Contrasta con el carácter castigador y autoritario de un gobierno represor e injusto.

“A pedido de la Comisión Nacional e Internacional de Observación de los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche. Yo Héctor Llaitul Carrillanca Depongo la Huelga de Hambre para que se formen las instancias en pro de la defensa de nuestro Pueblo Nación Mapuche”.

Weuwaiñ- Marriciwew

Por José Venturelli
 Héctor Llaitul, en la cárcel de Concepción y Ramón Llanquileo, en Angol, terminaron sus huelgas de hambre en el día 76. Esta era la tercera huelga de larga duración en menos de tres años.Bajaron 26 y 18 kilos de peso.
Esto ocurrió ante sus familiares y la presencia de académicos, personalidades nacionales y de miembros de la Comisión Ética Contra la Tortura de Chile y representantes internacionales de la misma CECT y del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. Estuvo allí Patricia Troncoso, quien fuera encarcelada por muchos años, condenada también luego de haber sido sobreseída. Ella también hizo una larguísima huelga de hambre para obtener derechos básicos carcelarios. Un escenario ya visto, creado por un sistema carcelario y de justicia acostumbrado a violar los derechos Mapuche.

Al dejar la huelga de hambre, con gran madurez política ellos exigen del Estado y gobierno la responsabilidad de resolver las razones políticas de su represión. Porque todas han sido decisiones represivas políticas de este y previos gobiernos contra el pueblo Mapuche y, especialmente contra los dirigentes Mapuche.

El conflicto Mapuche es obra del Estado de Chile.
En este contexto la Justicia, en todos sus niveles, ha actuado en forma coludida para legitimar lo ilegítimo. La justicia debe ser respetada y no usada como justificación de manipulación política. No olvidemos que ellos fueron condenados en los juicios de Cañete donde la  prevaricación de jueces y del sistema fue confirmada por observadores internacionales. Pese a esto las Cortes de Apelación y Suprema aceptaron la grave violación del Debido Proceso. En el juicio se usaron testigos protegidos que eran delincuentes con prontuario y que habían participado en torturas contra el pueblo mapuche; se usó una “confesión“ obtenida bajo tortura policial.

La base de los hechos estaba conformada de montajes cuando más de 100 miembros de las fuerzas policiales asaltaron el caserío de Puerto Choque junto al lago Lleu-Lleu. Los acusan de que habrían atentado contra el Fiscal Elgueta -que estaba ileso. Sus supuestos “asaltantes” nunca fueron habidos porque los nombres los tenían antes, de listas de Mapuche que luchaban en forma pacífica por sus justas demandas… y ni así se logró probarles culpabilidad. La “Corte Suprema de Chile se mostró generosa” –por lo menos eso pretendió- e hizo “rebaja” de las condenas… Su precio por su colusión fue aceptar condenas basadas en las aberraciones de justicia mencionadas. Esa misma Corte aceptó como válidas la ausencia de pruebas y el uso de montajes. Fueron juicios vergonzosos que demuestran que la Justicia en Chile está al Servicio de los grandes poderes (en el caso concreto, de las forestales). No han sido capaces de demostrar el sentido de justicia que se requiere para mostrar dignidad y ética democrática.
Luego de haber perdido 26  y 18 kilos, respectivamente, los dirigentes Mapuche, Héctor Llaitul, ilegalmente trasladado a Concepción, y Ramón Llanquileo, en Angol, y a quien se le suspendió su derecho carcelario de salida de fin de semana (siendo un preso de conducta impecable) sin haberlo podido llevar a la práctica, decidieron en forma muy madura y positiva, terminar la huelga de hambre. El Traslado a Concepción de Llaitul y la suspensión de salida de Llanquileo ocurrieron el día  que el gobierno iniciaba con gran apoyo mediático, un ataque contra  su enemigo, el pueblo Mapuche. (Día en que se comete el crimen del matrimonio Luchsinger-McKay en Vilcún, sobre el que aún el Estado no logra mostrar evidencias) Los dirigentes Mapuche al parar sus huelgas de hambre exigen que se les reconozcan sus derechos carcelarios. Esto es retorno a Angol para Llaitul y la implementación del permiso de salida de fin de semana a Llanquileo. Es lo que legalmente les corresponde. Sobre esto, tanto Llaitul como los organismos de Derechos Humanos y sociedad civil presentes al momento del fin de la huelga de hambre, exigen que se estudie nuevamente el período que estuvo preso sin condena, es decir cuatro años. Esto implica, nuevamente en forma ilegal, que se le juzgó por Ley Anti-Terrorista pese a que esa le fue posteriormente levantada. No  hay razón legal ni moral alguna para que sólo se hayan abonado solamente dos años de esos cuatro efectivos de encierro carcelario. Se debe reconsiderar y abonar efectivamente todo el tiempo de encarcelamiento pre-condena.
Los detenidos, al terminar su huelga de hambre tomaron una decisión:  no permitir que el sistema represivo chileno terminara con sus vidas en la forma irresponsable que hemos visto.  La injusticia de este Estado debe ser denunciada y se les debe exigir reparar el daño hecho. No están dispuestos a inmolarse por el celo de un gobierno que se esconde en un sentido autoritario y que, por no ser obedecidos, está dispuesto a poner las vidas en peligro aún mayor porque así les place. Es una lección, nuevamente, de dignidad a un Estado que miente y usa su poder basado en leyes impuestas en dictadura para preservar un poder económico que destruye el país y los derechos de todos los pueblos de Chile. Al hacerlo, el Estado y gobierno demuestran que no desean una Constitución justa, con equidad, porque su papel es mantener el modelo inmoral que les legara el dictador Pinochet. Por ello el gobierno muestra a los más fieles adictos al dictador y a quienes le brindaron pleitesía en forma pública. El compromiso para este país sin equidad y muchos fraudes se personifica en estos actos.
Queda el ejemplo de los líderes Mapuche y el hecho indiscutible de haberlos condenado en forma ilegítima:  sacando a Llaitul de Angol y e impidiendo a Llanquileo un derecho carcelario aprobado. Eso fue hecho  para impedir que pudiesen hacer declaración alguna sobre lo sucedido en Vilcún.  El Gobierno y Estado quieren usar de escarnio sin siquiera probar culpabilidades y pretenden hacer justicia sin verdaderos juicos hasta que encuentren otros testigos protegidos. Ya hay muchos elementos que culpan a otros hechores y cómplices… ¿Como justifica el Estado que haya huellas de balas de ametralladoras UZI, solo usadas por Carabineros y fuerzas armadas en la casa de la pareja asesinada de Vilcún? El culpable que tienen, un machi que no logran conectar para nada con el crimen es un rehén de conveniencia.

Y el uso de la Ley Anti-terrorista y de la Ley de Seguridad del Estado reflejan incapacidad y la victimización de un pueblo que  se excluye y, al mismo tiempo se usa como enemigo de conveniencia. Pero el hecho queda: el pueblo Mapuche ha sido despojado en forma inmoral y no hay justicia para ellos.

¿Puede el Estado, y su Gobierno, aceptar su error y reconocer que al mantener en huelga de hambre a estos dirigentes solo parecen querer deshacerse de ellos?

Esto pasará a la historia como los tantos crímenes contra el pueblo Mapuche que siguen impunes. Sin embargo,  hoy el pueblo de Chile quiebra el círculo vicioso del autoritarismo, de leyes y de inequidades vergonzosas. Las palabras de la parlamentaria de Galicia, Ana Miranda Paz, al Presidente Piñera en Bruselas, seguirán resonando: “Es una vergüenza, Sr. Presidente, lo que se le hace al pueblo Mapuche”.  Un amplio grupo de parlamentarios europeos en Chile ante la Conferencia CELA-UE lo confirmaron en una declaración y carta al Presidente de Chile. Lo hecho persiste. Y el silencio culpable y amenazador de un presidente-empresario-autoritario sigue en pie. También aumenta la lucha del pueblo Mapuche y el apoyo a nivel nación e internacional por los derechos humanos no van a ceder, aunque los ministros incapaces y anti-democráticos traten de acusarlas de terrorismo internacional.    Para este objetivo, uno de los acuerdos tomados es crear una Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche que debe conformarse en los meses a venir. ¿La va a criminalizar el Estado chileno?