos y consecuencias negativas.

“Los casos de Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, en los que se han firmado tales protocolos, dan cuenta de que lo importante para el gobierno es lograr tener la firma de esos documentos, sin importar si las personas que firman cuentan o no con representatividad y en los que lo importante es que se acuerden fechas para que los pueblos decidan sobre el apoyo a la propuesta oficial”, menciona el comunicado.

La consulta pública del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) y el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México (PGD) es una parte fundamental de la participación ciudadana en la creación e implementación de estos. En particular, la participación de los pueblos y barrios originarios de la ciudad implica procesos particulares de consulta que deben cumplir no sólo con los estándares mínimos previstos en los marcos internacionales. También deben ser culturalmente adecuadas y con protocolos que incluyan los acuerdos y las condiciones mínimas para llevarlas a cabo.

Lo anterior está establecido en varios instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, donde no sólo se menciona que las consultas deben ser previas, libres e informadas, sino que deben efectuarse de buena fe, de acuerdo al artículo 19: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

Asimismo, el comunicado del Frente menciona que estos protocolos deben ser aceptados por los pueblos y barrios, pues esta es una herramienta que surge del derecho a la autonomía y libre determinación que va más allá de establecer fechas, sino que se marcan las formas culturalmente adecuadas para que los pueblos sean consultados. En ese sentido, recuerdan que estos protocolos son instrumentos que deben ser generados, escritos y acordados por los pueblos desde los pueblos y no por los gobiernos.

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