“No se detecta voluntad necesaria de parte del gobierno hondureño para acabar con la impunidad y la violencia hacia comunidades indígenas, ambientales y defensores de Derechos Humanos” concluyó la Misión Internacional Justicia para Berta Cáceres que culminó su visita a Honduras y rindió su primer informe sobre la situación.

Los integrantes de la Misión Internacional, que contó con la participación de 14 representantes expertos en Derechos Humanos, entre parlamentarios y activistas, provenientes de 9 países de América Latina y Europa, concluyeron además que “No hay motivos legales para seguir restringiendo la libertad de Gustavo Castro Soto, ya que al ser el único testigo del asesinato de Berta Cáceres, su vida corre peligro al permanecer en Honduras”.

Otras de sus conclusiones son que el sistema de protección a defensores de derechos humanos no funciona, ya que fracasaron en la protección de la vida y la integridad de Berta Cáceres al incumplir las medidas cautelares con las que Berta contaba.  Al igual ocurrió con crímenes anteriores, lo cual confirma la desconfianza internacional sobre la capacidad efectiva del Estado hondureño para acabar con los asesinatos, las violaciones a los DH y la impunidad de la que se benefician los responsables.

“Hay lentitud en la investigación y no hay claridad en la información”, dijo también uno de los miembros de la Misión Internacional.

El agravamiento de la criminalización del COPINH, organización a la que pertenecía la líder ambientalista asesinada,  ratifica la presunta existencia de la vinculación entre la empresa DESA y los intereses financieros que dan soporte al proyecto de Agua Zarca con los poderes del Estado comentaron los expertos.

Por último, consideran en su informe,  que Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de Derechos Humanos, que se observa una falta de independencia del sistema judicial así como la debilidad del estado de derecho, los cuales se agravan desde 2009 cuando ocurrió el golpe de Estado. Esto se manifiesta en una desconfianza generalizada de la sociedad hacia las instituciones de justicia y  los cuerpos de seguridad.

Durante la Rueda de prensa, se destacó que el gobierno hondureño se ha caracterizado por la falta de transparencia y claridad sobre el caso de Berta Cáceres. De hecho, la Misión Internacional, recogió la petición del COPINH que manifestó su respaldo a la demanda de una investigación independiente, con la participación de organismos internacionales de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).