En el Perú, Aidesep, la organización que representa a los pueblos amazónicos peruanos, junto con los gobiernos autónomos indígenas, han declarado estado de emergencia permanente en la Amazonía peruana tras el descubrimiento del cuerpo torturado y asesinado del líder Katakaibo Mariano Isacama el 15 de julio en Huánuco. Isacama llevaba 24 días desaparecido. Es el líder indígena amazónico número 35 asesinado en la última década por la defensa de sus territorios.

En conferencia de prensa, junto a la Federación Kakataibo (Fenacoka), Aidesep condena la falta de acción gubernamental contra las organizaciones criminales y las economías ilegales, que ponen en peligro sus derechos, territorios y vidas. Según, Jorge Pérez, el presidente de Aidesep: “Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana vivimos un momento crítico de nuestra historia. Anunciamos que la muerte de nuestro hermano Mariano Isacama marcará un punto de inflexión en la lucha por nuestros derechos territoriales. Declaramos Estado de Emergencia”.

En su pronunciamiento, Aidesep conjuntamente con las Naciones Autónomas Wampis, Awajun, Ese Eja, y el Consejo Shipibo, Konibio Xetebo, explican el significado de ello: “Como pueblos indígenas ancestrales, en nuestros territorios tenemos el derecho y el deber de defensa propia de nuestras vidas, familias y territorios, con acciones de interdicción e inteligencia, que desarticulen las mafias que realizan actividades ilegales. En cumplimiento a nuestra autonomía, articulamos estrategias entre las diversas formas organizativas de defensa propia indígena”.

De un lado, las organizaciones amazónicas han decidido defenderse de formas más articulada mediante mecanismos de autodefensa y justicia indígena. Del otro lado, llaman al gobierno peruano y a las instituciones internacionales a reevaluar sus estrategias y apoyar de forma decisiva a las organizaciones indígenas en la protección de sus territorios.

La defensa del territorio del pueblo Kakataibo

Isacama es el sexto líder kakataibo asesinado en una zona donde sus territorios enfrentan constantes amenazas de los cultivadores de coca, que abastecen a las redes transnacionales de narcotráfico. Con ello, los Kakataibo son el segundo pueblo más afectado por las violencias criminales, tras los Ashaninka que también habitan la selva central.

El pueblo y el territorio Kakataibo han experimentado invasiones de tierras y violencia durante siglos. Actualmente, se estima que unos 3.500 Kakataibo viven en 13 comunidades rodeadas de plantaciones de coca, invasores de tierras, pistas de aterrizaje ilegales y laboratorios de drogas, para la producción y exportación de cocaína. Incluso los dos grupos Kakataibo que viven aislados en reservas protegidas están bajo ataque, ya que los narcotraficantes buscan utilizar sus tierras como bases especialmente remotas para sus operaciones.

Marcelo Odicio, el presidente de la Federación de la Nación Kakataibo (Fenacoka) explica la complejidad del escenario que enfrentan: “Las Guardias Indígenas informan que desde mayo de 2024 tienen evidencia de que actores relacionados con el cultivo de coca vienen preparando la logística necesaria para iniciar una nueva ola de acaparamiento de tierras. Esto incluye planes para convencer a los municipios y a los gobiernos regionales de Huánuco y Ucayali para que legalicen su ocupación mediante la entrega de nuevos títulos individuales y certificados de posesión, en detrimento de la integridad territorial de las comunidades nativas Kakataibo”.

En respuesta, en los últimos meses, las comunidades Kakataibo han intensificado sus acciones para evitar estas nuevas invasiones de sus tierras. Sin embargo, a medida que los Kakataibo resisten, aumenta el riesgo de represalias violentas contra ellos, resultando en este caso, en el asesinato de Isacama, y amenazas contra varios otros líderes. Fue la Guardia Indígena Kakataibo que tuvo que buscar, y finalmente encontró, el cuerpo de Mariano Isacama. A pesar de las múltiples denuncias y demandas de colaboración del Estado hechos por la Fenacoka, una vez mas, al actuar de las instituciones estatales fue lento e insuficiente.

Una nueva ola extractivista liderado por el crimen organizado

La situación peruana y del pueblo Kakataibo refleja una tendencia mayor en la región amazónica. En un informe del año pasado evidenciamos como las organizaciones criminales y los grupos armados han ampliado su presencia, aumentado su control político y diversificado sus economías en la Amazonia.

Hoy en día, la producción de coca, la minería ilegal de oro y la tala ilegal, entre otras economías ilícitas, son algunos de los principales impulsores de la deforestación, de la contaminación y degradación ambiental en algunas de las partes más preservadas del Amazonas. La expansión de las economías criminales ha desatado violencias sobre los pueblos y comunidades indígenas, a la vez, que ha logrado penetrar los tejidos sociales locales, dividiendo a comunidades y reclutando particularmente a jóvenes para actividades ilícitas.

Por supuesto, la Amazonía ha sido históricamente objeto de olas de colonización para la extracción de sus bienes naturales, y siempre ha sido un territorio atravesado por grupos armados y criminales, como por violencias estatales. Sin embargo, en los últimos años la presencia de las redes transnacionales de crimen organizado ha aumentado de forma dramática, por una serie de factores, entre ellos, el vacío de poder que dejó la desmovilización de las FARC en Colombia, los proyectos de expansión territorial de grupos criminales brasileiras y colombianos, y la continua demanda por el oro, la cocaína y otros productos amazónicos que sostienen las economías principales del mundo.

La pandemia marcó un punto de inflexión decisivo a favor de la expansión criminal, ya que aisló a los pueblos en sus territorios, desmovilizó esfuerzos de contención al crimen organizado y generó un empobrecimiento extremo en amplios sectores de la población, haciendo aún mas atractivo participar de las economías ilícitas. A la vez, las crisis políticas continuas en el Perú y Ecuador, y el soporte desde adentro de las instituciones y actores políticos, han generado condiciones políticas favorables a los intereses del crimen organizado

Esta nueva ola de extractivismo gestado desde las economías criminales, ha logrado penetrar y amenazar a territorios indígenas y reservas naturales que hasta la fecha habían sido relativamente capaces de protegerse contra los extractivismos promovidos por los Estados y las empresas transnacionales, convirtiéndose en un mecanismo eficaz de abrir nuevos territorios al despojo. Sin embargo, los límites entre estos tres tipos de extractivismo son borrosos (o inexistentes). Los extractivismos criminales avanzan habilitados por leyes e instituciones es

Resistencias indígenas

La expansión de los extractivismos ilegales es un desafío enorme para los pueblos indígenas amazónicos, no solo por las asimetrías de poder político, económico y armamento que implica enfrentarse al crimen organizado. Sino también, por el empobrecimiento de sus territorios y las divisiones internas que las economías ilícitas saben generar.

A pesar de ello, hay pueblos y comunidades indígenas, que como los Kakataibo han decidido defenderse. En el Perú, los pueblos Wampis se organizan para salvaguardar sus territorios y expulsar a los mineros de oro. En Ecuador, es la Federación Indígena del Napo que presiona al gobierno para que actúe contra la minería ilegal. Mientras tanto, en Brasil, los munduruku, yanomami y kayapó han formado una alianza histórica para resistir al garimpo (minería ilegal en pequeña escala) en sus territorios.

Marcelo Odicio insiste que “el pueblo Kakataibo no permitirá más asesinatos ni invasiones. Nuestros guardias están movilizados y firmes. Estamos formando nuevas alianzas con nuestros hermanos Asháninka para enfrentar el peligro”. A la vez, insisten los líderes Kakataibo que sus medidas de seguridad implementadas por las Guardias Indígenas, requieren ser respaldados por otras que fortalezcan su seguridad territorial, como la titulación de tierras de sus comunidades, y el apoyo a sus economías locales como alternativas a los cultivos ilícitos.

*Director del Programa de Amazonia Occidental de Amazon Watch.