Honduras. “Los actos represivos del gobierno no frenan la lucha en defensa del territorio”, afirma Bertha Cáceres, coordinadora general de la organización lenca COPINH (Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), apenas tres días después de ser liberada, el 28 de mayo. Su detención se dio en un contexto de constante amenaza, represión y saqueo por parte de las empresas Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Sinohydro y Ficohsa, así como del Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para forzar la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca contra la voluntad de los pobladores de Río Blanco, Santa Bárbara, en el occidente de Honduras.

El 24 de mayo, Cáceres y Tomas Gómez Membreño -miembro de la coordinación general de COPINH y director de su radio comunitaria, Radio Guarajambala (La voz del río)-, fueron detenidos mientras se trasladaban en el vehículo de COPINH por las carreteras remotas de la región, rumbo a un plantón del pueblo lenca en Rio Blanco. Cáceres describió al operativo militar que consistió de más de 20 elementos de la infantería hondureña, como una emboscada que resultó en su detención ilegal.  El comportamiento “agresivo y nervioso” de los oficiales del ejército hondureño en la “exhaustiva revisión del vehículo” le indicó a Cáceres que algo andaba mal en el momento que detuvieron el vehículo en un retén militar en el departamento de Santa Bárbara.

Cáceres y Gómez viajaban rumbo San Antonio Chuchuitepeque, donde el 23 de mayo elementos de las fuerzas especiales del ejército hondureño, conocidos como Los Cobras, en operativo conjunto con la Policía Nacional, hicieron un desalojo violento contra la población lenca de ese pueblo, que -según la denuncia de COPINH- se encuentra en “un proceso de recuperación y sanación de su territorio, que cuenta con títulos ancestrales de siglos, y que ejerciendo su derecho de posesión y propiedad procedieron a recuperar las vegas del Río Ulúa”.  El Río Ulúa es uno de los principales afluentes del Río Gualcarque, donde desde el primero de abril de 2013 COPINH mantiene bloqueos de carretera y tomas de las orillas del río en la zona conocida como Río Blanco, contra la amenaza del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.  Cáceres denunció un saldo de por lo menos cinco heridos por gases lacrimógenos y balas vivas durante el desalojo.  El desalojo en San Antonio Chuchuitepeque fue el cuarto desde el primero de abril del 2013. Sumaron 22 detenidos tras el desalojo del 17 de mayo en Río Blanco.

Cáceres insiste que el gobierno “ha militarizado la región entera y ahora se cuenta con una presencia permanente del ejército y hostigamiento hacia la población”. Señala que esto obedece a la defensa de los intereses e inversiones económicos de DESA y SinoHydro (de capital chino), además de una inversión de 24.4 millones de dólares por parte del BCIE para comenzar la represa de Agua Zarca, diseñada para generar 21.3 megavatios de energía.  Afirma la lideresa que el Banco Mundial canalizó hasta 800 millones de dólares mediante el banco Nacional FICOHSA, quienes tienen tremendas inversiones e intereses en el sector enérgico de la región.

El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca es apenas uno de 24 proyectos de llamadas energías renovables que cuentan con una inversión de más de mil millones de dólares y que fueron aprobados de modo fast track por el gobierno de Honduras, justo en los meses posteriores al golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya.

La denegación del derecho a la consulta

Un comunicado emitido el 3 de mayo por la principal organización garífuna, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), explica la sistemática violación de derechos humanos y derechos indígenas por parte del Estado con respecto a la implementación de los proyectos energéticos.

“El territorio del pueblo lenca de Honduras es uno de los más afectados, ante la construcción de 17 represas en su territorio.  Muchas de ellas reciben o han recibido  fondos de los CDM (Mecanismo de Desarrollo Limpio)”, denuncia la organización, que precisa que la represa de Agua Zarca afectará a las comunidades lencas de Chorrera, Tejera la Unión, San Bartolomé y Agua Caliente.

La OFRANEH recuerda que el Estado de Honduras se comprometió en el año 2001 a efectuar las consultas apropiadas con el COPINH. Incluso -en el marco del 143 período de sesiones de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de octubre del 2011, en relación a las violaciones de derechos humanos en las concesiones de recursos naturales en Honduras- una de las abogadas del Estado señaló el compromiso de “redactar y consensuar el Reglamento Especial para la consulta de proyectos ambientales, tanto de carácter general como en el marco del Convenio 169?. La funcionaria agregó que “el actual Ministro dio órdenes específicas de que para el año 2012 esos dos reglamentos estén en vigor”.

“La administración gubernamental post golpe de Estado se ha destacado por violar de forma sistemática el derecho a la consulta, al emitir un sinnúmero de leyes y decretos que afectan directamente los territorios de los pueblos indígenas y su sobrevivencia como culturas diferenciadas”, señala la organización garífuna.

Cáceres apunta que la situación en Honduras se pone cada vez más crítica en vísperas de las elecciones presidenciales previstas para noviembre de 2013.  La lideresa destaca que a mediados de enero, el congreso pasó en un tiempo record de menos de diez días un paquete de legislaciones controversiales, incluyendo la Ley de Inteligencia y la aprobación de 12 “Zonas Especiales Económicas” (antes llamadas Regiones de Especiales de Desarrollo, RED, las cuales fueron determinadas como inconstitucionales por la Corte de Constitucionalidad a finales del 2012). La aprobación con el cambio de nombre llegó después de la destitución de los jueces que determinaron que las RED violaban a la soberanía y  la Constitución nacional.

Cáceres insiste que los poderes económicos en Honduras y “los mismos que estuvieron detrás del golpe del Estado” buscan consolidar su fuerza y sus proyectos ante la incertidumbre de las elecciones, en las cuales Xiomara Castro, esposa del depuesto presidente Manuel Zelaya, amplía su apoyo popular para el Partido Libre. La lideresa explica que los medios de comunicación comerciales “lanzaron una campaña con grandes inversiones para desprestigiar a Xiomara”, además de criminalizar a los movimientos sociales. Los mismos medios de comunicación, agrega, intentan presentar a COPINH como un grupo armado, subversivo, guerrillero y traficante de armas, maquillando los incendios de escuelas y acciones violentas contra el territorio lenca como si fueran responsabilidad e COPINH. La realidad es justo lo contrario, destaca Cáceres: la organización popular “es una organización de movilización pacífica que defiende a nuestros derechos como pueblos indígenas”.

Por eso, Bertha Cáceres no se sorprendió cuando los militares, en la revisión exhaustiva que le hicieron en el retén, supuestamente “hallaron” una pistola en la caja trasera de la camioneta pickup, por lo que la detuvieron a ella y a Gómez por portación ilegal de armas. Cáceres fue trasladada esa misma noche y recluida en “bartolina”, en celda de aislamiento, mientras Gómez fue liberado. El 25 de mayo, frente al fiscal del Ministerio Público, Nery Betancourt, se dictaron cargos formales de portación ilegal de armas y atentado contra el estado de seguridad contra la representante de COPINH.  A pesar de que Cáceres cuenta con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el golpe de estado en 2009 (lo que obliga al Estado de Honduras a asegurar su integridad física contra amenazas),  el proceso en su contra estuco lleno de irregularidades, acusa Dina Meza de COFADEH (el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras).  En entrevista con Pilar Vendrell, Meza señaló «la policía detiene a la persona, la aísla y después dice que no está detenida. Así negaron la captura de Gómez. Eso es una práctica con una larga historia que se repite desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009».

Cáceres fue liberada el 25 de mayo, pero tendrá restringidos sus movimientos. El juez le dictó medidas sustitutivas, no puede salir del país, tiene que presentarse para firmar semanalmente en el juzgado y tiene prohibido participar en actos públicos hasta su juicio, el 13 de junio.  Sin embargo, ella habla con ánimo y convicción. Asegura que las movilizaciones de COPINH y el pueblo lenca en defensa del territorio y del Río Gualcarque no son sólo de interés nacional, sino internacional en lo que atañe a la defensa del territorio y los derechos de los pueblos indígenas. COPINH prepara una nueva serie de movilizaciones; “la represión no nos detendrá”, finaliza Cáceres, quien llama a la solidaridad internacional para los días de su juicio, 12 y 13 de junio.

Tim Russo es periodista independiente y ha cubierto Centroamérica durante 20 años. Es vicepresidente de la junta directiva  de Free Speech Radio News y corresponsal para KGNU y FSRN.  Ha trabajado con COMPPA, comunicadoras populares e indígenas y medios independientes en Honduras y Centroamérica.

Publicado el 03 de junio de 2013