El grito resuena en todo el continente. Se mezcla con el torrente de los ríos, vuela encima de las cordilleras, se interna en los vericuetos de las metrópolis y sigue andando más allá de los poblados. “Nos están matando”, se escucha una y otra vez en la inmensa geografía que va de las calles resistentes de Portland a la villas de Buenos Aires, de las ardientes de Bogotá a las favelas de Rio de Janeiro, pasando por las comunidades de Tila (Chiapas) y del Cauca colombiano. “Nos están matando”.

El brutal asesinato de un abogado en Bogotá, por el delito de violar la cuarentena para comprar alcohol, disparó la rabia contenida de las 55 masacres durante lo que va de 2020, sumadas a la desesperación de semanas de cuarentena, desocupación y hambre. En apenas tres días de revuelta, hubo 11 muertos reconocidos, 72 con heridas de bala y un reguero de balazos disparados por uniformados impunes para contener lo inevitable.

La rabia de jóvenes y jóvenas se llevó alrededor de 70 Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la Policía, 47 de ellos quemados y el resto destruidos. No es justicia, que no la habrá, sino rabia, bronca, enojo multiplicado por millones. No la habrá porque los crímenes de los policías pasan a la justicia militar, como sucedió con Dilan Cruz, asesinado en una manifestación pacífica de estudiantes en noviembre pasado.

Qué decir del Cauca, donde este año hubo ya cinco masacres y los paramilitares operan a sus anchas. El 11 de setiembre, Oliverio Conejo Sánchez, coordinador del Programa de Salud del Cabildo Indígena de Totoró, y su hija Emily de 22 años, fueron interceptados en la carretera y asesinados por pertenecer al Consejo Regional Indígena del Cauca, que enarbola el lema “Cuenten con nosotros para la Paz, nunca para la guerra” (https://bit.ly/3kdRI58).

En Chile el Ministerio del Interior informó que entre el 18 de marzo y el 7 de julio Carabineros y la Policía de Investigaciones detuvieron a 51.439 personas, a lo que debe sumarse las detenciones por toque de queda que son otras 43.157. Es casi el doble de todas las detenciones practicadas durante el periodo anterior, comprendido entre el 18 de octubre y el 18 de marzo, que afectaron a 27.432 personas y 2.431 por toque de queda, en plena revuelta con millones de personas en las calles.

Esto indica que aprovechan la pandemia para descerrajar una represión feroz sobre los sectores populares que resisten el modelo neoliberal. La “nueva normalidad” es más represión y violencia que, según los datos de la propia Fiscalía, se verifican mayoritariamente en las zona sur de Santiago, foco de concentración de pobreza, y en la zona centro, escenario de las movilizaciones.

En Argentina la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) viene denunciando una escalada represiva que se ha cobrado alrededor de cien víctimas durante la pandemia, bajo las modalidades de “gatillo fácil”, muertes bajo custodia policial y otras modalidades. Son 6.000 asesinados en “democracia”.

Luego de la asonada policial del 9 de setiembre, cuando los uniformados se manifestaron armas en mano frente a la quinta presidencial y la vivienda del gobernador de Buenos Aires, en una supuesta demanda de aumentos salariales que fue atendida por el gobierno de Alberto Fernández, la represión siguió creciendo en los barrios populares.

El relato de Miguela, pobladora de la villa Ciudad Oculta, que la Policía le mató a su hijo Damián en diciembre de 2019, lo dice todo: “La cosa está muy picante en el barrio, no dejan a la gente ni ir a comprar. El otro día agarraron a unos niños que iban al kiosko, los pararon, los tocaron por todo el cuerpo y les pusieron el arma en la cabeza. Uno de los chicos tenía tres años” (https://bit.ly/35yTr0N).

Un artículo aparecido esta semana en Le Monde Dilomatique, sobre la asonada policial, revela para qué está la policía: “De los 90.000 policías, alrededor de un 75% son suboficiales. Muchos de estos subordinados entienden que el trabajo de sus jefes es “recaudar”; así lo dicen: “un comisario es un recaudador” (https://bit.ly/3ivjSbg). Dicen que la violencia policial se incrementó porque ya no cuentan con los ingresos de la “caja negra”, porque sus negocios los frenó la pandemia. Bronca policial que pagan los pobres.

En Tila el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno denuncian el asesinato de un compañero, “cuando el grupo paramilitar Paz y Justicia junto con personas allegadas al Ayuntamiento municipal, atacaron con armas de grueso calibre a la población de Tila que, por acuerdo de la asamblea general, se dirigía a liberar los bloqueos que estos grupos habían instalado en los accesos a la cabecera del ejido para cercar a nuestro pueblo” (https://bit.ly/2ZDRxIC).

Como señala el periodista Hermann Bellinghausen: “Pueden cambiar los gobiernos, pero la guerra de contrainsurgencia en Chiapas contra los pueblos no termina, y a juzgar por los acontecimientos de los últimos meses en las montañas de los territorios mayas, en 2020 empeoró a una escala hace años no vista” (https://bit.ly/33sAVEM).

Mientras con una mano envían paramilitares contra los pueblos, con la otra, la Cuarta Transformación amenaza centros de derechos humanos, medios de comunicación y organismos civiles que se oponen al Tren Maya y a otros mega proyectos. Sus nombres quedarán grabados a fuego en la memoria popular, al igual que los asesinos de Emiliano Zapata. Los gobiernos duran menos, mucho menos que la memoria de abajo.

“Nos están matando”. Un genocidio recorre todos los rincones de nuestra América. Los pueblos resisten, resistimos. Como sucede en Bogotá, donde el CAI del barrio Suba-La Gaitana fue incendiado y sobre sus ruinas los vecinos crearon una biblioteca popular que bautizaron como “Nuevo Centro Cultural Julieth Ramírez”, el nombre de una joven de 18 años asesinada con disparos de arma de fuego el 9 de septiembre. Luego la policía tapó el rostro de la joven, empezando por sus ojos, todo un símbolo. Más tarde, los vecinos retornaron al lugar y reconstruyeron los daños (https://bit.ly/3hqWquF).