Día tras día, la población campesina de Honduras lucha por vivir en paz y tener un pedazo de tierra para plantar y vivir con dignidad, sin embargo, es obligada a enfrentar constantes persecuciones y desalojos cuando deciden ocupar tierras abandonadas, que no están cumpliendo su papel social. El último 26 de agosto, el grupo campesino Nueva Esperanza fue expulsado, con violencia, de la propiedad La Consentida, en el Bajo Aguán, perteneciente a la Empresa Cofruco.
Integrantes de la Operación Xatruch y de la Policía entraron en la propiedad con tractores. Cerca de 30 hectáreas de cultivo de maíz fueron destruidos, inclusive a pesar de todas las súplicas para que las familias pudieran permanecer por otros dos meses y poder hacer la cosecha.
Organismos de derechos humanos intentaron mediar en la situación y evitar la destrucción de los cultivos por parte de la policía y del ejército, sin embargo, el coronel Jovel Martínez, comandante de la Operación Xatruch, se habría rehusado a dialogar con los campesinos y representantes de las organizaciones de derechos humanos locales. El oficial sólo aceptó conversar con Juan Frañó, representante del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
El coronel Martínez habría despreciado a los integrantes del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA) como defensores legítimos, pues alegó que la organización no tenía personalidad jurídica. «Situaciones como ésta demuestran las dificultades con las que chocan los y las activistas al intentar intervenir en acciones que involucran violación de derechos en Honduras, denunció la organización Fian Honduras.
Un defensor de derechos es una persona que trabaja pacíficamente en favor de los derechos asegurados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Puede actuar informando al público sobre violaciones o promoviendo campañas para la promoción y protección de esos derechos. Puede ser un abogado que defiende la causa de los presos políticos en un juicio justo; pueden también ser profesores, periodistas, sindicalistas, que luchan por el respeto de sus derechos económicos; o comunidades campesinas, que buscan el reconocimiento de sus derechos territoriales.
Honduras es un país en deuda con sus defensores y con su población en general. A pesar de ser un Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), no cumple lo establecido en el mecanismo. Prueba de esto, es que gran parte de la población del país enfrenta las peores condiciones sociales y económicas posibles.
Frente a esta situación, al reivindicar derechos, la población empobrecida recibe como respuesta acciones represivas, como es el caso de las familias campesinas del Bajo Aguán, que día tras día sufren por causa de desalojos violentos. Actualmente, más de 3.200 campesinos enfrentan procesos en los tribunales nacionales.
Las organizaciones campesinas denuncian que, en la actualidad, la población que busca acceso a la tierra para vivir y trabajar está en total abandono. No existe apoyo gubernamental y la reforma agraria es una posibilidad distante. En varias ocasiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya manifestó su preocupación por las acciones violentas practicadas en el contexto del conflicto agrario hondureño, sin embargo, la situación no ha presentado mejoras.
