Foto: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Luego de la destitución y arresto del presidente Pedro Castillo y de la asunción de la vice Dina Boluarte, se produjeron enormes protestas en la región andina entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 exigiendo su renuncia por considerar que se trataba de un gobierno ilegítimo. La brutal represión provocó la muerte de 50 civiles y un policía, y más de 1.400 heridos. Según Amnistía Internacional en su reciente informe, “la evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte” y de los mandos policiales y militares.

El informe “¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú”[1], presentado el 18 de julio, sostiene que los fiscales deben evaluar su responsabilidad penal en las investigaciones en curso.

“La presidenta, los ministros, los comandantes de la policía y las fuerzas armadas de Perú tomaron decisiones que finalmente tuvieron consecuencias letales. Cientos de víctimas y sobrevivientes están esperando respuestas sobre lo que los altos funcionarios sabían, o deberían haber sabido, y lo que no hicieron para detener los asesinatos,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En el aeropuerto de Juliaca, donde hubo protestas el 9 de enero de 2023, fueron muertas 18 personas en un solo día y más de 100 resultaron heridas. El ejército en el aeropuerto de Ayacucho, que dejó 10 muertos en un solo día, el 15 de diciembre de 2022. El informe asegura que los soldados dispararon al menos 1.200 balas ese día, en respuesta a “órdenes verbales” de sus superiores.

Dieciocho meses después, las investigaciones penales sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas avanzan lentamente y no parece claro que se vayan a producir condenas a la presidenta y a los mandos responsables.

Para comprender algo más de las causas de semejante represión dialogamos con Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero. Samillán busca justicia para su hermano Marco Antonio, estudiante de Medicina, quien fue asesinado cuando intentaba auxiliar a los heridos en las movilizaciones. Desde entonces el médico se dedica a la búsqueda de justicia para su hermano, y las otras victimas de la violencia estatal.

Una historia que se repite

Samillán explica que lo sucedido hace casi dos años en Perú se inscribe en una historia larga de represión de levantamientos anti-coloniales en el Perú: “Esto no es de ahora, sino ha habido masacres para reprimir movilizaciones que exigieron una vida digna desde la colonización. Aquí en Puno mismo hace 100 años asesinaron a más de mil hermanos aimaras en Huancané. Lamentablemente, es como se vive en el Perú. Pero nosotros ya no vamos a permitir que esto se normalice. Es momento de poner un alto a estas masacres y empezar a que esa élite que está por el momento teniendo el control del país, empiecen a respetar la vida”.

En este sentido, es significativo que Amnistía Internacional descubrió que la Policía Nacional recibía órdenes para “eliminar barreras humanas” y que los comandantes calificaban a las y los manifestantes de “terroristas”, y que autorizaron el uso de la fuerza letal y armas de fuego de alto calibre para enfrentar a “las fuerzas adversas”. La evidencia sugiere que las fuerzas policiales y armadas asumieron el levantamiento como una continuidad del conflicto armado interno de los años noventa.

No parece ser casualidad, que la represión estatal fue particularmente violenta en Ayacucho, Andahuaylas, Puno y Pichanaki, todas regiones donde el conflicto armado interno fue muy sangriento. A la vez, estas regiones del Perú también han visto represión violenta de movilizaciones después del retorno a la democracia, particularmente en el contexto de movilizaciones sindicales y de protestas contra actividades extractivas.

Para Samillán el telón de fondo es el racismo que se mantiene en el Perú: “Son regiones o hermanos que viven justamente en los Andes, y nosotros creemos que hacia las personas que habitamos estos espacios persiste el racismo. Buscan darnos un mensaje de que no podemos enfrentarnos al Estado, de que tenemos que acatar lo que ellos hacen y que nuestra voz no tiene ningún valor. Y lo mismo sucede cuando los pueblos se movilizan contra la minería, como en Apurímac, Islay o Cusco”.

Lucha contra la impunidad

A pesar, de la continua estigmatización contra sus organizaciones, y las trabas a las investigaciones, las organizaciones de victimas y sus familias están determinados de encontrar justicia. Samillán: “Desde ese momento ya no hay paz, ya no hay tranquilidad, ya no te dedicas ni a tu familia, todo lo dejas a medias, porque la búsqueda de justicia está absorbiendo prácticamente todas nuestras vidas. Pero, no podemos dejarlo ahí, lo único que nos fortalece o nos mantiene en pie es ver presos a cada uno de estos responsables para que quede como un ejemplo y para que las futuras generaciones vean lo que nosotros hemos alcanzado”.

La organización de victimas ha ido consolidándose, desde que se reunieron en Juliaca para conmemorar un año de la masacre de Puno: “Llegaron de Ayacucho, de Apurímac, de Cusco. En Juliaca hubo una movilización enorme, de mas de 20.000 personas. Es ahí donde ya dijimos que tocaba fortalecer la organización al nivel nacional”, dice Samillán.

Indagamos sobre la posibilidad de que en un Estado colonial pueda hacer justicia, ya que todos los estamentos oficiales parecen comportarse del mismo modo racista y excluyente. En particular, ahora que al viejo Estado oligárquico se le superponen actores ilegales vinculados a la extracción de oro y otros negocios similares, interesados en reflotar un pacto de impunidad.

El presidente de la Asociación de Mártires y Victimas del 9 de Enero, dice que a pesar de las trabas hay avances: “Si bien, vivimos en una dictadura parlamentaría, tenemos esperanza que vendrán otros tiempos, a causa de la movilización social. Las familias queremos que se sancione a todos; tanto a los que ejecutaron, los que dieron las órdenes y los cómplices que están en el congreso por estos momentos. En la actualidad, desde que logramos sacar a la Fiscal de la Nación, se avanzó en 20 formalizaciones en cuanto a las denuncias, y tenemos 160 personas investigadas entre militares y policías”.

Perspectivas y movilizaciones

Si bien en el corto plazo parece solido el pacto de impunidad entre distintas fuerzas congresales y el gobierno, se pueden profundizar las fisuras, tensiones y disputas entre los actores políticos diversos quienes integran este pacto. No nos olvidemos que todos los presidentes de los últimos 20 años están presos por corrupción o están siendo investigados, o se han suicidado como Alan García. Un futuro similar espera a Boluarte, según Samillán: “Dina Boluarte simplemente es un títere que tiene que obedecer todo lo que diga el congreso, para que no la saquen de su cargo. Pero esto no la protegerá cuando termina su mandato”.

Lo más difícil, empero, es que altos mandos de las fuerzas represivas sean alcanzados por la justicia, aunque no debe olvidarse que varios militares que dirigieron la guerra sucia contra Sendero Luminoso han sido procesados en el Perú. El general Nicolás Hermoza, que ocupó la comandancia general del Ejército del Perú desde 1992 hasta 1998, está en prisión por violación a los derechos humanos, así como el jefe de Inteligencia Vladimiro Montesinos.

Para que se logre justicia será fundamental la movilización social. Actualmente, tanto el Congreso, como el gobierno cuentan con un apoyo ciudadano extremadamente bajo, de alrededor del 5% según las últimas encuestas. Las movilizaciones para el día de la independencia (el 28 de julio) serán un termómetro si este rechazo se tradujera a un escenario de resistencia activa. Por lo pronto, las organizaciones de victimas y familiares viajarán nuevamente a Lima para demandar justicia para sus seres queridos, y para exigir un país mas digno y justo para todos y todas.

[1] Se puede consultar el informe completo en  https://www.amnesty.org/es/documents/amr46/8249/2024/es/