Managua, Nicaragua. Para imponer la actividad de las empresas transnacionales en los territorios indígenas en Nicaragua, el gobierno se vale de la sustitución y corrupción de autoridades tradicionales y de la represión directa a los opositores. “El orteguismo puede ser el inicio de una nueva dictadura en Nicaragua”, señala Mónica Baltodano, dirigente del Movimiento por el Rescate del Sandinismo y excomandanta guerrillera.

Los pueblos indígenas y afrodescendientes gozan de dos regiones autónomas (una en el norte y otra en el sur), pero las leyes que los protegen son insuficientes. Hay casos donde los Consejos Regionales permiten la explotación minera y petrolera, a pesar de abierta oposición de comunidades, minando la tierra y la economía de los más pobres.

El triángulo minero

El municipio Bonanza se encuentra a unas 10 horas de viaje -en su mayor parte por carreteras de terracería- desde Managua. Es el último de los tres municipios que forman el llamado “triángulo minero”: Siuna, Rosita y Bonanza. La fiebre por el oro tiene ya casi un siglo de dar rumbo a la vida económica y social de las comunidades en esta zona de Nicaragua. Las últimas décadas, cuando la minería dejó de ser “artesanal”, se produjo gran contaminación de sus ríos y cerros.  El mercurio que usan los mineros artesanales contamina las aguas, y la actual minería industrial y su contaminación con cianuro y metales pesados aumentan el peligro para la vida y el medio ambiente.

En Siuna sólo quedan las grandes presas de cola, todavía llenas de residuos de las minas industriales. Lo mismo ocurre en Rosita. Estas dos pequeñas ciudades ya tuvieron su “auge” económico; vieron la inmigración de miles de personas de la costa pacífica buscando prosperidad como trabajadores de las minas, vieron sus ríos contaminados y la muerte de sus peces. Los mayagnas, el pueblo indígena de la zona, se desplazó cada vez más hacía la selva. Ahora sólo permanece la pobreza en Siuna y Rosita. Algunos mineros artesanales siguen buscando el oro que la empresa minera no se llevó. Las decenas de cantinas y hospedajes, con paredes cubiertas de polvo, adornan las calles principales de ambos municipios como testigos de la época ya pasada.

La minería artesanal tiene larga tradición en Nicaragua, pero las empresas transnacionales que hoy reciben las concesiones se llevan todo. El incremento en el  precio del oro en el mercado internacional aumentó el interés en la explotación. En Bonanza opera la minera Hemco -de origen canadiense, pero que recientemente fue comprada por la empresa colombiana Mineros A.S.-, con grandes concesiones de exploración y de explotación a cielo abierto.

Estatutos de autonomía insuficientes 

La situación en Bonanza ejemplifica los problemas y contradicciones que enfrentan los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua hoy en día.  El municipio es parte de la Región Autónoma Atlántica del Norte (RAAN). La RAAN y la RAAS (Región Autónoma Atlántica del Sur) tienen una superficie territorial de casi 60 mil kilómetros cuadrados, lo que implica más del 45 por ciento del territorio nacional. Ambas regiones autónomas se crearon por ley en 1987, como parte del proceso de reconciliación entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y los pueblos originarios y afrodescendientes, quienes en la lucha para defender su autonomía llegaron a formar parte de distintos grupos opositores a los sandinistas, como Misura, Misurasata o Arde, conocidas como “La Contra”.  Los líderes de La Contra fueron manipulados por los intereses geopolíticos y militares de los Estados Unidos en la región, y con entrenamiento y armamento norteamericano, cometieron grandes atrocidades contra la población civil en los años ochenta. Pero también el FSLN cometió atrocidades. Los desalojos forzosos de pueblos miskitos todavía forman parte de la memoria colectiva de las comunidades. Muchos niños perdieron su idioma a causa del desplazamiento.

Gobiernos territoriales

Bonanza está ubicado en la entrada a la reserva natural Bosawas, la segunda más importante en América Latina después del Amazonas. La profunda selva de Bosawasy es donde los pueblos mayagnas hoy luchan para defender a la madre tierra y la continuación de su propia vida como pueblos. En teoría su situación debe estar resuelta. Dentro de RAAN y RAAS, como fruto de la larga lucha de los pueblos indígenas, se inició en el 2003 un proceso de demarcación de tierras con base en la ley 445. Se crearon los Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI) para controlar los territorios demarcados y los recursos naturales. Ya se crearon 17 “territorios”, y faltan sólo cinco más para concluir el proceso.

El primer territorio declarado, el de Mayagna Sauni As, inicia justo en Bonanza. Son los Consejos Regionales y los Gobiernos Territoriales Indígenas los responsables de autorizar o negar las entradas  de megaproyectos en los territorios indigenas autónomos. De posibles impuestos generados por extracción de minerales o recursos dentro de sus límites, 25 por ciento se debe trasladar al Gobierno Territorial, y 25 por ciento al Gobierno Regional. Según las leyes estipuladas, esto garantiza que las comunidades puedan controlar la entrada de megaproyectos extractivos a sus bosques y gozar de recursos económicos derivados de los recursos naturales de sus territorios.

En la actualidad, sin embargo, la autonomía indígena está viciada por los intereses económicos y políticos del poder. Mónica Baltodano, excombatiente del FSLN y ahora integrante del partido Movimiento por el Rescate del Sandinismo, explica que “el estatuto de autonomía fue insuficiente. No permitió que las comunidades tengan un control real de sus recursos naturales. Por eso después de dos periodos de gobierno sandinista, las grandes empresas toman posesión de los recursos. El estatuto es bandera que no tiene una aplicación y cumplimiento real en la práctica”.

La ley 445 es criticada por dividir a las comunidades indígenas en territorios que antes no existían y por permitir que nuevas autoridades, más fácilmente controladas por el poder, sustituyan a las formas de autoridad más antiguas de las mismas comunidades. En algunos casos, las demarcaciones se efectuan con alta velocidad, dejando fuera de los territorios demarcados zonas en donde posteriormente entran los megaproyectos, como fue el casi de la hidroeléctrica Tumarin, en la RAAS: queda fuera del territorio demarcado como indígena, y los pueblos pierden herramientas legales para exigir el cese del proyecto, aunque seque los ríos que abastecen de agua y peces a muchas comunidades.

El síndico comunitario de la comunidad mayagna Musawas, ubicada a unas tres horas de caminata dentro de la reserva Bosawas, explica: “Con los GTI tratan de sustituir el sistema de autoridad comunitaria. Quieren que la gente escuche sólo a los del GTI, pero ellos no son del pueblo. Nos dividen para arrodillarnos”. En RAAS y el RAAN, los GTI suelen ser organismos politizados, al igual que los Consejos Regionales. Hay ejemplos donde la autoridad es usurpada por candidatos promovidos por el FSLN, en abierta oposición a los líderes de las comunidades. Asesinatos impunes de comunitarios o muertes por causas dudosas, que apenas se difunden en la prensa nacional, indican la gravedad de estos conflictos. Hay casos donde los Consejos Regionales permiten la explotación minera y petrolera, a pesar de abierta oposición de comunidades. Muchos han puesto los ojos en la región y quieren una mordida de las riquezas que guardan las verdes montañas en la RAAN. Hay minerales, oro, petróleo y grandes recursos hidricos.

En Bonanza, la resistencia contra la mina Hemco está debilitada. Donde la minería tiene larga tradición, la lucha se vuelve difícil y solitaria. Pocas son las organizaciones que se acercan a solidarizarse con los pueblos mayagnas a esta zona de difícil acceso. Pero la situación es alarmante: el presidente del gobierno comunal de Sacalwas, aledaña a Bonanza, cuenta que hace dos años tuvieron que dejar de bañarse en los ríos y comer sus pescados. Se enfermaban demasiado.

Musawas y Sacalwas son dos de las 18 comunidades que forman parte del Territorio Mayagna Sauni As. A la par de la contaminación de la minera Hemco, las comunidades se ven amenazadas por la entrada de “colonos” a la zona de amortiguamiento de la reserva Bosawas. Los colonos, que son mestizos que vienen del Pacífico a buscar fortuna en la selva, “no son pobres con necesidad como nosotros. Vienen con mucho ganado y tumban los árboles. Usan dinamita y asustan a los animales silvestres. Son los ex-alcaldes del FSLN quienes los protegen y les facilitan el traslado a nuestro territorio”, explica el síndico de Musawas. Aunque la ley de demarcación demanda que el gobierno central ofrezca alternativas a los colonos para reubicarlos, las comunidades están solas ante la situación. En el territorio Mayagna Sauni As varias personas han perdido la vida en esta lucha. En marzo de 2013, un comunitario fue ultimado a balazos por los colonos mientras realizaba un patrullaje en el bosque. La impunidad impera:  “El FSLN recibe votos de los colonos, por eso no mueven ni un dedo”, explica el síndico.

Represión en Santo Domingo Chontales

También fuera de las regiones autónomas, las comunidades enfrentan la política neoliberal del orteguismo. Empresas mineras tienen concesionado más de 11 por ciento del territorio nacional. En su mayor parte son mineras canadienses, como la B2Gold, las que van a explotar. A diferencia de los países vecinos, la minería tiene larga historia en Nicaragua; en muchas comunidades, la minería artesanal se ha realizado durante tres generaciones o más. Ahora, las concesiones que tienen las empresas transnacionales amenazan la actividad económica y la salud de estas comunidades.

Santo Domingo, Chontales tiene alrededor de 18 mil habitantes. La mayor parte de la población económicamente activa se dedica a la micro-minería artesanal, pero ahora la B2Gold recibió concesiones de explotación de oro a cielo abierto de grandes extensiones de territorio, y la ley le obliga ceder sólo uno por ciento del terreno a los mineros nativos. Con la explotación, todas las familias son despojadas de su sustento económico, además de las graves afectaciones que causará al medio ambiente. La minera tiene también autorización para cortar cerca de 40 mil árboles para preparar el terreno.

“La minería artesanal es lo único que sabemos hacer”, relata Álvaro Cabrera, líder del Grupo Cafetal, que se mantiene en oposición a la megaminería. “Además, aquí nacen los ríos que abastecen a las comunidades de la RAAS de agua. El cianuro contaminará a muchas comunidades”. Junto con otros grupos, El Cafetal se levantó en resistencia pacífica desde septiembre de 2012. Las familias pusieron una barricada en la entrada del municipio para denunciar las violaciones a sus derechos e impedir el saqueo. Los comunitarios sólo negaron el paso a los mineros de la B2Gold; otras personas pudieron cruzar libremente.

El gobierno orteguista llegó a negociar. Cooptó líderes para que dejaran de protestar, cuentan varios integrantes del grupo Cafetal. Tres grupos abandonaron la resistencia, mientras El Cafetal, Salvemos Santo Domingo y un grupo más continuaron en una paciente resistencia pacífica que duró 105 días.  Pero el 9 de febrero de 2013 entraron cerca de mil efectivos antimotines con orden gubernamental. Con brutal violencia, hiriendo a más de cien personas con golpes, gases y balas, desalojaron la barricada. También se llevaron detenidos a 50 mineros, mientras otros tuvieron que huir a las montañas. Quedaron 14 presos detenidos en Juigalpa, mientras otros doce fueron trasladados a la cárcel conocida como “El Chipote” en Managua, lugar donde el dictador Somoza llevaba a los presos políticos para ser torturados y asesinados. Hoy, las mismas celdas se utilizan para presos de alta peligrosidad.

La tendencia represiva que se ve en los países vecinos con gobiernos de extrema derecha, como es el caso del gobierno militar de Otto Pérez Molina en Guatemala, el gobierno golpista hondureño o el mismo Enrique Peña Nieto en México, se reproduce en Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional -o el orteguismo- criminaliza a las comunidades que defienden su territorio.

La dictadura del orteguismo

“Se ve como si Daniel Ortega fuera parte de un movimiento transformador, ya que anda coqueteando con Chávez, con Ecuador, o con Bolivia, pero nunca ha sido tan fuerte el capitalismo en Nicaragua. El FSLN de hoy gobierna en alianza con el gran capital transnacional. Aquí no hay en lo absoluto un proyecto socialista”, explica Mónica Baltodano.

El Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MRS) y otros colectivos y movimientos sociales tuvieron como consigna en la marcha del pasado primero de mayo: “Sí a la democracia, no a la dictadura”. Baltodano explica que “las dictaduras sangrientas que conocimos en los setentas, como la de Somoza, no comenzaron siendo sangrientas. Fue en un proceso de defensa del poder que se volvieron así. Por eso nosotros advertimos que el orteguismo puede ser el inicio de una nueva dictadura en Nicaragua. Hay control total de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, de la Asamblea, de todas las municipalidades, de la policía, del ejército, de las organizaciones populares. Todas las organizaciones construidas por la revolución están totalmente dominadas”. La militante del MRS señala que “por eso no hay lucha por el salario, contra las represas, o contra las transnacionales. Aquí todas las políticas fondo-monetaristas neoliberales se implementan sin ninguna resistencia popular, porque las organizaciones están compradas por el orteguismo. ¿Eso no es dictadura? Y para los que disentimos hay una virtual persecución y aplicación de políticas de carácter estalinista, con chantaje y presiones. No hay muchos presos todavía, pero nosotros decimos que si todavía no hay tanta represión abierta como en los países vecinos, es porque todavía no hay mucha lucha. En la medida que haya lucha, sí vendrá la represión”.

Publicado el 10 de junio de 2013.