“No son suicidios, son asesinatos”, se oye en las concentraciones frente a entidades bancarias para protestar cuando alguien, a punto de ser desalojado de su vivienda, se suicida. En los últimos dos meses, cuatro personas se han sacrificado en España cuando estaban por ser echadas a la calle por procesos de desahucios.

Las manifestaciones frente a los bancos para exigir la suspensión de desahucios, pedir la condonación de deudas o simplemente para señalar a los responsables de la crisis de la vivienda se volvieron habituales en el panorama español a partir de febrero de 2009, cuando nació la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que actualmente tiene 80 nodos locales repartido por todo el Estado español.

Rafael Mayoral, abogado de la PAH, recuerda que cuando se creó la Plataforma prevalecía una situación de invisibilidad sobre las ejecuciones hipotecarias, “que son procedimientos judiciales en los que los deudores habitacionales no pueden defenderse, están condenados a perder su vivienda y a quedarse con una deuda de por vida”, explica. Entonces hubo una respuesta de la sociedad civil organizada.

La respuesta se constituyó, “en un primer término, con las personas afectadas en un espacio de autoorganización para la lucha colectiva, que son las plataformas de afectados por la hipoteca, con el apoyo de asambleas populares de los barrios y los pueblos”. Éstas son las que comenzaron la respuesta a los desahucios. Plantearon la paralización de los procedimientos porque “es una violación sistemática de derechos humanos contra la población vulnerable que no tiene alternativa habitacional, para entregar esas viviendas a manos de los bancos, que las van a dejar vacías y abandonadas”, señala el defensor, “lo que es absolutamente inaceptable”.

A partir de estas concentraciones y cordones humanos de protección frente a las casas por desalojar, la PAH ha detenido cerca de 500 desahucios y ha logrado centenares de daciones en pago (dar la casa a cambio de cancelar la deuda), decenas de condonaciones de deuda y de alquileres sociales.

La importancia de la plataforma

La presión de las movilizaciones de la PAH y sus aliados –como el 15M- ha obligado a las entidades financieras a negociar muchos desahucios, y al gobierno a hacer una reforma. Entre los factores que hacen importante a esta plataforma está, en primer lugar, que “ha tocado una cuestión fundamental, que es la configuración del derecho a una vida digna. Es decir, la privación del derecho a la vivienda supone la negación del derecho a una vida digna y a la integridad física y moral”, considera Mayoral.

Otro punto importante para entender la importancia de este esfuerzo es que la Plataforma toca a las entidades financieras, “el poder fundamental que existe en nuestro país y que ejerce la dictadura más salvaje contra el conjunto de la población”, acusa el abogado. “Lo hemos podido ver en reforma al artículo 135 constitucional, que dice que lo primero es pagar las deudas y luego el resto de los gastos sociales del Estado”, ejemplifica.

Al consenso social que ha logrado la PAH se suma el escándalo por el pago de miles de millones de euros de deuda con dinero público, lo que lleva a los “salvajes recortes sociales” que sufre el conjunto de la población, señala Mayoral; “esto ha llevado al hartazgo, junto con una situación social insostenible para millones de familias”. El jurista detalla que 6 millones de personas están privadas de su derecho al trabajo y 2 millones de familias no perciben ningún recurso económico en España, “y eso es absolutamente insostenible cuando al mismo tiempo se están dando miles de millones de euros a las entidades financieras”.

Datos y causantes de la crisis de vivienda

El abogado resume la situación: “Si tú no puedes pagar tu hipoteca, tienes un problema; si miles de personas no pueden pagar su hipoteca, el banco tiene un problema, pero si centenares de miles de personas no pueden pagar su hipoteca, como pasa aquí, el país tiene un problema”.

Se calcula que hasta 570 familias son expulsadas todos los días de sus casas por deudas hipotecarias, que se ven imposibilitadas de pagar debido a la crisis económica que sufre este país ibérico. Los bancos se quedan con los inmuebles y las familias se quedan con la deuda y los intereses, pero sin hogar.

Las reacciones sociales ante los suicidios provocados por la desesperación ante la ley que apoya esta situación -considerada ilegal por la Unión Europea porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas- han obligado a los bancos a suspender sus desahucios “en casos de extrema necesidad”.

El Consejo General del Poder Judicial habla de 350 mil ejecuciones hipotecarias. El abogado señala que es difícil hacer un cálculo pero apunta que hay que tener en cuenta a los millones de personas privadas del derecho al trabajo y de hogares que no reciben ningún tipo de ingreso, además de “la estructura del parque de vivienda en nuestro país, del que el 75 por ciento se encuentra vinculado a hipotecas, con lo cual estamos hablando de un impacto brutal”.

Mayoral considera que aunque al propio gobierno no le interesan estos datos, debió hacer una evaluación del impacto provocado “por la acción antisocial de los bancos; hay que tener en cuenta que esto se enmarca dentro de una violación sistemática de derechos humanos, de la violación del derecho a un procedimiento con todas las garantías -porque el procedimiento de ejecución hipotecaria lo viola-; la violación sistemática del derecho a la vivienda; la condena a la pobreza y a la exclusión social, que es también una violación sistemática”.

La Plataforma se plantea también la lucha contra una impunidad que es absoluta “para los sectores privilegiados de nuestro país; es una cultura que viene de hace mucho tiempo y que debe concluir”, señala el jurista, que agrega que la PAH quiere un restablecimiento de la verdad, justicia para las víctimas, una reparación y que no se repita lo que ha ocurrido en España.

Las acciones de la PAH hoy

La Plataforma, como espacio de autoorganización, solidaridad y apoyo mutuo de las personas afectadas -que desarrollan una lucha colectiva por el derecho a la vivienda y a una vida digna-, cuenta con la sinergia de muchas personas y colectivos solidarios, y tiene una línea de funcionamiento asambleario en el conjunto del Estado para el desarrollo de las iniciativas colectivas.

La PAH ha logrado más de 600 mil firmas que apoyan una iniciativa legislativa popular que solicita la paralización de los desahucios y que ningún deudor habitacional pueda ser condenado a una deuda perpetua derivada de una hipoteca; también pide que las familias que no puedan pagar su vivienda puedan permanecer en ella pagando un alquiler que no supere el 30 por ciento de la renta familiar. Así, considera el abogado, se podría acabar con la situación de emergencia habitacional de inmediato. Junto a esto, “planteamos que los responsables de la crisis –que son principalmente las entidades financieras y sus consejos de administración- sean llevados ante la justicia para que respondan por los delitos que han cometido”, aclara el letrado en entrevista con Desinformémonos.

Esta iniciativa “es lo más visible, pero hay una acción cotidiana que lleva presión a los bancos para convencerles de que condonen esas deudas a las personas y que les permitan permanecer en la vivienda, reconociéndoles el derecho a la inclusión social”, apunta Mayoral, “lo que en muchos casos se consigue por medio de la acción colectiva sobre las entidades financieras, y con el apoyo de toda la red comunitaria, que recoge firmas concretas para casos concretos en cada lugar. Nosotros planteamos que esas victorias concretas se conviertan en un derecho para todos los deudores habitacionales”.

En estos dos años, evalúa el entrevistado, los logros fundamentales han sido romper la invisibilidad y conseguir que la mayoría de la sociedad apoye sus reivindicaciones.

La respuesta de Rajoy

En el contexto de la presión social por los suicidios de deudores habitacionales, el gobierno del derechista Mariano Rajoy, del Partido Popular, publicó en noviembre condiciones para que los afectados “vulnerables” accedan a una moratoria de dos años en los procesos de desahucio. El gobierno considera vulnerables a familias numerosas, que tengan hijos menores de tres años o sean víctimas de violencia de género, por ejemplo. Diversas organizaciones de afectados consideran a estas medidas insuficientes para detener los suicidios y los desahucios.

“Eso es una chapuza, el decreto de la vergüenza”, acusa el abogado de la PAH, que considera que es un decreto de excepcionalidad. Rajoy “lo hizo porque toda la población les estaba llamado sinvergüenzas, porque estaban desalojando a las familias para entregarle las viviendas a los bancos, que las dejan vacías y abandonadas”, aclara. “Nosotros queremos que esto se convierta en un derecho universal de todos los deudores habitacionales, con posibilidad de que de inmediato se paralicen los procedimiento de ejecución hipotecaria, que se reconozcan los derechos habitacionales, que las personas puedan permanecer en su domicilio y que nadie pueda ser condenado a una deuda perpetua derivada de una práctica antisocial de las entidades financieras”.

Rafael Mayoral denuncia que “el Reino de España viola sistemáticamente los derechos humanos de la población vulnerable, con procedimientos de ejecución hipotecaria que no respetan los derechos más básicos y que, al mismo tiempo, suponen una dictadura abierta de los bancos contra el conjunto de la población”, y finaliza con un llamado internacional “para vigilar y exigir al gobierno de España el cese inmediato a las violaciones sistemáticas de derechos humanos en materia habitacional y en materia de condena a deudas perpetuas”.

Publicado el 10 de diciembre de 2012