Un niño se acerca al portón de entrada de la prisión de máxima seguridad El Pozo para conversar con los militares que resguardan la entrada. Municipio Ilama, Departamento Santa Bárbara, 8 de abril de 2018. Foto\Martín Cálix
Un manifestante sostiene un cartel en una protesta frente al Ministerio Público por la liberación de los presos políticos, Tegucigalpa, 8 de agosto de 2019. Foto\Martín Cálix
Una protesta por la libertad de los presos políticos frente al Ministerio Público, Tegucigalpa, 21 de junio de 2018. Foto\Martín Cálix
Tito Livio Moreno, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras en conferencia de prensa en las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario, Tegucigalpa, 17 de diciembre de 2019. Foto\Martín Cálix
Familiares de los presos políticos de la comunidad de Guapinol en el Valle del Aguán realizan una manifestación y recolección de firmas frente al Ministerio Público, Tegucigalpa, 27 de agosto de 2019. Foto\Martín Cálix
Glenda Ayala, abogada directora del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, revisa resoluciones judiciales, informes de visitas a los centros penales y cuestionarios aplicados a los recluidos para confirmar su estado de salud. Tegucigalpa, cuatro de mayo 2020. Foto\Jennifer Ávila
Retén militar en la entrada a la aldea de Támara donde se encuentran la Penitenciaría Nacional, la Penitenciaría Nacional Femenina y el Centro para menores infractores Renaciendo. Las visitas están canceladas y no hay paso para nadie después de este retén. Tegucigalpa, 5 de mayo de 2020. Foto\Jennifer Ávila
El coronavirus llegó a los centros penales. Luego de la confirmación de dos casos —uno fallecido—, la información sobre protocolos de seguridad durante la emergencia es manejada como un secreto por las Fuerzas Armadas, que tienen a cargo el sistema penitenciario desde diciembre de 2019. Dos cárceles, incluida la de mayor hacinamiento, han sido cerradas temporalmente de manera que no se permitirán nuevos ingresos a las mismas.
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