A cuarenta años del golpe militar que derrocase el gobierno constitucional de la Unidad Popular, encabezado por el presidente Salvador Allende, Chile se muestra como un país moderno, integrado en el mundo, con una transición «modélica»  que ha sabido equilibrar las necesidades del perdón y el olvido.  Algo similar a pasar página. De esta forma, se quiere dar punto y final a una etapa de la vida política del país, la dictadura, que durante 17 años ejerció el poder bajo la bota, el asesinato, el exilio y la tortura.

Torturados y cómplices de torturadores, personas que apoyaron el golpe y negaron la violación de los derechos humanos ocupan sus escaños  en el senado, la cámara de diputados, los ayuntamientos e instituciones públicas. Tabla rasa. La memoria se paralizó el 11 de septiembre. Es una amnesia donde nadie recuerda nada; situación idílica para que  militares y carabineros de baja graduación, vinculados a los organismos de inteligencia y tortura como la DINA y el CIN, en los años de máxima represión (1973 a1978), pasen desapercibidos.  Hoy visten señeras con galones de  capitán, coronel o general de estado mayor. Han quedado libres de polvo y paja. Simplemente no recuerdan  su papel en el golpe militar y durante los 17 años de dictadura. Se refugian en la ley de autoamnistía de 1978, los gobiernos de la Concertación y la derecha pinochetista. Un pacto de felonía  los encubre, negando justicia y reparación, bajo el pretexto de la razón de Estado.

Unos y otros han perdido la vergüenza. Quien fuese presidente de la Democracia Cristiana en los años noventa del siglo pasado, y  ministro de Exteriores durante el gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelett, dejó estas palabras para no olvidar: «Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo, descentralizar, desregular, etcétera. Esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y quienes fuimos críticos con algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar».[1]

Pero ello no  era casual. Sus palabras venían precedidas  del acuerdo existente para  no  hurgar en materias escabrosas como la violación de los derechos humanos. Fue la llamada propuesta del Punto Final, nacida en 1995 entre dirigentes de la derecha pinochetista, el presidente Frei, las direcciones del Partido Socialista, El Partido por la Democracia (PPD) y la Democracia Cristiana. El propio Foxley, por entonces presidente de su partido, la Democracia Cristiana,  declaró que «no sacamos nada con estar contando muertos indefinidamente», lo cual Pinochet, investido del grado de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, apostillaba en declaraciones al periódico de la derecha, El Mercurio, el 4 de agosto de 1995: «Yo no conozco los derechos humanos ¿Qué es lo que es esa cuestión, oiga?».

Ambas declaraciones, a las cuales se pueden sumar las de dirigentes de todos los partidos, tanto de la derecha pinochetista como de la Concertación por la Democracia, formaron parte de una estrategia diseñada en los años noventa para legitimar el modelo neoliberal. La Concertación en el gobierno dio su plácet asumiendo como suyos los valores de la política económica de la dictadura. Fue una catarsis  en la cual el neoliberalismo en Chile limpiaba su pecado original, haber sido incubado en un régimen de terror, violencia y muerte. Así lo veía uno de los máximos representantes de la derecha chilena y los Chicago Boys.

«Ocurre, además que el liberalismo se ha puesto francamente de  moda (…) y su apoyo no es gratis. Ocurre que el capitalismo incubado bajo el régimen militar ha echado raíces en la sociedad chilena y, en particular, en los círculos empresariales. No es fácil arrancarlo. La figura de Felipe Gonzalez en España o Salinas de Gortari en México,  trasmiten el mismo mensaje (…) Los caminos del liberalismo real suelen ser más laberínticos e inesperados que los del liberalismo de textos. La historia siempre es heterodoxa. El hecho es que la legitimación democrática del capitalismo en Chile requiere que, por una parte, sus antiguos adversarios le concedan su nihil obstat democrático y, por otra parte, que los empresarios (…) realmente confíen en ellos. Esto es muy posible. Si ocurre, el pecado original de la transformación capitalista chilena habrá quedado políticamente redimido».[2]

Sin embargo, los orígenes de esta trama se encuentran en los años sesenta del siglo pasado cuando emerge, de forma temprana en Chile, una nueva derecha, cuyos principios políticos y teóricos, tanto como su forma de actuación, cerraban el ciclo de una derecha oligárquica, más acostumbrada a pactar en los salones y círculos elitistas las políticas a seguir por sus gobiernos y sus aliados. Despreciaban la política de masas y se sentían seguros en su accionar tras bambalinas.

La fuerza del movimiento obrero y sindical, el crecimiento de las protestas populares y el mayor grado de organización política de los trabajadores parecía poner fin a un orden que se había mostrado sólido hasta el gobierno del conservador de la derecha terrateniente Jorge Alessandri Rodriguez (1958-1964). La llegada al poder de Eduardo Frei Montalva, candidato de la Democracia Cristiana con su eslogan «La revolución en Libertad», enarbola las banderas de  la reforma agraria, la sindicalización campesina o la «chilenización» del cobre, tanto como el anticomunismo.

Frei, apoyado por los Estados Unidos en su campaña, se constituyó en el baluarte de la política estadounidense para la región. Ganó por mayoría absoluta. Allende, nuevamente derrotado, era relegado a una segunda posición. La derecha se asustó. Los cambios, sobre todo la tímida, pero señera reforma agraria, marcó la ruptura. La Democracia Cristiana rompía el pacto de caballeros, tocaba lo intocable, la propiedad de la tierra. Los latifundios y las haciendas. De esta forma, la burguesía chilena decidió poner fin al régimen  político existente, no importando si la Democracia Cristiana con su «revolución en libertad» o la izquierda, liderada por Salvador Allende, estuviesen en el poder. Ellos veían en ambos un peligro para su estabilidad y continuidad en el poder. La democracia representativa era un estorbo. Su crítica era de fondo, había que cambiar el orden constitucional y dotar al país de una nueva institucionalidad. Según su diagnóstico, la democracia  había sido penetrada por  ideologías disolventes de la identidad nacional. Su objetivo, instaurar un orden totalitario marxista-leninista, mediante la dictadura del proletariado, atizando el odio y promoviendo la  lucha de clases.

En 1966, los partidos Liberal, Conservador y Acción Nacional,  confluyen en un proceso refundacional.  La  organización se proclama nacionalista, defensora de la empresa privada, del progreso personal,  el esfuerzo individual, antiestatista, promotora de la economía de mercado y contraria  al discurso  político  condescendiente con el comunismo. En su declaración de intenciones llaman a «todos los chilenos a participar en una gran lucha para vencer su sensación de inferioridad y de fracaso, que lleva al país a vivir del socorro extranjero, a entregarse a ideologías foráneas y a sustituir el trabajo y el riesgo personal por un estatismo deprimente». La organización tomó el nombre de Partido Nacional.

En 1968, Mario Arnello, uno de los líderes del Partido Nacional,  subrayó: «Nadie que sea partidario o aliado del marxismo, que pretenda imponer el socialismo y un estatismo absorbente, puede ser defensor de la clase media. La clase media es fruto de la libertad personal, del respeto a la ley y al derecho, y, en especial, de la libertad de trabajo y de la iniciativa individual. Y sólo en este ambiente puede la clase media desenvolverse y prosperar». Mientras tanto, su presidente,  Sergio Onofre Jarpa,  baluarte de la trama civil del golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, escribió ese mismo año: «Estamos al fin de un mundo, del mundo que nació con la revolución francesa y que ha culminado con la revolución comunista, demostrando el fracaso de los anhelos de la libertad en la lucha contra el absolutismo (…) al final de esta era se ofrece un nuevo absolutismo, mas odioso y más denigrante (…) el socialismo no es el mundo nuevo, es la última etapa de una edad ya vivida y de una civilización que ha culminado con una filosofía materialista, que no responde a los anhelos del hombre actual».[3]

El triunfo inesperado de la Unidad Popular el 4 de  septiembre de 1970, desató el frasco de las esencias de la derecha, haciendo incluso virar a la Democracia Cristiana.  El Partido Nacional se dio a la tarea de boicotear  el acceso de la Unidad Popular y Salvador Allende. Entre el 5 de septiembre y el 24 de octubre de 1973, tiempo que media entre el ganador y la proclamación del presidente por el congreso pleno, hizo todo lo posible para evitar su proclamación. Al no conseguirlo, pasaron a la ofensiva, conspirando, preparando un golpe de Estado y bloqueando la actividad de gobierno de la Unidad Popular. Fueron tres años intensos. Desestabilizaron, provocaron el caos, generaron mercado negro, cometieron atentados y crearon un grupo fascista, Patria y Libertad, una especie de cuerpo paramilitar que se dedicó a poner bombas, cortar carreteras y asesinar militantes de izquierda. Tuvieron un papel destacado en el golpe frustrado del 29 de junio de 1973, y tuvieron que pasar a la clandestinidad. Su líder, el abogado Pablo Rodríguez Gres,  sería años más tarde, uno de los abogados que defendiese a  Pinochet en Londres.

El Partido Nacional tuvo una efímera vida (1966 a 1973). Tras el golpe de Estado,  su dirección  tomó  la decisión  de autodisolverse. Los motivos fueron expuestos por su dirigente Onofre Jarpa: su programa y sus valores estaban contenidos en la declaración de principios del Gobierno Militar, no había razón para mantener la estructura partidaria, haciendo un llamado a sus militantes para que se incorporaran a las tareas que demandaban  las fuerzas armadas y  la Junta Militar. Sus miembros, durante 17 años, ocuparon  puestos de responsabilidad, desde ministerios hasta  alcaldías.[4]

Mientras tanto, en los años sesenta, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica,  un grupo de jóvenes estudiantes desafectos a la política tradicional, le disputarían a partir de 1967  la hegemonía al naciente partido nacional, los llamados «gremialistas». Liderados por Jaime Guzmán, ideólogo de Pinochet y co-autor de la vigente Constitución chilena, se declararon apolíticos. Dicho apoliticismo quedó expresado en su documento «fundacional» cuando disputaban la presidencia de la Federación de Estudiantes y luchaban contra la reforma universitaria. «El frente gremialista se opone a un determinado concepto ideológico partidista de la Universidad, en otras palabras, postulamos la apoliticidad de la Universidad y los organismos gremiales de ella. ¿Cómo enfrentamos esto? Los gremialistas queremos una Universidad que no sea ni comunista, ni nacional, ni socialista, ni radical. Estimamos que ella debe ser pluralista en lo ideológico, democrática en el más puro sentido de la palabra».[5] Admiradores de la dictadura de Francisco Franco,  encontraron su ideario en Ramiro de Maeztu y Jose María Pemán.  Detractores del Estado liberal, se atrincheraron en las concepciones tradicionalistas de la iglesia católica y el hispanismo, cuyo representante en Chile era el historiador Jaime Eyzaguirre.

En su ideario, propusieron la instauración de una democracia autoritaria, corporativa y sin la tutela de los partidos políticos. Sus planteamientos fueron escuchados y tuvieron cabida en la Constitución de 1980, donde Chile se definió  como una «democracia protegida y autoritaria».  Profundamente antiestatistas, su apolitismo y percepción antipartidista  «estaba inspirado en el corporativismo y el funcionalismo (…) creían en el protagonismo de los cuerpos intermedios, ajenos a toda interferencia política partidaria o ideológica, dando al Estado un rol subsidiario». Sus ideólogos señalaban que el corporativismo había nacido como una alternativa al liberalismo y al marxismo, tal y como lo reflejaba la encíclica Quadragessimo anno.[6]

A pesar de disputar la hegemonía de la derecha con el Partido Nacional, sus puntos de conexión eran visibles. Ambos menospreciaban el papel del Estado e impulsaron la movilización popular bajo la fórmula del gremialismo apolítico. Entre 1970 y 1973, impulsaron  las manifestaciones femeninas contra Allende, haciendo famosas las marchas de mujeres de la burguesía portando y golpeando con cucharas ollas vacías, en demostración de la falta de alimentos, producto del desabastecimiento. Igualmente, participaron activamente en todas las huelgas de  comerciantes, camioneros,  mineros y  estudiantes, cuyo objetivo fue paralizar Chile y llevar al país a una situación de caos que justificase la intervención de las fuerzas armadas.

Tras el golpe militar, el 11 de septiembre de 1973, sus militantes fueron los constructores del entramado legal y constitucional del «nuevo Chile». Se les concedió un poder inusitado que hicieron valer desde la Secretaría General de la Juventud. Sus líderes actuales se foguearon durante 17 años en dicha institución.  De ambas tradiciones, nacionales y gremialistas nacerán a partir de 1983, los dos grandes partidos que hoy identifican a la derecha chilena: Renovación Nacional (RN), cercano al primero, y  Unión Demócrata Independiente (UDI), al segundo.

En medio de esta polémica refundación, desde 1964 gobernaba en Chile la Democracia Cristiana. Ya hemos señalado que su propuesta decía encarnar los valores de una sociedad libre, democrática y  cristiana. Su argumento: ni el capitalismo explotador ni el comunismo opresor. En definitiva, ni marxismo ni capitalismo. Como partido político, la Democracia Cristiana se encontraba  adscrita a la doctrina social de la iglesia. Sin embargo, sus orígenes, provenientes de la ruptura de un sector de la juventud del partido conservador en los años treinta, le hicieron confluir en el tiempo  con la guerra civil española y el ideario de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange española. Sus líderes se identificaron con dichas propuestas, llegando incluso a tomar el nombre de Falange chilena hasta su refundación en los años cincuenta. Su uniforme militante  fue copia de Falange española: camisa Azul. Sólo variaron el portaestandarte del yugo y las flechas, por una saeta con dos barras en su cuerpo central.

Así llegamos al triunfo de la Unidad Popular, gobernando la Democracia Cristiana y con una derecha agazapada buscando el momento para destruir el estado republicano. Nuevamente, el anticomunismo fue el vaso comunicante que unió a la derecha con los líderes más destacados de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei  Montalva, Patricio Alywin, Andrés Zaldivar y Juan de Dios Carmona, entre otros.  Permeables a cualquier  acción destinada a bloquear el acceso de Allende a la Presidencia, se sumaron a la conspiración y  buscaron cobijo  en la embajada de Estados Unidos, el Pentágono y la Casa Blanca. En 1972, el periodista Jack Anderson  sacó a la luz sus planes y la financiación recibida.

Los  documentos de  la CIA y la ITT en Chile dejaron al descubierto  la trama argüida dos años antes por la administración Nixon- Kissinger y  el presidente Frei, para impedir la llegada de Allende a La Moneda. Su objetivo era comprometer a las fuerzas armadas  en un golpe de Estado preventivo. Así se lo hizo saber Frei a Kissinger: «El presidente Frei ha dicho privadamente a sus más allegados colaboradores, a Alessandri y a un enviado de Departamento de Estado durante el último fin de semana en Viña del Mar, que el país no puede ser entregado al comunismo y que es preciso impedir que Allende asuma el gobierno». [7]

Una vez ratificado el triunfo de la Unidad Popular se buscó colapsar la economía del país. En boca de Richard Nixon, había que hacer temblar la economía chilena. A ello, Henry Kissinger, Secretario de Estado, apostilló: «No veo por qué debemos estar pasivos y ser observadores de cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo». El mercado negro del dólar y el bloqueo  económico fueron su opción. El entonces ministro de Hacienda de Frei, Andrés Zaldivar, en discurso televisado el 23 de septiembre de 1970, pintó un panorama desolador, culpando de la situación económica al triunfo de la Unidad Popular. Era la carta para inducir a los militares a tomar una decisión fundamentada en el papel asignado a ellos en la formación de la identidad chilena: «El ejército impregnado del alma colectiva de la nación, constituye la organización que se da el pueblo para su defensa (…) pero no sólo la defensa física, sino también la defensa de lo permanente y de la esencia de los valores de la patria, cuya salvaguardia se configura especialmente en el Ejército».[8]

Entre el 4 de septiembre y el 24 de octubre, fecha en que el Congreso debía ratificar los resultados electorales, como hemos señalado, se buscó crear el caos,  provocando el cierre de entidades financieras y  grandes empresas, azuzando la bandera del comunismo que viene. En el Memorando enviado a Hal Hendrix, en  cuartel general de ITT,   el 29 de septiembre de 1970,  Roberto Berrellez, coordinador  de la conspiración en Buenos Aires, detalla la maniobra: «Las actuales posibilidades de frustrar la asunción del poder por Allende, se sostienen fundamentalmente en el colapso económico estimulado por algunos sectores de la comunidad política y por el mismo presidente Frei. A este respecto, las próximas semanas serán decisivas. Hay poco dinero en efectivo. Pero el gobierno está imprimiendo más dinero. Hay un activo mercado negro; el escudo se cotizaba a 28 por dólar el lunes 28 de septiembre, ha bajado a 26.50 el viernes. El precio antes de las elecciones era de 20/21 escudos por dólar. Se realizan esfuerzos clandestinos para lograr el quiebre de una o dos de las asociaciones de ahorro y préstamo más importantes. Se espera que esto desencadene una corrida bancaria y el cierre de algunas fábricas para producir desempleo. (…) Frei le dijo a alguno de sus ministros que estaría dispuesto a ser derrocado por un golpe militar. Esto lo absolvería de cualquier complicidad en un golpe que, a su vez, liquidaría a Allende”.[9]

Fracasaron. Pero se guardaron una carta. Organizaron el  secuestro del General en Jefe del Ejército, René Schneider, a manos de militares golpistas encabezados por el general Viaux. Su objetivo,  decantar la decisión del Congreso para elegir a  Jorge Alessandri,  quien obtuvo el 34.4 por ciento de los votos, siendo la segunda minoría. La operación terminó en un fiasco. El General Schneider, haciendo uso de su arma reglamentaria, se resistió, obligando al comando a dispararle. El general murió a las pocas horas. Desde ese instante, el imperialismo, la derecha política, la oligarquía terrateniente y la burguesía chilena unieron  fuerzas. El 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas alzaban sus armas contra el  gobierno legítimo y constitucional, y contra el pueblo chileno.  Así lo hizo saber en el Bando Nº 5 del 11 de septiembre de 1973:

«Teniendo presente que el gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad demostrada al quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de enseñanza, derecho de reunión, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad y derecho en general, a una digna y segura subsistencia; que el gobierno ha quebrantado la unidad nacional, fomentando artificialmente una lucha de clases, estéril y en muchos casos cruenta, perdiendo el valioso aporte que todo chileno podría hacer en búsqueda del bien de la Patria, y llevando a una lucha fratricida y ciega, tras ideas extrañas a nuestra idiosincrasia, falsas y probablemente fracasadas (…) las fuerzas armadas han asumido el deber moral que la Patria les impone de destituir al gobierno que, aunque inicialmente legítimo, ha caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el Poder por el sólo lapso en que las circunstancias lo exijan, apoyado en la evidencia del sentir de la gran mayoría social, la cual de por sí, ante Dios y ante la Historia, hace justo su actuar y por ende, las resoluciones, normas e instrucciones que se dicten para la consecución de la tarea del bien común y de alto interés patriótico que se dispone cumplir».

 Las justificaciones del Golpe   

Tres  elementos esgrimieron las fuerzas armadas para romper el orden constitucional: el caos económico y la violencia política; la inconstitucionalidad del gobierno en el ejercicio del poder, y un supuesto autogolpe, adjetivado como  Plan Zeta, orquestado por la Unidad Popular para tomar el poder, destituir a la cúpula del ejército y los partidos políticos de la derecha, decretando la instauración de la República Popular bajo la bandera de la dictadura del proletariado y, de paso, asesinar a los principales opositores.

El primero de ellos, el caos económico y la violencia política, sirvió  para explicar el período y  la política económica de la Unidad Popular y la necesidad de retomar una economía «sana y en orden”. Los ejemplos para dar credibilidad a su argumento se centran en la condescendencia del gobierno hacia las tomas de terrenos de  pobladores, fundos por campesinos  e industrias por trabajadores, así como la expropiación de grandes empresas, con la consiguiente inseguridad jurídica y ataque a la propiedad privada. Nada dice del acaparamiento de mercancías, repuestos automotrices,  alimentos, etcétera, destinados a fomentar el mercado negro y el desabastecimiento.

Una trama perfectamente diseña para provocar desazón popular y  desafección al gobierno. Los primeros productos en desaparecer de los establecimientos fueron aquellos que psicológicamente producen un estado de ánimo bronco. El jabón, la pasta de dientes, el azúcar, el papel higiénico, la harina, el aceite,  el té o el tabaco. Así lo señala Eduardo Frei a la hora de justificar el apoyo de la Democracia Cristiana a la Junta Militar y Pinochet, en carta dirigida a Mariano Rumor el 8 de noviembre de 1973, presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana: «¿Era la DC fascista o golpista por el hecho de haber denunciado esta política económica que llevó al país a la inflación desatada, al envilecimiento de la moneda, a la paralización productiva, el mercado negro, a la escasez y el hambre? Los que con tanta ligereza hablan sobre Chile deberían venir y recorrer las poblaciones periféricas, los campos y las ciudades y preguntar cómo era necesario hasta diez horas de colas para conseguir un cuarto de litro de aceite, cuando se conseguía, o un kilo de pan, cuando se conseguía, o medio kilo de azúcar, cuando se conseguía. ¿Hay alguna democracia que resista estas tasas de inflación, escasez y el mercado negro? ¿Es fascismo y golpismo denunciarlo? (…) Las fuerzas armadas -estamos convencidos- no actuaron por ambición. Más aún, se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso ahora sería el fracaso del país y nos precipitaría en un callejón sin salida. Por eso los chilenos, en su inmensa mayoría, más allá de toda consideración partidista, quieren ayudar porque creen que ésta es la condición para que se restablezca la paz y la libertad en Chile. Cuando más pronto se destierre el odio y se recupere económicamente el país, más rápida será la salida»[10].

La Unidad Popular pasó a la historia oficial como articuladora de un proyecto económico fracasado, totalitario y estatista, generador del caos. De tal manera,  las fuerzas armadas estarían facultadas  para intervenir, restablecer la estabilidad económica, la libertad de mercado y la paz social. Así nace el discurso neoliberal de un nuevo Chile ganador, de un país diferente al resto de América Latina, moderno y precursor de la globalización gracias a la acción eficaz de las fuerzas armadas.[11]

El segundo argumento, la ilegitimidad del gobierno en el ejercicio del poder, se fue construyendo poco a poco. Sólo hacía falta poner en consonancia el poder judicial, el legislativo y  la contraloría general del Estado, a lo que se sumarían colegios profesionales, universidades y  medios de comunicación controlados por la derecha. Sin pudor se trató de arrinconar y vetar todas las acciones emprendidas por el Ejecutivo, cuestionando la posible constitucionalidad  de sus medidas. Primero fueron  acusaciones a sus ministros  y una campaña mediática perfectamente orquestada.  Y a partir del frustrado intento de la derecha de conseguir los dos tercios del congreso para destituir constitucionalmente al presidente en las elecciones del 4 de marzo de 1973, se opta por el golpe de Estado.

La intentona del 29 de junio será un punto de inflexión. Lo siguiente, elaborar un estudio demostrando el  fraude electoral cometido por  la UP en las legislativas de marzo. Dicho estudio se financió desde la Universidad Católica y fue presentado a la opinión pública en julio de 1973. Sus argumentos: la progresión de los votos de la UP, según ellos, iban en franco retroceso y no podía, salvo fraude, obtener  más  del  35 por ciento. Cualquier cifra superior -llegó al 47 por ciento- significaba que el censo electoral había sido modificado en su beneficio. Las elecciones eran papel mojado. Nada más que decir.  Para corroborar su hipótesis,  apostillaban que   sentir mayoritario de los chilenos era destituir al presidente. El documento circuló profusamente entre las fuerzas armadas.

A continuación, como parte de la trama, la Contraloría General del Estado declaró parcialmente inconstitucional el decreto que reformaba las tres áreas de la economía presentado por el ejecutivo. Nada más producirse ese hecho, el 8 de julio, Eduardo Frei, presidente del Senado, en conjunto con el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Pareto, declararon que Chile vivía un momento de crisis de extrema gravedad, debido a que una minoría ha querido «imponer un esquema ideológico y programático que la mayoría del país rechaza». A continuación, el colegio de abogados declaró que en Chile se rompió el ordenamiento jurídico.

Y en un acto sin precedentes, el 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, redactó una declaración cuyo destinatario fue el presidente Allende. En su interior se subrayaba la ilegitimidad del gobierno. En su epígrafe 5º y 6º señalaron: » 5º (…) es un hecho que el actual gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr, de ese modo, la instauración de un sistema  totalitario, absolutamente opuesto al sistema representativo que la Constitución establece; 6º, que para lograr ese fin, el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho».

La respuesta de Salvador Allende no se hizo esperar: «…los diputados de oposición han exhortado formalmente a las fuerzas armadas y carabineros a que adopten una posición deliberativa frente al poder Ejecutivo, a que quebranten su deber de obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinadas (…) Cada ataque, cada peldaño que franquea la reacción en su afán de destruir las vidas, los bienes materiales, las instituciones cívicas y a las militares, obra esforzada de décadas de historia, fortalecen mi ánimo, multiplican mi voluntad de luchar por el presente de tantos millones de chilenos que buscan paz, bienestar y amor para ellos y la patria».

El 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas y de carabineros echaron mano de todo este aparato conceptual proporcionado por quienes urdieron la trama civil del golpe. Fue el contraalmirante  Ismael Huerta, el 9 de octubre de 1973, como Ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet, quien lo hizo explícito en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Utilizando todos los argumentos ya citados, concluyó: «Después de las elecciones de marzo de año en curso y en cumplimiento de nuestro sagrado deber de preservar el régimen democrático, en múltiples oportunidades hicimos saber a quienes dirigían la marcha del país el peligrosísimo camino por el cuales se estaba conduciendo a Chile. Se nos respondía con promesas que nunca se cumplieron (…) mientras entraban en el país agitadores profesionales, armas y otros elementos de alto poder destructivo, con el preciso objeto de preparar el sangriento golpe de gracia a nuestro sistema democrático».

Así apareció el tercer elemento, el plan Zeta y el autogolpe. Bajo este principio se justificó la violación de los derechos humanos y el Estado de guerra interno: «Ellos o nosotros». Había que actuar primero impidiendo la masacre orquestada por los dirigentes de la Unidad Popular. Chile, plagado de terroristas internacionales, adiestrados por los cubanos, en un número según señala Pinochet, unas veces de 15 mil  y otras de 30 mil, con armas de grueso calibre, tenían la orden de actuar.  Existía, dijeron, un plan concebido para deshacerse de la oposición y miembros de las fuerzas armadas contrarios a la Unidad Popular. El autogolpe tendría lugar el 18 y 19 de septiembre de 1973. Hubo que adelantarse. Era necesario actuar, de lo contrario Chile caería en manos del comunismo internacional. La Junta Militar encargaría al historiador conservador Gonzalo Vial Correa la fabricación de las pruebas apócrifas con el fin de dar a conocer dicho plan Zeta y el autogolpe.

A fines de 1974 apareció el Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile. Su objetivo fue dar credibilidad a la existencia del plan Zeta, el autogolpe y la decisión de matar a los miembros relevantes de la oposición política. Por sus servicios, Vial Correa ocupó entre 1978 y 1979 el cargo de ministro de Educación de la dictadura.  Durante la redacción de la Comisión Rettig de la verdad, en 1990, donde participó  Vial Correa, se reconoció que fue una acción de propaganda en la cual se montaron las pruebas y se alteraron los hechos.

Chile 1973-2013

Nada del viejo sistema republicano, democrático y participativo, vigente en Chile por más  de medio siglo, quedó en pie. Como sucediese con los imperios coloniales, los conquistadores imponen su proyecto cultural de dominación política y explotación económica a sangre y fuego, arramplan con todo. Baste recordar el  genocidio y exterminio de los pueblos originarios de nuestra América. Sus tierras fueron expropiadas, sus mujeres violadas y su cultura  arrinconada y menospreciada bajo el mito de la superioridad étnico-racial. Las luchas de resistencia del pueblo mapuche se homologan y suman  al   grito de  dignidad,  sentido ético y restitución  de la verdad de lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973.

Hemos visto algunas de las razones del golpe militar: romper la institucionalidad, evitar la consolidación de la vía pacífica y democrática  al socialismo, asesinar a su presidente Salvador Allende e impedir que nunca más la izquierda pudiese ganar unas elecciones que pusiesen en peligro el desarrollo del capitalismo dependiente. Se hacía obligado transformar todo en medio de la guerra fría; demostrar que Chile se alzaría sobre las ruinas de una economía socialista fracasada y un estado paternalista.

Nadie quiere, así es la amnesia, vincular el Chile actual, orgullo de la  élite política de la Derecha y la Concertación,  a los mil 556 centros de tortura, detención y muerte, diseminados por todo el territorio, ni con el asesinato político de  2 mil 279 personas -reconocidas en el informe Rettig- a los cuales hay que agregar los detenidos, exonerados y torturados. Hay un pacto de traición. Sirva como ejemplo el comportamiento espurio de los dos ministros de Exteriores que actuaron de manera abierta en defensa del dictador, mientras se encontraba detenido en Londres por crímenes contra la humanidad. José Miguel Insulza, hoy secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), espetó: «defiendo al Senador Pinochet, no al ex-dictador».

¿Esquizofrenia? No. Juan Gabriel Valdes, su homólogo, precisó: «Si Pinochet se aleja de la vida política y los exámenes médicos confirman lo que han dicho los británicos, es muy probable que no tenga que afrontar juicios». Ambas declaraciones iban dirigidas a un sólo actor, las fuerzas armadas. Era la voz de la tranquilidad.  Asimismo se aprovechaba  la oportunidad para dirigirse a los militantes demócratacristianos que veían con escándalo la detención del tirano, amén de socialistas, radicales y otros socialdemócratas, a quienes repentinamente les sobrevino una pérdida de memoria. No olvidemos que, entre otros actos de ignominia de la Concertación, está la nominación como candidato a diputado de la «Concertación» de Federico Willoughby, primer portavoz de la Junta Militar, coautor del  plan Zeta, cuya elaboración  justificó el asesinato de militantes de la Unidad Popular bajo la excusa de que preparaban un autogolpe y el  ajusticiamiento de políticos, militares, gentes del arte y la cultura, desafectos al régimen «marxista». Patricio Aylwin, a las pocas semanas del golpe, pedía comprensión y entender a las fuerzas armadas en su labor de erradicar el cáncer marxista de raíz. Estas fueron sus palabras: «Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena al socialismo, que empujó y enarboló como bandera la Unidad Popular, y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada, y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Salvador Allende, y por eso ellos se aprestaban a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas y que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En esas circunstancias, pensamos que la acción de las fuerzas armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o una tiranía comunista». Aylwin, ya presidente, nombró a  Willoughby asesor personal. ¿Casualidad?

Otro pilar básico del actual régimen es  la Constitución de 1980,  engendro político y vergüenza para cualquier ciudadano que se considere demócrata. Chile se rige por un aparato legal nacido de las entrañas de la dictadura. Su élite política parece sentirse cómoda en sus articulados. La remoza para evitar la ignominia, creyendo que borrar  la firma  de Pinochet  y dejar en su lugar la de Ricardo Lagos,  es suficiente para olvidar su origen. Un insulto a la inteligencia. Tras de sí se esconden la ley binominal vigente, y sobre todo el carácter ideológico que le dio vida en 1980. Un referéndum espurio la aupó como «corazón del régimen», facilitando su institucionalización y borrando el carácter ilegítimo de sus «padres fundadores». Su mantenimiento condensa el sentido antidemocrático del actual sistema político que impera en Chile.

Es imposible de soslayar la falta absoluta de libertad de prensa, mecanismo básico para hablar de un régimen democrático. La crítica al «modelo» se convierte en una acción osada y temeraria. Poco a poco, las revistas y publicaciones que poblaban Chile a fines de los años ochenta fueron estranguladas en los años de la «Concertación». Baste recordar  la revista Análisis, pilar de la lucha democrática durante la dictadura, dirigida por Juan Pablo Cárdenas, y el escándalo que pervive, el secuestro del diario Clarín a partir del 11 de septiembre de 1973. Hoy, una sentencia del CIADE condena al Estado chileno, organismo del Banco Mundial, a pagar las costas del juicio a su legítimo propietario Victor Pey y negociar una indemnización con sus abogados. Chile se niega a  devolver las   instalaciones del viejo periódico a sus legítimos dueños, hoy en manos de  carabineros.  Esto muestra el compromiso de todos los partidos políticos, el poder ejecutivo, legislativo, judicial y contraloría general, con los dos grupos monopólicos que controlan la prensa en Chile, pertenecientes a los empresarios Agustín Edwards  (grupo Mercurio) y Alvaro Saich, (Copesa).

Y por último, ¿qué pasa con las fuerzas armadas? Salvo casos excepcionales, todos los encausados lo han sido por querellas particulares; la fiscalía del Estado no actúa o se inhibe. La amnistía de 1978 les da cobertura. No hay posibilidad de avanzar en la construcción de una sociedad democrática si los responsables de crímenes de lesa humanidad transitan por las calles de las  ciudades, sabedores que son inmunes a la justicia. Así, mantienen sus prerrogativas.  Baste como ejemplo que el actual Comandante en Jefe de las Fuerzas armadas, Juan Miguel Fuente-Alba, diga sin ruborizarse que se debe tener «una mirada humanitaria» con los miembros de las fuerzas armadas condenados por violación de los derechos humanos, dad su avanzada edad. No hay vergüenza y lo que es peor,  no se  pide la dimisión y manda a retiro.

La dictadura fue sustituida por una democracia tutelada. La Concertación, en sus cuatro mandatos, y la derecha pinochetista con uno, han dado continuidad al proyecto nacido en 1973: una economía neoliberal, apoyada por una democracia autoritaria. A cuarenta años del golpe de Estado, Chile vive  una farsa y una borrachera de poder, donde la amnesia y la infamia son pilares sobre los cuales se construye un relato épico e idílico que justifica el asesinato y la tortura, bajo el eslogan: «Chile modelo de democracia, libre mercado y éxito neoliberal». Se hace necesario liberar la conciencia, secuestrada por una clase política que prefiere la deshonra a la  dignidad. Ese es el dilema.

Artículo publicado en La Jornada en tres entregas. Publicadas las dos primeras  el domingo 1 y 8 de septiembre. Corregido y aumentado para Desinformémonos.

Publicado el 16 de septiembre de 2013