En 1997 resurge un movimiento del pueblo originario mapuche que reivindica la recuperación de tierras y territorios ancestrales, usurpados a lo largo del siglo XX, primero, por el Estado chileno; luego, por fraudes e ilegalidades de colonos extranjeros; posteriormente, por privatizaciones impulsadas por el régimen militar y, finalmente hoy, por grandes corporaciones trasnacionales de empresas forestales.

 Las reivindicaciones mapuche también han estado enlazadas para resistir un fuerte  proceso de inversiones económicas en el territorio de la Araucanía, las cuales se basan en un compulsivo extractivismo con proyectos hidroeléctricos, mineros, de la industria salmonera, geotérmicos y de infraestructura, además de muchos otros. Entre ellos destaca la industria forestal, que crece hasta 50 mil hectáreas por año con monocultivos de pino y eucalipto. Esta creciente y poderosa industria está agotando los mantos acuíferos de las comunidades mapuche, destruye la biodiversidad, base de la cultura tradicional y espiritual de ese pueblo, y requiere de enormes cantidades de pesticidas y agroquímicos que contaminan y envenenan sembradíos, agua y animales de los pueblos originarios.

 Frente a esta situación dramática de destrucción ambiental, que se suma al proceso de despojo de tierras, han surgido innumerables expresiones de resistencia y movilización mapuche; la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco es una de ellas, y quizá la más importante organización que impulsó recuperaciones de tierra de manos de forestales y latifundistas. En su momento, cerca de 40 comunidades se agruparon en torno a las ideas de la Coordinadora, que no sólo exigió tierras para sobrevivir sino que reivindicó un proyecto como pueblo originario, basado en la reconstitución territorial y el derecho a la autodeterminación en base a una política autónoma, separada de los partidos políticos.

 La Coordinadora, aunque no de manera exclusiva, encabezó un ascenso de la movilización mapuche entre 1997 y 2003, recuperando hasta 20 mil hectáreas que hoy se encuentran bajo control de las comunidades mapuche, y realizando también acciones de boicot contra las empresas forestales. Sin embargo, la represión que desató el Estado chileno contra los dirigentes y comunidades de la Coordinadora ha sido una de las más evidentes estrategias de criminalización de la lucha mapuche en la pasada década.

 Los integrantes de la Coordinadora han sido apresados y llevados ante los tribunales acusados de asociación ilícita terrorista, con base en la llamada Ley Antiterrorista, creada por la dictadura y utilizada por los gobiernos democráticos contra el movimiento mapuche. Esta ley posibilita la utilización de testigos protegidos o secretos, de manera que la defensa no tiene acceso a su identidad y se viola así el derecho al debido proceso. Dicha legislación punitiva de excepción permite alargar la prisión preventiva de modo arbitrario, además de un doble procesamiento, tanto por el ámbito civil como por el militar.

 Cabe señalar que, además de la estrategia de desalojo y expulsión de las tierras recuperadas, con una violencia extrema por parte de las fuerzas policiacas chilenas, se realizan constantemente allanamientos violatorios de los derechos humanos con tratos racistas y humillantes contra comunidades mapuche. Éstos incluyen brutalidad policiaca, golpes y malos tratos, no sólo contra comuneros, sino también contra niños y niñas mapuche, autoridades tradicionales, mujeres y ancianas, lo que ha sido documentado por innumerables organismos defensores de derechos humanos.

 Adicionalmente a esta estrategia represiva, en el caso particular de la Coordinadora se ha intentado tres veces que sus integrantes sean procesados por asociación ilícita terrorista. En 2002 y 2009, el Estado chileno realizó detenciones masivas contra integrantes de la CAM, acusándolos de incendio o amenaza terrorista y de ser una organización de ese tipo. Cabe señalar que, en todos los casos, la fiscalía acusadora del Estado chileno no ha podido demostrar el supuesto carácter terrorista de dicha organización, perdiendo en los tribunales dicha acusación. Sin embargo, los integrantes de la Coordinadora han sido condenados con base en la utilización de testigos protegidos, testimonios falsos y fabricación de pruebas con penas de 8 y hasta 15 años de prisión, como son los casos de Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo, presos desde 2009 en la cárcel de Angol y, ahora, en el penal de la ciudad de Concepción.

 Llaitul y Llanquileo exigen fin al doble procesamiento, ya que fueron enjuiciados por tribunales militares y fueron absueltos; no así por los tribunales civiles, que los condenaron. Exigen, además, otros derechos penitenciarios. Por ello, comenzaron una nueva huelga de hambre el pasado 14 de noviembre de 2012, la tercera en ese periodo de encarcelamiento. Cabe señalar que, durante 2010 y 2011, realizaron extendidas huelgas de hambre que alcanzaron hasta 82 y 86 días sin ingerir alimentos, poniendo en riesgo sus vidas, para exigir respeto a sus derechos fundamentales y un juicio justo. Héctor y Ramón son destacados dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco y hoy, de nuevo, realizan esta huelga de hambre.

 El viernes 11 de enero se realizó una audiencia en el Juzgado de Garantía Cañete, en la que se busca reducir la condena del preso político mapuche de la CAM Héctor Llaitul, por medio del abono de los cuatro años de prisión preventiva por diversas causas en las que fue sobreseído. Es decir, durante toda la década, Héctor Llaitul ha sido apresado en varias ocasiones sin que pudiera ser comprobado ningún delito. El tiempo en la cárcel de esas detenciones suma cuatro años.

 El objetivo de esta diligencia es que se descuenten estos cuatro años a la condena actual de 15; además, debemos consignar que la solicitud de abonos es un derecho que ha sido otorgado en diversos casos a un sinnúmero de presos comunes y también a varios ex presos políticos mapuche, antes y ahora, por lo que esperamos que nuevamente los militantes de la CAM no sean la excepción. Se solicitó, a través de la defensa, la presencia de Héctor Llaitul en la comparecencia del día viernes, considerándolo un derecho y fundamental para el desarrollo de esta nueva batalla judicial.

 En los últimos días, el ambiente represivo en la zona centro sur de Chile se ha intensificado, a partir del asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, propietarios de amplios territorios reclamados por comunidades mapuche como parte de la tierra usurpada. Sin tener mayores antecedentes, de inmediato se asumió que el crimen lo habían cometido personas mapuche. Esta situación desató una ola de represión contra las comunidades, que ha incluido violentos allanamientos, detenciones arbitrarias, la militarización de la zona y el uso ilegal de la fuerza por parte de los aparatos represivos.

 En este contexto, el gobierno chileno y parte importante de la clase política del país han hecho gala de su desprecio y racismo hacia los mapuche. Han propiciado la emergencia de un discurso que demoniza a los mapuche, ocultando las razones profundas del conflicto, invisibilizando la huelga de los presos políticos mapuche y justificando la represión en las comunidades y en las ciudades de la Araucanía. Varios ministros y senadores han avalado a los sectores latifundistas y empresariales que han llamado a la formación de grupos de choque contra los mapuche.

 Sin lugar a dudas, el asesinato de ciudadanos es lamentable en un país en el que se señala que se respeta el estado de derecho. No obstante, es necesario manifestar que no existe aún evidencia alguna que vincule a las organizaciones mapuche con el atentado al  matrimonio Luchsinger-Mackay y que, además, el actuar del gobierno y el Estado de Chile da cuenta de la falta de igualdad ante la ley, ya que una vez más se criminaliza a todo un pueblo, se le somete a represión y, en muchos sentidos, se le conculcan sus derechos; mientras tanto, la gran mayoría de los crímenes cometidos contra este pueblo continúan en la más plena impunidad, incluso aquellos que han terminado en la muerte de jóvenes mapuche, quienes, en la lucha por las reivindicaciones de su pueblo, han sido asesinados por la policía.

 Llamamos al Estado de Chile a detener la represión contra el pueblo mapuche, al respeto de los derechos de este pueblo y a la procuración de justicia ante sus demandas.

 A su vez, desde México llamamos a la comunidad internacional a solidarizarse con el pueblo mapuche y con su lucha contra la represión que es y ha sido el principal vehículo para la ampliación del capitalismo extractivista, nacional y transnacional, en los territorios reclamados por este pueblo.

 Enviamos un mensaje de hermanamiento a quienes en Chile, Francia, Australia, Noruega, Suecia, Canadá, Bélgica, Tasmania, Brasil y Argentina participaron en la Jornada de Movilización Nacional e Internacional. Enviamos un mensaje de solidaridad a los familiares de los presos políticos mapuche y, en especial, un abrazo de resistencia a Héctor Llaitul, a Ramón LLanquileo y a todo el pueblo mapuche, la gente de la tierra, que lucha por territorio y autodeterminación.

* Comunicado informativo del Comité por la Libertad de los Presos Políticos Mapuche- Sección México