Foto: Rescate en alta mar a cargo de Médicos Sin Fronteras. (MSF/Anna Pantelia)
La Unión Europea sigue incumpliendo sus obligaciones internacionales en cuanto a la salvaguarda de la vida de las personas que atraviesan el Mediterráneo Central con el objetivo de llegar a Europa, así lo han denunciado hoy SOS MEDITERRANEE, Médicos Sin Fronteras y SEA-WATCH, las organizaciones sin ánimo de lucro que, presentes en la zona, apuntan a la negativa de los países miembros de desplegar servicios de búsqueda y rescate en el mar.
Y es que la ruta que une la costa Libia con los territorios comunitarios de Italia y Malta está siendo concurrida por miles de personas un verano más, solo en los últimos días, explican las organizaciones, 1.046 personas han sido rescatadas por el buque Geo Barents de Médicos Sin Fronteras junto al Ocean Viking fletado por SOS Mediterranee y operado en coordinación con la FICR (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). Los supervivientes viajaban en 16 embarcaciones. Otras cinco embarcaciones fueron rescatadas la semana anterior por parte del Sea-Watch 3, que pudo poner a salvo a 444 personas.
Las organizaciones denuncian que las vidas de estas personas que atraviesan “la ruta migratoria marítima más mortífera del mundo desde 2014” dependen de la presencia de iniciativas civiles pues los estados miembros se desentienden de sus responsabilidades legales en las aguas internacionales frente a Libia. A la retirada de los medios europeos de búsqueda y rescate, se suman los obstáculos que se plantean a los buques de salvamento de las organizaciones civiles a la hora de permitir el desembarco en puertos seguros.
Mientras la Unión Europea asume como política el abandono a su suerte de miles de personas en el mar, SOS MEDITERRANEE, Médicos Sin Fronteras y SEA-WATCH recuerdan una vez más la indiferencia de las autoridades libias cuando las contactan para desarrollar los rescates, “descuidando su obligación legal de coordinar la asistencia marítima”. En los casos en los que la flota del país actúa, alertan, lo hace para proceder a la devolución de las personas migrantes, contraviniendo la legalidad internacional pues, recuerdan, Libia no está considerado por las Naciones Unidas como un puerto seguro.
El pasado julio, MSF ya alertaba en su informe Un año del Geo Barents en el mar, de “la normalización de las políticas de disuasión y de no asistencia en el Mediterráneo central y del desmantelamiento del sistema de búsqueda y rescate en favor de las devoluciones forzosas”. Un marco que privilegia la acción de la Guarda Costera Libia, cuya intervención se traduce en la devolución de las personas migrantes a territorio libio donde, según los testimonios recopilados por la organización, las violencias físicas y el maltrato que sufren son masivos, cómo han podido documentar tanto MSF como otras organizaciones en los últimos años.
La constante negativa de Malta a recibir a los supervivientes rescatados por Geo Barents, y las cada vez más largas dilaciones en la respuesta desde Italia, dificultan la labor de un buque que en un año ha puesto a salvo a “3.138 personas y llevado a cabo 6.536 consultas médicas antes de desembarcar en un lugar seguro en Europa”. El informe recoge cómo, entre 2017 y 2021, fueron al menos 8.500 personas las que perdieron la vida o desaparecieron en la travesía por el Mediterráneo central. Mientras, 95.000 personas fueron retornadas a Libia. Precisamente fue el pasado año cuando pudo verse de manera más fehaciente la normalización de esta práctica con un importante incremento en las devoluciones forzosas, que afectaron a 32.425 personas.
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