Los paramilitares desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) confesaron su participación en mil 64 masacres, 25 mil homicidios y tres mil 599 desapariciones forzadas en todo el país. Asimismo, suministraron datos para la ubicación de tres mil 92 fosas comunes, en las que se hallaron unos cinco mil cadáveres.
El grupo paramilitar, extendido por varias regiones colombianas, también participó en mil 816 secuestros, mil 768 extorsiones y unos 600 casos de tortura, según un reporte entregado por la Fiscalía General de Colombia tras siete años de aplicada la Ley de Justicia y Paz.
También indicó que los paramilitares participaron en mil 618 casos de reclutamiento ilícito, 11 mil 772 desplazamientos forzados, 65 delitos de tráfico de estupefacientes y 96 de violación sexual.
Los asesinatos confesados por paramilitares colombianos en el marco de un plan para obtener beneficios judiciales ascienden ya a más de 30 mil, indicó la Fiscalía, una cifra que «coloca a estos grupos a la altura de las dictaduras latinoamericanas más crueles», afirmó.
El paramilitarismo ha sido calificado en Colombia como uno de los fenómenos de violencia más agresivos en la historia del país.
En la década de 1990, los grupos se unieron en las denominadas AUC, devenidas en actores armados independientes vinculados con el narcotráfico y desencadenadoras del escándalo de la parapolítica en los primeros años del siglo XXI.
Entre 2003 y 2006, unos 32 mil paramilitares dejaron las armas en el proceso de desmovilización promovido por el gobierno de Álvaro Uribe, aunque organismos de derechos humanos han denunciado que una cifra indeterminada de mandos medios se marginaron de ese plan y actúan en bandas criminales o Bacrim y al servicio del narcotráfico.